El incumplimiento de la obligación de la que trata el párrafo anterior también dará lugar a la imposición de una multa a la sociedad por importe de 200 mil a 10 millones de pesetas (1.202,02 " a 60.101,21 ") para cada año de retraso, por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, previa instrucción de expediente conforme el procedimiento establecido reglamentariamente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La sanción a imponer se determinará atendiendo a la dimensión de la sociedad, en función del importe total de las partidas del activo y su cifra de ventas, referidos ambos datos al último ejercicio declarado a la Administración Tributaria. Estos datos deberán ser facilitados al instructor por la sociedad; su incumplimiento se considerará a los efectos de la determinación de la sanción.

En el supuesto de no disponer de dichos datos, la cuantía de la sanción se fijará de acuerdo con su cifra de capital social, que a tal efecto se solicitará del Registro Mercantil correspondiente.

En el supuesto de que los documentos hubiesen sido depositados con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador,  la sanción se impondrá en su grado mínimo y reducida en un cincuenta por ciento. (Art. 221 de la LSA, nueva redacción dada por la DA. Segunda de la LSRL).

El plazo de prescripción es de 3 años desde el momento en que se extinguió el tiempo marcado para el cumplimiento de la obligación por los Administradores, sin que por su parte se hubiese procedido a efectuar el depósito obligatorio, es decir, el plazo de prescripción empieza a correr un mes después de la aprobación de las Cuentas.