Curso: El euro

42. Las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, el Caribe y Colombia (4)

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La adhesión de Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido abrió el debate, hasta entonces obviado por influencia francesa, sobre las relaciones externas de la Comunidad, centrándolo en la propuesta británica de globalizar la política de cooperación con los PVD que concernía a la ubicación de la Comunidad en el mundo. Esta preocupación quedó recogida en las Actas de la Cumbre de 1972 en París, que inauguró la dimensión mundialista de la cooperación para sintonizar el aumento de la influencia de la CEE tras la ampliación con su presencia internacional.

Tras el fracaso del primer diálogo, los países de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana, CECLA, trataron de definir una política común resumida en la Declaración de Buenos Aires de 1970 con la que se propuso oficialmente a la comisión la institucionalización del diálogo. Esta instó al Consejo a convocar una conferencia interministerial que acabó reducida a una reunión entre los embajadores de América Latina, la comisión y el comité de representantes permanentes de los Estados miembros de la CEE,  COREPER.

La primera declaración común definió las líneas directrices de la negociación priorizando la búsqueda de soluciones a los problemas comerciales con fórmulas preferenciales para aumentar y diversificar los intercambios. Estas reuniones continuaron con periodicidad irregular hasta 1979, año en que se interrumpieron por la incorporación de Cuba al Grupo Latinoaméricano de embajadores ante la CEE, (GRULA).

En 1976 se creó el Sistema Económico Latinoamericano, SELA, uno de cuyos objetivos era la coordinación de la posición de sus miembros en los círculos internacionales. El SELA mantuvo posturas combativas frente a la política comercial comunitaria y llegó a plantear la necesidad de arbitrar medidas coordinadas de tratamiento simétrico al proteccionismo que aplicaba la CEE.

Abriendo vías de acercamiento, Bogotá vio nacer en 1974 las Conferencias entre representantes del Parlamento Europeo  y parlamentarios de los Estados latinoamericanos. Estas continuaron celebrándose bianualmente y aunque su trascendencia práctica fue escasa, debido al limitado poder de decisión de la institución parlamentaria europea, sirvieron para despertar una sensibilidad favorable a los problemas latinoaméricanos especialmente entre fuerzas políticas afines.

Los cuatro primeros acuerdos comerciales bilaterales firmados entre la CEE y países de América Latina se negociaron durante el primer lustro de la década: el primero con Argentina en 1971 y dos años más tarde con Uruguay, sólo cuatro meses antes que el celebrado con Brasil en 1974. Estos tres acuerdos tienen casi idéntico contenido, limitado a las materias previstas expresamente en los artículos 111 y 113 del TCEE. El cuarto, firmado con México en julio de 1975, anunciaba un nuevo tipo de convenio más ambicioso, dirigido al conjunto de países no asociados que a pesar de no ofrecer cambios cualitativos de contenido material, sí mejoraba aspectos institucionales. Se trataba de acuerdos no preferenciales con el tratamiento de la nación más favorecida, regla general del GATT que disfrutan todos sus miembros.

Dado el escaso alcance de los acuerdos, la regulación multilateral continuó siendo la base principal de las transacciones comerciales, aunque matizada por la condición de PVD de las economías latinoamericanas y las políticas proteccionistas. En noviembre de 1970, en respuesta a la Declaración de Buenos Aires, el Consejo aprobó un reglamento acelerando algunas concesiones resultantes de las negociaciones de la Ronda Kennedy y, posteriormente, las negociaciones de la Ronda Tokio (1974-1979) consiguieron algunos progresos. Al mismo tiempo, siete países latinoamericanos optaron por negociar acuerdos de autolimitación voluntaria del textil en lugar de coordinar sus posiciones; con la crisis del sector siderúrgico se llegó a nuevos acuerdos de autolimitación, inducidos por la Comunidad mediante un uso muy severo de la regulación antidumping y antisubvenciones, y siguieron las limitaciones en los productos artesanos e incluso materias primas como carne de cordero y cabra o la mandioca. Al no tratar de contribuir al incremento de los intercambios sino de restringirlos, estos acuerdos se planteaban como una medida provisional y transitoria, pero con tendencia a la perpetuación en la práctica a través de sucesivas reconducciones y con el agravante de que se aplicaban frente a cualquier competidor sin considerar su nivel de desarrollo.

En sentido opuesto, la Comunidad puso en vigor, a partir de julio de 1971, el Sistema de Preferencias Generalizadas SGP, con objeto de permitir un aumento de los ingresos por importación de los PVD y el fortalecimiento de su industria, tal y como había sido recomendado por la UNCTAD. Con el tiempo se constató que los PVD de mayor desarrollo eran los que más aprovechaban el sistema; Brasil, México y Argentina eran los únicos países latinoamericanos que figuraban entre los 10 principales beneficiarios. La burocratización, la poca transparencia y la falta de previsibilidad del sistema dificultó su aplicación.