Finalmente, se hace constar que, actualmente, en el Gobierno Central coexisten  principalmente tres regímenes de contratación de personal, además de las atípicas modalidades como son prácticas pre profesionales y del SECIGRA: El de los designados, nombrados y contratados bajo el régimen laboral público (Decreto Legislativo N° 276); el de los contratados a plazo indeterminado o fijo bajo el régimen laboral privado (Decreto Legislativo N° 728); y. el de los contratados por servicios no personales hoy denominados CAS.  A ello debe agregarse las contrataciones con Empresas o Services, medio por la cual también se produce la tercerización de algunas otras funciones y labores públicas. Estos regímenes se sujetan a principios, criterios y normas disímiles entre sí.

El régimen laboral público, de naturaleza estatutaria, reglado por la Ley de la Carrera Administrativa. El Laboral Privado, de naturaleza contractual, por disposiciones del derecho laboral de la actividad privada. El contractual civil por servicios no personales -que no está regulado expresamente- por el Código Civil, pero sí por la normatividad presupuestaria y de contratación del Abastecimiento estatal de bienes y servicios, hoy regulada por el Decreto Legislativo Nº 1057 bajo la denominación de Contratos Administrativos de Servicios-CAS que si bien la propia ley los excluye de los contratos de trabajo, paradójicamente les reconoce beneficios sociales, por cierto diminutos, pero que encajan dentro de las típicas condiciones de una real relación laboral.

Sin embargo, en estos diversos e impropios regímenes contractuales las funciones o tareas públicas son similares, así se le de el nombre o denominación que se les quiera dar. La primacía de la realidad impone reunificar y reordenar la prestación de servicios personales y laborales en el Sector Público, a la que se debe acceder por el mérito, la experiencia y la calificación curricular.