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Los sistemas económicos

Autor: Jorge Marcelo Ferro
Curso:
|716 alumnos|Fecha publicación: 09/03/2006
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Capítulo 1:

 Bases y principios de las organizaciones sociales


En la búsqueda de una explicación a la formación y mantenimiento de sociedades estables se siguen las teorías del sociólogo Max Weber, para quien " ... la sociedad contemporánea se basaría en una legitimidad de carácter legal en mérito a lo establecido positivamente, descansando sobre ella el tipo de dominación que es racional, legal y burocrático. Resultando característico de la moderna sociedad capitalista, la conformación de cuadros burocráticos en la administración de todos los estamentos de la sociedad ".

Este tipo de organización social moderna contrasta con las que espontáneamente conformaban los pueblos primitivos, donde las acciones individuales de su gente, estaban legitimadas por creencias racionales con arreglo a valores absolutos de carácter moral y religioso.

Esas características de los hombres y las sociedades primitivas se constituyeron en factor importante para frenar, a veces, los intentos de dominación externa, y otras veces, para atemperar las dominaciones que debieron soportar.

Sería discutible sostener que las conductas individuales de los seres humanos han cambiado "per se" desde los tiempos antiguos a la actualidad, pasando de ser "acciones racionales con arreglo a valores absolutos", a ser "acciones racionales con arreglo a fines" (esto según la tipología de Max Weber).

Lo que es indiscutible, es el efecto de retroalimentación que opera entre el ser humano y la sociedad. La sociedad condiciona las conductas individuales de los hombres, y éstos, a su vez, promueven las formaciones y cambios de estructuras sociales.

Ese vínculo de causa y efecto recíproco, entre hombre y sociedad, tiene dos vías de legitimación; una, que va del propio individuo hacia las estructuras sociales a las que pertenece; y la otra, que va desde la estructura social hacia los individuos que la componen. Y ocurre que: cuando las instituciones no legitiman las acciones individuales de un determinado sector o estamento social y lo margina, es porque a su vez esas instituciones no están legitimadas por ese sector o estamento al que margina. Y para estos casos, tan frecuentes por estos tiempos, caben dos soluciones: O se modifica el funcionamiento de las instituciones, o se obliga a que los individuos modifiquen sus acciones. Lo primero es siempre posible, ya que el orden natural y la teoría de la "democracia" establece que las instituciones deberían ser modeladas en función de las necesidades de los hombres, y no a viceversa. La segunda opción no será factible -sin conflicto-, si las conductas individuales que se quiera modificar, estuvieran fundadas en valores absolutos.

Las naciones modernas como la Argentina, supuestamente estarían integradas y articuladas políticamente sobre la base del concepto "federal", el cual en teoría responde a la voluntad solidaria de unión de las "provincias" o "estados", manifestada por los grupos humanos que pueblan sus territorios. Esa voluntad y acción de unión solidaria está basada en un "valor absoluto" antes que en un "interés", prueba de ello es que la voluntad de unión persiste, aun ante situaciones que evidentemente lesionan los intereses regionales. De esta manera: así como el ordenamiento político tiende a cohesionar a la  "nación", el orden económico  tiende a disgregarla. Y eso sucede porque los ordenamientos económicos están fundados sobre intereses que además no son comunes a todos  los integrantes de la "nación". Al respecto cabe la cita de Cicerón: "... y la justicia es nula cuando descansa en los intereses y no en la Naturaleza; porque lo que un interés crea, otro interés lo destruye. ( De Legibus, libro.I )".

Surge entonces que el ordenamiento social no debería ser consecuencia de una puja de intereses, pues ello se traduce, en el mejor de los casos, en beneficio de algunos en desmedro de otros; y cuando no: en el desmejoramiento de todos como en los casos de guerra.

En definitiva, todo ordenamiento económico y social debería basarse en los principios que emanan del valor absoluto de "justicia", valor supuestamente compartido por todos los miembros de la sociedad.

El "Principio de autodeterminación de los pueblos", tantas veces proclamado como frecuentemente ignorado, tiene un precedente jurídico notable en el Derecho Romano. El "ius gentium" ("derecho de gentes"), era aplicado en las regiones conquistadas, sometidas y organizadas en "provincias" (del latín: "pro vincias": literal "para los vencidos") bajo el dominio romano. El "derecho de gentes" establecía, en forma explícita, dos áreas de competencia: una dada por la normativa del propio "ius gentium" estaba sometida a las leyes del imperio; y la otra: "ius naturalis", consagraba como derecho natural "la libre determinación de los pueblos" en aquellas cuestiones reconocidas como privativas de los mismos.

Se entiende que el precedente citado es notable, por estar confirmado por hechos históricos que involucraron a un protagonista singularísimo: Nuestro Señor Jesucristo.

Así, Poncio Pilatos,  quien -como juez- estaba obligado por la norma del "ius gentium" a revisar toda sentencia de "pena capital" que fuera impuesta por el pueblo de la provincia, no pudo encontrar -durante el proceso a Jesucristo- la norma legal que le permitiera revocar un fallo que le molestaba por injusto. Y terminó manifestando su disconformidad personal y su impotencia legal, con el simbólico acto de lavarse las manos.

Por su parte Nuestro Señor Jesucristo había legitimado la ley romana que obligaba a pagar  impuestos. Sucedió cuando a la pregunta formulada por quienes los debían pagar, respondió: "Dad al César los que es del César...".  Dejando en claro que el goce del derecho de usar la moneda romana, otorgaba legitimidad a la ley que obligaba a pagar los impuestos con esa misma moneda.

Estos ejemplos hacen resaltar que; el principio de autodeterminación de los pueblos fue y es una constante presente en las organizaciones  sociales humanas de todos los tiempos. Y que el dominio de cualquier pueblo, sólo sería posible, en forma estable y sustentable, cuando el poder dominante está legitimado por la sociedad a la cual se le aplica ese dominio.

El "Principio de eficacia de la acción federal" establece que toda acción federal debe ser eficaz. La "eficacia" consiste en que toda acción debe traducirse en efectos favorables, o al menos neutros, para todas las estructuras sociales que dependen de ese poder federal.

La efectiva aplicación de este principio asegura el progreso continuo del estado de bienestar global de una nación. En efecto, si el gobierno de esa nación estuviera impedido  de realizar acción alguna que perjudique a una provincia o estado (aunque favorezca a otras), cualquier acción que realice será beneficiosa para algunos y al menos neutra para todos los otros. Esto mismo se puede hacer extensivo a las acciones federales de una provincia o estado hacia sus organismos dependientes (distritos o partidos); y también de esos distritos hacia sus municipios dependientes;  de estos últimos hacia sus barrios, y de los barrios hacia las familias. Esa vía de acción federal, así estructurada, aseguraría la legitimidad de todas sus acciones, a través del reconocimiento como tal, por parte de los seres humanos que componen la sociedad.

Capítulo siguiente - Criterios y metodología

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