Es una de las formas de extinguir el CAS, pero que estimo debe ser convenientemente reglamentado, a fin de evitar situaciones arbitrarias durante el proceso de renovación de los mismos.

La normativa laboral y la jurisprudencia judicial y constitucional han seguido una línea uniforme, al prohibir la terminación de la relación laboral de modo libre, caprichoso e injustificado por parte del empleador estatal o privado. Ello con el propósito de evitar acciones irracionales e injustas en contra de los trabajadores; conducta empresarial que resulta impropio en un Estado de Derecho.

Esta es una de las causas que generarán mayores conflictos, dado que la renovación o no de estos contratos, generalmente, se hacen sobre la base de la simpatía o no con el contratado, la amistad o cercanía entre el decisor y su entorno con el contratado. No obedece a un estudio técnico y planificado de las necesidades reales de la prestación de estos servicios.

Por tanto, quienes en nombre del Estado están, por ahora, al frente de la gestión pública, tienen el imperativo moral y ético de actuar con sinceridad, ponderación y razonabilidad en este proceso de renovación contractual, buscando el beneficio del Servicio a la Nación que es el fin de la función pública; actuando con rectitud, honradez y honestidad procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenida por sí o por interpósita persona. En síntesis, es un deber de todo funcionario actuar en todos los actos con probidad; pues, una actuación contraria conlleva quebrantar los principios y deberes éticos contenidos en el Artículo 6º de la Ley Nº 27815.