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Capýtulo 14:

 Regla de exclusión probatoria. argumentos en contra

Se tienen como argumentos en contra de la regla de exclusión probatoria, los siguientes:  

1) Un delito no justifica otro delito  

La dinámica de la regla de exclusión implica necesariamente, la violación de una garantía constitucional; a su vez esta violación configura un delito por parte del investigador que la quebranto, tipificando algunos de los delitos del Código Penal; así si se violentó la garantía de inviolabilidad de domicilio subsumiría en la figura penal de la violación de domicilio. Los críticos de la regla de exclusión probatoria utilizan la tipificación de estos delitos para plantear esta ecuación: el delito que surge del abuso funcional no puede justificar el delito que se está investigando. Es decir que el delito cometido por el investigador no transforma en lícito el delito que se investiga. Lo que la regla de exclusión probatoria nos plantea es simplemente declarar ilegal aquella prueba obtenida en violación a una garantía constitucional. La tenencia de estupefaciente o de un arma de fuego, seguirá siendo un delito, pero la prueba obtenida en esas ilícitas circunstancias no serán aprovechable en el proceso penal. Es decir, que la regla de exclusión no produce ninguna conversión, sino que cada cosa sigue siendo lo que es pero con un agregado; la prueba ilegal no tendrá validez; la consecuencia de esa invalidez, que será la impunidad del delito, no debe confundirse con su licitud, estaremos siempre ante un delito, aunque no podrá ser castigado. (Edwards, op.cit, p.67).    

2) Costo social  

Otro argumento que invocan los detractores de la regla de exclusión radica en el supuesto “alto precio” que debe pagar la sociedad al liberar un delincuente por la aplicación de ésta regla. Es decir, por un mero tecnicismo procesal un peligroso delincuente puede recuperar su libertad; y éste segundo argumento de la crítica de la regla de exclusión también se encuentra profundamente enraizado en la opinión pública, alarman a la comunidad cuando se produce la liberación de algún imputado por la invalidez en la obtención de la prueba, del peligro social que ello significa con una ignorancia total de lo que significa las garantías constitucionales y de las pruebas obtenidas a partir de su violación. Sin embargo, este argumento es más efectivista que real por dos razones:

En primer lugar porque no existen, dos intereses contrapuestos, el interés de la sociedad de castigar un delito y los intereses del imputado a que se respeten sus garantías fundamentales, sino que ambos deben complementarse; además se habla de un alto costo social, ello implica que es más importante castigar el delito que respetar los derechos del imputado y como se señaló estos dos intereses no están en pugna, sino que deben equilibrarse armónicamente. Si se trata de pagar costos, resultaría un precio muy alto el que tendrá que pagar la sociedad si privilegia la obtención ilegal de la prueba sobre las garantías del imputado, ya que ello supondrá concretar el antiético de que el fin justifica cualquier medio.

En segundo término tampoco es correcto que el “alto precio” que implica la aplicación de la regla de exclusión, llegará a liberar a peligrosos delincuentes; el dato sociológico nos refiere a delitos graves, sino por el contrario a delitos leves, tenemos en consideración las escalas penales en los delitos previstos en la parte especial; a su vez desde el punto de vista cualitativo, la aplicación de la regla de exclusión se reduce a una escasa cantidad de causas sobre el total de las que se registran. Cuando se está en juego las garantías constitucionales no podemos hablar de costos (ni grandes ni mínimos), sin la necesidad imperiosa de respetar esas garantías. . (Edwards, op.cit, págs.71-74).  

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