La actual preocupación por la situación de los sistemas públicos de protección social en Europa se refleja en dos documentos del Consejo de la Unión Europea. Por un lado, la Decisión de 12 de julio de 2005 relativa a las Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros (2005/600/CE) señala en su Directriz nº 18 que los estados miembros deben "promover un enfoque del trabajo basado en el ciclo de vida mediante: .../... -- la modernización de los sistemas de protección social, incluidas las pensiones y la asistencia sanitaria,...".

Igualmente, señala en su Directriz nº 21 que los estados deben "promover la flexibilidad combinada con la seguridad del empleo y reducir la segmentación del mercado de trabajo, prestando la debida atención al papel de los interlocutores sociales, mediante: .../... -- el fomento y la difusión de métodos de organización del trabajo adaptables e innovadores, con el fin de mejorar la calidad y la productividad laboral, lo que incluye la salud y la seguridad".

Por otro lado, la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2005 relativa a las orientaciones generales de las políticas económicas de los Estados miembros y la Comunidad (2005-2008) (2005/601/CE) señala dentro de su sección A: Políticas macroeconómicas para el crecimiento y el empleo, en su Directriz nº2, que"para salvaguardar la sostenibilidad económica y fiscal como base para el aumento del empleo los Estados miembros deberían, ante los costes previstos del envejecimiento demográfico: .../... 2. Reformar y reforzar los sistemas de pensiones, seguridad social y asistencia sanitaria garantizando que sean financieramente viables, socialmente adecuados y accesibles.".

            Se pide pues, "modernizar los sistemas de protección social", conectando la salud y seguridad en el trabajo con los métodos de organización del mismo. Y también se pide "reformar y reforzar los sistemas de pensiones, seguridad social y asistencia sanitaria", en aras de la salvaguarda de la sostenibilidad económica y fiscal.

            Ante estas peticiones del Consejo de la Unión Europea, nos corresponde ahora hacer unas breves reflexiones sobre uno de los pilares sobre los que se fundamenta la protección social, en este caso de los trabajadores, cual es el sistema de las mutuas patronales en España, y su equivalente alemán, las Berufsgenossenschaften, y su papel en el campo de la salud y seguridad en el trabajo, por un lado, y como agentes gestores de recursos económicos y prestadores de asistencia sanitaria, por otro.

Tales reflexiones deben iniciarse necesariamente con una aproximación a la definición de las mutuas patronales españolas, ó Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, de acuerdo con su denominación legal, y que son "asociaciones de empresarios, debidamente autorizadas por el Ministerio de Trabajo..., constituidas con el objeto de colaborar, bajo la dirección y tutela de dicho Ministerio, en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del personal a su servicio, sin ánimo de lucro, con sujeción a las normas vigentes y con la responsabilidad mancomunada de sus miembros" (Real decreto 1993/1995, de 7 de diciembre).

De esta definición, así como del resto de la norma citada, se desprenden algunas características de las mutuas patronales españolas que merecen destacarse. Así, como funciones generales se les atribuye la prestación sanitaria y el pago de prestaciones económicas en caso de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, funciones que han ido incrementándose paulatinamente hasta abarcar el ámbito de la enfermedad común y de la prevención de riesgos laborales.

Junto a sus funciones, entre sus elementos configuradores destacaremos aspectos tales como la voluntariedad de la asociación, la ausencia de lucro, la exención tributaria, la responsabilidad de sus asociados, la posibilidad de disponer de servicios sanitarios y recuperadores propios así como de servicios preventivos propios; el c ontrol de su régimen económico-administrativo y la limitación de gastos de administración, y la previsión legal sobre sus órganos de gobierno y de participación.

Interesa ahora, una vez delimitados los perfiles de las mutuas patronales españolas, analizar en primer lugar su papel en el campo de la salud y seguridad en el trabajo, centrándonos en algunos a spectos determinantes a tal efecto, como son su sistema de gobierno (modelo patronal vs. modelo paritario), el carácter de sus miembros (modelo multisectorial vs. modelo especializado), ó la actividad preventiva desarrollada (modelo lucrativo vs. modelo de gestión preventiva). En segundo lugar, corresponde  analizar su papel como agentes gestores de recursos económicos y prestadores de asistencia sanitaria, para lo cual atenderemos a indicadores tales como la gestión económica (modelo de gestión del gasto vs. modelo de gestión del resultado), y la imbricación en el sistema sanitario (modelo de sanidad privada vs. modelo de servicio público de salud).