En Francia la ley del 5 de enero de 1988, que se refiere a la represión del fraude informático, es la que parece aplicable a la difusión de virus.

En Francia según esta ley, el autor de un virus, al difundirlo, es considerado responsable de un acto de malevolencia, y es pasible de una pena de 3 meses a 3 años de prisión y de 400 a 100.000 dólares de multa. Esto es válido así haya actuado con o sin mala intención.

Una empresa de servicios o un distribuidor que transmita un virus a uno de sus clientes es considerada cívicamente responsable y puede ser condenado a pagar daños y perjuicios.