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Capýtulo 11:

 Instituciones de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia

El Tribunal de Justicia está compuesto por veintisiete Jueces y ocho Abogados Generales. Los Jueces y los Abogados Generales son designados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros, previa consulta a un comité encargado de emitir un dictamen sobre la idoneidad de los candidatos propuestos para el ejercicio de las funciones de que se trate. Su mandato es de seis años con posibilidad de renovación. Se eligen entre personalidades que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio, en sus países respectivos, de las más altas funciones jurisdiccionales o sean jurisconsultos de reconocida competencia


Los Jueces del Tribunal de Justicia eligen de entre ellos al Presidente por un período de tres años renovable. El Presidente dirige los trabajos del Tribunal de Justicia y preside las vistas y deliberaciones en las formaciones más numerosas del Tribunal.

Los Abogados Generales asisten al Tribunal de Justicia. Están encargados de presentar, con toda imparcialidad e independencia, un dictamen jurídico (las conclusiones) en los asuntos que se les asignen.

El Secretario del Tribunal de Justicia es también Secretario General de la institución, cuyos servicios dirige bajo la autoridad del Presidente del Tribunal.


El Tribunal de Justicia puede reunirse en Pleno, en Gran Sala (trece Jueces) o en Salas de cinco o tres Jueces. El Tribunal de Justicia actúa en Pleno en casos excepcionales previstos en su Estatuto (en particular, cuando deba destituir al Defensor del Pueblo o declarar el cese de un Comisario europeo que haya incumplido sus obligaciones) y cuando considere que un asunto reviste una importancia excepcional. Se reúne en Gran Sala cuando así lo solicita un Estado miembro o una institución que sea parte en el procedimiento, y para los asuntos particularmente complejos o importantes. El resto de los asuntos se examinan en Salas de cinco o tres Jueces. Los Presidentes de las Salas de cinco Jueces son elegidos por tres años y los de las Salas de tres Jueces por un año.

Para llevar a cabo las tareas que tiene encomendadas, se han atribuido al Tribunal de Justicia competencias jurisdiccionales estrictamente definidas, que ejerce en el marco del procedimiento de remisión prejudicial y de las distintas categorías de recursos.

Esquema del procedimiento.

Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
Recursos directos y recursos de casación Cuestiones prejudiciales
Fase escrita
Escrito de recurso
Notificación del recurso al demandado por el Secretario
Publicación de la comunicación del recurso en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie C)
[Medidas provisionales]
[Intervención]
Escrito de contestación
[Excepción de inadmisibilidad]
[Réplica y dúplica]
[Solicitud del beneficio de justicia gratuita]
Designación del Juez Ponente y del Abogado General
Resolución de remisión del órgano jurisdiccional nacional
Traducción a todas las lenguas oficiales de la Unión Europea
Publicación de las cuestiones prejudiciales en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie C)
Notificación a las partes, a los Estados miembros, a las instituciones de la Unión, a los Estados del EEE 
y al Órgano de Vigilancia de la AELC
Observaciones escritas de las partes, de los Estados y de las instituciones
Elaboración del informe preliminar por el Juez Ponente
Reunión general de los Jueces y Abogados Generales
Atribución del asunto a una de las formaciones del Tribunal de Justicia
[Diligencias de prueba]
Fase oral
[Vista; informe para la vista]
[Conclusiones del Abogado General]
Deliberación de los Jueces
Sentencia

Las actuaciones facultativas del procedimiento se indican entre corchetes.
En negrita se indican los documentos accesibles al público
(*) Lengua de procedimiento

 Para construir Europa, los Estados miembros (actualmente veintisiete) suscribieron los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, posteriormente de la Unión Europea, que cuentan con instituciones facultadas para adoptar normas jurídicas en ámbitos concretos.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es la institución jurisdiccional de la Unión y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA). Está integrado por tres órganos: el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y el Tribunal de la Función Pública. Su principal tarea consiste en controlar la legalidad de los actos de la Unión y garantizar la interpretación y aplicación uniformes del Derecho de ésta.

A través de su jurisprudencia, el Tribunal de Justicia ha establecido la obligación de las administraciones y de los órganos jurisdiccionales nacionales de aplicar plenamente el Derecho de la Unión dentro de su esfera competencial y de proteger los derechos que éste otorga a los ciudadanos (aplicación directa del Derecho de la Unión), descartando para ello cualquier disposición contraria del Derecho nacional, ya sea anterior o posterior a la norma de la Unión (primacía del Derecho de la Unión sobre el Derecho nacional).


