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Capítulo 6:

 Subordinación y trabajo no autónomo

La subordinación es unos de los elementos de toda relación de trabajo no autónomo, en virtud del cual el trabajador presta sus servicios bajo la dirección de su empleador, quien tiene facultades para normar y reglamentar las tareas, labores y/o actividades; dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas; y sancionar disciplinariamente dentro de los límites de proporcionalidad y razonabilidad, la infracción e incumplimiento de las obligaciones.

Entonces, a partir del momento que el servidor o trabajador en persona y bajo dependencia realiza su labor a favor del empleador, es que el Derecho del Trabajo acude en su protección. El trabajador, con motivo de su trabajo ajeno, se convierte en acreedor de derechos que su contraparte -el empleador- tendrá que honrarlo como deudor de dicha relación contractual de trabajo.

Colin expresaba: "Por subordinación jurídica entiéndase un estado de dependencia real, producido por un derecho, el derecho del empleador de dirigir, de dar órdenes, de donde surge la obligación correlativa del empleado de someterse a esas órdenes; tratándose de un derecho general de fiscalizar la actividad de otro, de interrumpirla o hacerla cesar a voluntad, de trazar sus límites, sin que sea necesario controlar continuamente el valor técnicos de los trabajos efectuado. Dirección y fiscalización, tales son los dos polos de la subordinación jurídica."

En el empleo público esta subordinación y dirección se expresa en los siguientes hechos: Poder del empleador estatal de limitar la actuación de las personas, en forma general, a través del Reglamento de Organización y Funciones y, en forma específica, en el Manual de Organización y Funciones, en los cuales se describen las competencias, relaciones funcionales, tareas, labores y/o actividades que deben desarrollar cada uno de los integrantes de la organización estatal.

Así también, ese poder se manifiesta cuando se establecen la forma de ejecución de tales tareas y/o actividades, es decir de cómo y en que momento hacerlas, las mismas que se especifican, detallan y describen en los instructivos técnico, manuales de procedimientos y de procesos de gestión, cartas técnicas, flujo gramas, memorandum y hojas de trabajo, entre otros documentos de gestión institucional.

El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona. El trabajo, en sus diversas modalidades y que obviamente incluye a los SNP y a los CAS, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan.

Los artículos 22°, 23°, 24º y 29° de la Constitución Política establecen derechos y obligaciones fundamentales en materia laboral, bajo cuyo manto protector se encuentran inmersos los contratos de trabajo y los CAS (antes los SNP). Por mandato Constitucional, el Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento.

El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual. El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador. Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores. El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación.

En consecuencia, el trabajador para ser considerado como parte esencial del contrato de trabajo, debe desarrollar las actividades y tareas convenidas bajo dependencia (subordinación) y de manera personalísima en beneficio de otro, el empleador, que puede ser cualquiera, siempre que esté regulado por ley.

Como lo afirma el jurista español Manuel Alonso García, en su Curso del Derecho de Trabajo, "la condición del status de trabajador no es una realidad antecedente, sino que sigue a la celebración del contrato; vale decir, cuando ha nacido la relación laboral".

Es aquí donde la concepción jurídica de trabajo adopta todo su esplendor; por la impregnación personalísima de la prestación que solo el trabajo humano ajeno puede brindar, ya que una empresa, corporación, asociación, animal, etc., no podría tener la calificación de trabajador, strictu sensu.

El Tribunal Constitucional peruano, en los Exp. Nos. 00380-2006-PA/TC y 01944-2002-AA/TC, con relación al principio de primacía de la realidad, que es un elemento implícito en nuestro ordenamiento jurídico y, concretamente, impuesto por la propia naturaleza tuitiva de nuestra Constitución, ha precisado que mediante este principio, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. En tal virtud, el TC afirmó, teniendo a la vista boletas de pago, que quedó demostrado que entre las partes hubo una relación de naturaleza laboral, ya que la emplazada asumió las obligaciones propias de un empleador, como es la de retener, de la remuneración del trabajador, las aportaciones para la seguridad social. Asimismo, con los roles de servicios de personal, se acredita que el demandante, desde que ingresó a trabajar al servicio de la emplazada, estuvo sujeto a una jornada y un horario de trabajo previamente predeterminada por su empleador.

Por lo tanto, concluyó el TC que habiéndose determinado que el demandante al margen de lo consignado en el texto de los contratos de servicios no personales suscritos por las partes ha desempeñado labores en forma subordinada y permanente, es de aplicación el principio de la primacía de la realidad, en virtud del cual queda establecido que entre las partes ha habido una relación de naturaleza laboral y no civil; por lo que la entidad pública emplazada, al haber despedido al demandante sin haberle expresado la existencia de una causa justa relacionada con su capacidad o conducta laboral, que justifique dicha decisión, ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo, pues lo ha despedido arbitrariamente.

De otro lado, la subordinación importa obediencia y como lo señala el laboralista Carlos Blancas Bustamante "constituye la principal obligación del trabajador, de allí que la desobediencia a las disposiciones y órdenes del empleador o sus representantes es la falta más grave que pueda cometer éste". Entonces, la obediencia no es otra cosa que cumplir las órdenes que imparta el superior jerárquico competente, en la medida que reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la realización de actos de servicios que se vinculen con las funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad que deberán ponerse en conocimiento de la superioridad.

De tal manera que no se trata de una obediencia ciega a cualquier orden superior; sino de aquella que importa cumplimiento del deber. Si se tratan de ordenes ilegales, arbitrarias o irregulares, es deber del obligado advertirlas fundamentadamente a su superior, bajo constancia.

Como lo anota el catedrático español Manuel Alonso Olea, citando a Kant y Hegel, "la obediencia limitada a lo debido por la razón del oficio distingue al trabajador libre del siervo."

El personal que labora en el Sector Publico debe cumplir sus funciones con honestidad, diligencia y rectitud; están en la obligación moral de actuar con honestidad para mantener y ampliar la confianza del público en ellos. No debe estar subordinado a la utilidad o ventaja personal. Tienen que actuar con diligencia, vale decir, cumplir con el servicio oportuno y con el debido cuidado, observando las normas éticas que regulan el accionar de las entidades publicas. Debe mostrar rectitud en sus actos y decisiones, los que deben estar en armonía con los verdaderos principios y la sana razón

En términos generales, la obediencia, a decir del doctor Víctor García Toma, destacado constitucionalista y ejemplar Presidente del Tribunal Constitucional: "... es esencial para el adecuado funcionamiento de la sociedad política, a efectos de evitar el caos, el desorden o la anarquía coexistencial que rompe con la coherencia y cohesión de ella. Es evidente que la ausencia de obediencia a las disposiciones políticas y jurídicas haría prácticamente inviable la existencia y continuidad histórica del cuerpo político. En ese sentido un sistema de autoridad-obediencia constituye una exigencia inexcusable de la vida existencial y comunitaria."

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