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Capýtulo 13:

 Regla de exclusión probatoria. argumentos a favor

A continuación se expondrán las reglas a favor de la exclusión probatoria:  

1) Tutela de las garantías constitucionales  

Por definición la regla de exclusión significa la inaprovechabilidad de la prueba obtenida en violación de una garantía constitucional; es decir que la prueba ilegal tutela en definitiva a todas las garantías que consagra la Constitución Nacional.  

Por ende, el primer argumento que justifica la conveniencia de la aplicación de la regla de exclusión radica precisamente en proteger las garantías vulneradas. De nada sirve la consagración de las garantías tanto en nuestra Carta Magna como en tratados internacionales sobre Derechos Humanos que gozan de garantías constitucionales, si luego podrían hacerse valer en el proceso penal los elementos de prueba logrados a partir del quebrantamiento de algunas garantías. (Edwards, op.cit, p.52).    

En ese sentido se afirma que los defensores de la regla de exclusión de prueba obtenida en transgresión a garantías constitucionales sostienen naturalmente, que esa exclusión es un imperativo constitucional. Argumentan que es un régimen donde se consagran derechos fundamentales de los ciudadanos ante una violación de tales derechos la respuesta no puede limitarse a sancionar al oficial de policía responsable de esa violación. Limitar la respuesta estatal a eso y al mismo tiempo aprovechar la prueba ilegítimamente obtenida implicaría algo así como “vaciar de contenido” a la garantía de que se trate. (Carrió, 1989, p.4).  

2) Prohibición de emplear medios ilícitos  

Toda la tarea investigativa tendiente a recopilar los elementos de prueba debe efectuarse de manera transparente, es decir, respetando las garantías que la Constitución Nacional consagra a favor del imputado; esa labor de compilar la prueba los investigadores no pueden valerse de ningún medio ilícito que implique violentar una garantía constitucional y, paralelamente, contaminar al proceso penal, con una prueba obtenida ilegalmente; la ilicitud del medio empleado radicará precisamente en no haberse cumplimentado lo que determina la garantía constitucional; así en un allanamiento sin contar con la correspondiente orden judicial. En este sentido, la regla de exclusión vendría a jugar como una especie de estímulo para desalentar el empleo de medios ilícitos durante la investigación de un delito, ya que la prueba lograda esas circunstancias carece de todo valor jurídico. Desde otra perspectiva, la no aplicación de medios ilícitos en la investigación criminal implica una verdadero comportamiento por parte del Estado, por un lado, descartar que el fin (en nuestro caso determinar la existencia de un delito y su autor) puede justificar la aplicación de cualquier medio, aún los ilícitos por otro, que el Estado, en la persecución penal de ninguna manera pueda beneficiarse de una ilicitud. (Edwards, op.cit, p.56).    

3) Efecto disuasorio   Consiste en evitar las prácticas abusivas por parte de los investigadores en la tarea de recopilar la prueba. Tiene un objetivo trascendente: desalentar los abusos funcionales en la investigación de delitos. El mecanismo disuasorio operaría de la siguiente manera: si el investigador sabe que si obtiene una prueba violando una garantía constitucional, la misma no podría ser aprovechada en el proceso penal para el futuro, tanto él como sus colegas observarán la ley en su labor de recopilar la prueba respetando las garantías constitucionales, a fin de que su tarea tenga valor en el procedimiento penal. Si la consecuencia de la prueba ilegal es excluir del proceso aquella prueba obtenida en violación de una garantía constitucional no tiene lógica continuar logrando pruebas de manera ilícita, ya que las mismas no tendrían eficacia jurídica alguna. Es la función docente que cumple la regla de exclusión para con los operadores del sistema penal tanto investigadores como fiscales y también jueces que deben procurar la trasparencia del proceso penal. El efecto disuasorio también pretende lograr una ejemplaridad en las conductas, concientizar a los investigadores sobre la innecesariedad de obtener pruebas de manera ilegal, al carecer de valor probatorio. (Edwards, op.cit, págs.59-60).    

Una efectiva forma de garantía contra los abusos cometidos en la actividad de búsqueda de prueba, está representado por la valoración procesal negativa, ya que el saber que la prueba obtenida mediante un acto ilegítimo no podrá ser usada para probar la culpabilidad del indagado, hace perder al sujeto ejecutor todo incentivo en separarse de la disciplina dictada por la ley para su actividad. (Minville, p. 40).  

4) Insuficiencia de sancionar el abuso  

Una de las alternativas que ofrece el tema de la ilegalidad probatoria consiste en que en el supuesto de obtener una prueba violentando una garantía constitucional, la solución radicaría en sancionar al investigador que cometa el abuso pero manteniendo la validez de los elementos de prueba logrado en esas circunstancias. Es decir que la cuestión se limitaría únicamente a sancionar al funcionario que violó la garantía constitucional, pero la prueba lograda será plenamente aprovechable en el proceso penal; así por ejemplo, si se practica un allanamiento sin orden judicial, y si se secuestra algún objeto, se deberá sancionar al investigador por el delito de violación de domicilio, pero el secuestro efectuado tendrá validez probatoria, Surge entonces el interrogante de si dicha sanción es suficiente a fin de darle respuesta a la problemática de la regla de exclusión. Resultaría por ende insuficiente con sancionar solamente el abuso y aprovechar la prueba obtenida si nos limitáramos solamente a ello, las garantías constitucionales no tendrían verdadera tutela, que es otro de los argumentos que legitima la regla de exclusión. Si únicamente sancionara la violación de domicilio, que operatividad concreta y práctica tendría la garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio; para que ésta garantía no se convierta en una entelequia, no sólo se debe castigar la violación domiciliaria, sino también prescindir de la prueba obtenida en esas ilícitas condiciones. (Edwards, op.cit, págs.61-62).    

4) Es preferible la impunidad  

La inaprovechabilidad de la prueba obtenida de manera ilegal implica una consecuencia lógica; que esa prueba no servirá para acreditar ni la existencia del hecho delictivo ni la eventual responsabilidad penal del imputado; es decir que ese delito no podrá ser sancionado penalmente. Entre las dos alternativas, es decir aprovechar la prueba y castigar el delito o privarla de efecto jurídico y consagrar la impunidad de ese hecho, la regla de la exclusión opta por la segunda. Obviamente el fundamento de esa elección por la impunidad radica en que se quebrantó una garantía constitucional; teniendo en consideración la importancia que tiene nuestro sistema penal el respeto por las garantías que consagra nuestra Carta magna, es que se debe recurrir a esta extrema solución: la impunidad del delito. Esta preferencia por la impunidad es otro argumento que justifica plenamente la aplicación de la regla de exclusión. Dicha preferencia está subyacente en todos los fallos que receptan a la regla de exclusión; efectivamente cada vez que los tribunales invalidan una prueba obtenida de forma ilegal y absuelven al imputado están optando a favor de la impunidad del delito. En realidad la preferencia por la impunidad del delito es la “sanción” que el ordenamiento jurídico impone cuando se obtiene una prueba violando una garantía constitucional; la impunidad del delito es el “costo” por la obtención ilegal de las pruebas en el proceso penal. (Edwards, op.cit, págs.64-66).  

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