El Tribunal de Justicia también ha reconocido el principio de la responsabilidad de los Estados miembros en caso de incumplimiento del Derecho de la Unión que, por una parte, refuerza de forma decisiva la protección de los derechos que las normas de la Unión otorgan a los particulares y, por otra, contribuye a que los Estados miembros ejecuten dichas normas con mayor diligencia. Las infracciones que éstos cometan pueden, por tanto, generar obligaciones de indemnización, que en algunos casos tendrán graves consecuencias para sus erarios públicos. Por otra parte, todo incumplimiento del Derecho de la Unión por parte de un Estado miembro puede ser objeto de un recurso ante el Tribunal de Justicia y, en caso de que no se ejecute una sentencia en la que se declare tal incumplimiento, dicho Tribunal está facultado para imponer al Estado miembro una multa coercitiva o el pago de una suma a tanto alzado. No obstante, en caso de que no se hayan comunicado a la Comisión las medidas tomadas para la adaptación del Derecho interno a una directiva, el Tribunal de Justicia, a propuesta de la Comisión, podrá imponer una sanción pecuniaria a un Estado miembro en la primera sentencia por incumplimiento.

El Tribunal de Justicia también colabora con los órganos jurisdiccionales nacionales, que son los jueces ordinarios encargados de aplicar el Derecho de la Unión. Cualquier juez nacional ante el que se plantee un litigio relativo al Derecho de la Unión puede, y en ocasiones debe, someter al Tribunal de Justicia las correspondientes cuestiones prejudiciales. El Tribunal de Justicia tiene entonces ocasión de dar su interpretación de una norma de Derecho de la Unión o de controlar su legalidad.
La evolución de su jurisprudencia ilustra la contribución del Tribunal de Justicia a la creación de un espacio jurídico para los ciudadanos mediante la protección de los derechos que la normativa de la Unión les reconoce en los distintos aspectos de su vida cotidiana.

El Tribunal de Justicia, al declarar que los derechos fundamentales forman parte de los principios generales del derecho cuyo respeto garantiza, ha contribuido a elevar los niveles de protección de estos derechos. A este respecto, se inspira en las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros y en los instrumentos internacionales relativos a la protección de los derechos humanos con los que los Estados miembros han cooperado o a los que se han adherido, en especial el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Tribunal de Justicia podrá aplicar e interpretar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, a la cual el Tratado de Lisboa otorga el mismo valor jurídico que a los Tratados.


En Irlanda del Norte, tras producirse numerosos atentados terroristas contra policías, se estableció que las fuerzas de policía irían armadas. No obstante, por razones de seguridad pública (basándose en una certificación expedida por el ministerio competente e inatacable ante las autoridades judiciales nacionales), no se autorizó el uso de armas a las mujeres que trabajaban en la policía. Como consecuencia de ello, la policía de Irlanda del Norte no volvió a contratar a tiempo completo a ninguna mujer. A raíz de la cuestión planteada por un órgano jurisdiccional del Reino Unido, el Tribunal de Justicia decidió que el principio del control jurisdiccional efectivo, que se reconoce a cualquier persona que estime haber sufrido una discriminación por razón de sexo, se opone a que se excluya toda posibilidad de control por parte de un juez de una certificación emitida por una autoridad nacional (sentencia Johnston, 1986).

En cuanto a la ciudadanía de la Unión, que según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se reconoce a toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro, el Tribunal de Justicia ha confirmado que ésta implica el derecho de residencia en el territorio de otro Estado miembro. De esta forma, un menor de edad nacional de un Estado miembro, titular de un seguro de enfermedad adecuado y que dispone de recursos suficientes, también goza de tal derecho de residencia. El Tribunal de Justicia subrayó que el Derecho comunitario no exige que sea el propio menor el que posea los recursos necesarios y que la negativa a conceder al mismo tiempo el derecho de residencia a su madre, nacional de un Estado tercero, privaría de todo efecto útil al derecho de residencia del niño (sentencia Zhu y Chen, 2004).


En la misma sentencia, el Tribunal de Justicia precisó que, incluso en el supuesto de que la adquisición de la nacionalidad de un Estado miembro tenga como finalidad obtener un permiso de residencia en virtud del Derecho comunitario para el nacional de un Estado tercero, un Estado miembro no puede limitar los efectos de la atribución de la nacionalidad de otro Estado miembro.

El Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia garantizarán, en el marco de sus respectivas competencias, el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación del presente Tratado.


Además, podrán agregarse al Tribunal de Primera Instancia, en las condiciones establecidas en el artículo 225 A, salas jurisdiccionales para que ejerzan, en determinados ámbitos específicos, competencias jurisdiccionales previstas en el presente Tratado" (artículo 220 del Tratado CE).

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas es el encargado de velar por el cumplimiento de la legislación europea.

Junto a este Tribunal, en 1989 se creó "el Tribunal de Primera Instancia", que depende de áquel, y que se pronuncia en los casos de recursos directos presentados por los particulares y por los Estados miembros, no reservados al Tribunal de Justicia.

En el año 2004 se crea el Tribunal de la Función Pública que ejerce en primera instancia las competencias para resolver los litigios de la Función Pública Europea.

Está compuesto por 27 jueces (uno por cada Estado miembro) y 8 Abogados generales nombrados de común acuerdo por los Estados miembros por un período de 6 años entre juristas que acrediten independencia y competencia. Los jueces eligen entre ellos un Presidente por un período renovable de 3 años.

Su misión es garantizar la aplicación de los Tratados y el resto del ordenamiento comunitario resolviendo los siguientes tipos de recursos:

      Recurso de incumplimiento. Que se interpone por la Comisión o por otro Estado miembro y va dirigido a controlar el cumplimiento por parte de los Estados miembros de las obligaciones impuestas por el Derecho comunitario.

      Recurso de anulación. Que se interpone por los Estados miembros, las Instituciones comunitarias (Parlamento, Consejo y Comisión) o por un particular y se dirige a solicitar la anulación de un acto (Reglamento, Directiva, Decisión) de una Institución.

       Recurso de omisión. Ante la falta de acción de las Instituciones mediante este recurso se requiere a las Instituciones comunitarias la adopción de medidas para poner fin a la omisión.

       Recurso de casación. Que se envía contra las sentencias del Tribunal de Primera Instancia.

      Cuestión prejudicial. Se plantea cuando un Tribunal nacional de un    Estado miembro solicita el pronunciamiento del Tribunal de Justiticia de las Comunidades Europeas acerca de la interpretación del Derecho comunitario a fin de comprobar, por ejemplo, la conformidad de la normativa nacional con este Derecho.


Con sede en Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas está compuesto por un juez de cada país de la UE, asistido por ocho abogados generales. Es completamente independiente y asegura que la legislación de la UE es comprendida e interpretada de la misma manera en todos los Estados miembros a lo largo de la Unión Europea. En particular, los tribunales de los Estados miembros deben referir casos al Tribunal para dirimir cuando la legislación nacional y comunitaria entren en conflicto. También se le llama para arbitrar las disputas entre las diferentes instituciones de la UE y los Estados miembros.

Destacadas decisiones del Tribunal, en los últimos años, han reforzado la dimensión europea de las leyes en el medioambiente, la protección al consumidor, el empleo, y el libre movimiento de bienes y servicios entre las fronteras interiores de la Unión. El Tribunal está por tanto desempeñando un papel cada vez más importante al pasar cada vez más legilación a través del sistema  que afecta a los ciudadanos.

Cualquier ciudadano u organización europea puede llevar un caso ante el Tribunal, si concierne a un acto legal que les afecte directamente. El Tribunal de Primera Instancia fue establecido en 1989.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (a menudo denominado simplemente "el Tribunal"), fue creado en 1952 en virtud del Tratado CECA.

Su trabajo es garantizar que la legislación de la UE se interprete y se aplique del mismo modo en todos los países de la UE, a fin de que la ley sea igual para todos. Asegura, por ejemplo, que los tribunales nacionales no dicten sentencias distintas sobre la misma cuestión.

El Tribunal también garantiza que los Estados miembros y las instituciones de la UE cumplan la ley. Tiene poder para resolver conflictos legales entre Estados miembros, instituciones de la UE, empresas y particulares.

Para ayudar al Tribunal a hacer frente al gran número de casos sobre los que debe entender, y ofrecer a los ciudadanos una mejor protección legal, en 1988 se creó un "Tribunal de Primera Instancia". El Tribunal de Primera Instancia depende del Tribunal de Justicia, y es competente para pronunciarse en determinados tipos de asuntos, particularmente demandas presentadas por particulares, empresas y algunas organizaciones, y asuntos de competencia.

       El Tribunal de la Función Pública de la Unión Europearesuelve litigios entre la Unión Europea y sus agentes. Este tribunal está integrado por siete jueces y depende del Tribunal de Primera Instancia.

      Cada uno de los Tribunales tiene un presidente, elegido por los jueces por un período de tres años renovable. Vassilios Skouris, de Grecia, fue elegido Presidente del Tribunal de Justicia en 2003. Marc Jaeger es actualmente el Presidente del Tribunal de Primera Instancia. Paul J. Mahoney es el Presidente del Tribunal de la Función Pública desde 2005.

      El Tribunal de la UE dicta sentencias sobre los casos que se le plantean. Los cinco tipos más comunes de casos son:

1.    Cuestiones prejudiciales.

2.    Recurso por incumplimiento.

3.    Recurso de anulación.

4.    Recurso por omisión.

5.    Recurso para la reparación de daños.

      A continuación se explica cada uno con más detalle:

1. Cuestiones prejudiciales.

      Los tribunales de cada país de la UE son responsables de garantizar que el Derecho de la UE se aplique correctamente en ese país, pero existe el riesgo de que los tribunales de distintos países interpreten la legislación de la UE de maneras distintas.

      Para impedir que esto suceda, existe un "procedimiento prejudicial". Esto significa que, si un tribunal nacional tiene cualquier duda sobre la interpretación o validez de una norma de la UE, puede, y a veces debe, recabar la opinión del Tribunal de Justicia, que se emite en forma de "cuestión prejudicial".

2. Recurso por incumplimiento.

      La Comisión puede iniciar este procedimiento si tiene razones para creer que un Estado miembro no cumple sus obligaciones conforme a la normativa de la UE. El procedimiento pueden también ser iniciado por otro Estado miembro.

      En cualquier caso, el Tribunal investiga las alegaciones y dicta su sentencia. En caso de que se demuestre que el Estado miembro acusado es culpable, éste deberá aplicar medidas correctoras inmediatamente. Si el Tribunal constata que el Estado miembro no ha cumplido la sentencia, podrá imponer una multa a ese país.

3.  Recurso de anulación.

      Si un Estado miembro, el Consejo, la Comisión o (en determinadas condiciones) el Parlamento, opinan que una norma concreta de la UE es ilegal, pueden pedir al Tribunal que la anule.

      Estos "recursos de anulación" pueden también ser utilizados por particulares que desean que el Tribunal derogue una norma concreta que les afecta directa y desfavorablemente.

      Si el Tribunal considera que la norma en cuestión no se adoptó correctamente o no se basa correctamente en los Tratados, puede declararla nula y sin efecto.

4.  Recurso por omisión.

      El Tratado exige que el Parlamento, el Consejo y la Comisión tomen determinadas decisiones en determinadas circunstancias. Si no lo hacen, los Estados miembros, las otras instituciones comunitarias y (en determinadas condiciones) los particulares o empresas, pueden presentar una denuncia ante el Tribunal para que esta omisión quede registrada oficialmente.

5. Recurso para la reparación de daños.

Cualquier persona o empresa que haya sufrido daños como resultado de la acción u omisión de la Comunidad o de sus agentes puede presentar un recurso para la reparación de los daños ante el Tribunal de Primera Instancia.

La organización del trabajo del Tribunal se realiza del siguiente modo.   Los casos se presentan en el registro y se les asigna un juez y un abogado general.

El procedimiento sigue dos etapas: primero la escrita y luego la oral.

En la primera etapa, todas las partes implicadas presentan declaraciones escritas y el juez asignado al caso redacta un informe que resume estas declaraciones y el fundamento jurídico del caso.

La segunda etapa es la audiencia pública. Dependiendo de la importancia o complejidad del caso, la audiencia puede celebrarse ante cámaras de tres, cinco o trece jueces, o ante el Tribunal en pleno. En la audiencia, los abogados de las partes exponen sus razones ante los jueces y el abogado general, que pueden plantearles preguntas. El abogado general expone luego sus conclusiones, tras lo cual los jueces deliberan y sentencian.

      Las sentencias del Tribunal son decididas por mayoría y pronunciadas en audiencia pública. Los votos particulares no se explican.

      Desde 2003, los abogados generales dan una opinión sobre un asunto sólo si el Tribunal considera que un asunto concreto plantea una nueva cuestión de Derecho. El Tribunal no sigue necesariamente la opinión del abogado general.

      Las sentencias del Tribunal se deciden por mayoría y se pronuncian en audiencia pública. Los votos particulares no se explican. Las decisiones se publican en el día de la fecha de la sentencia.

      El procedimiento en el Tribunal de Primera Instancia es similar, exceptuando el que no existe la opinión de un abogado general.

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