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Capýtulo 19:

 Inutilizabilidad de las pruebas ilícitas

Inutilizabilidad de las pruebas ilícitas como prohibición de admisión y valoración de la prueba.

La inutilizabilidad de las pruebas ilícitas como prohibición de otorgar validez alguna a la prueba ilícita despliega sus efectos en dos momentos distintos: en el momento de la admisión de la prueba y en el momento de la valoración o apreciación judicial.  

Es preferible quizás hablar de “Inutilizabilidad” de la prueba ilícita, es decir de la prohibición de valoración de la misma, cuya consecuencia es la privación de eficacia probatoria, que de nulidad.  

La inutilizabilidad como prohibición de admisión de prueba 

Cuando los medios de prueba son ilícitos no deben ser admitidos y, en caso de haberlo sido, no deben ser tenidos en cuenta. (Silva op.cit, p.70).  

La ilicitud debe motivar, por tanto, no sólo la inapreciabilidad de la prueba por el órgano judicial sentenciador, sino por su inadmisibilidad procesal. (Armijo, op.cit, p. 93).  

La mejor forma de conseguir que las pruebas ilícitas no surtan efectos es impidiendo que entren en la causa y que han sido incorporadas a la misma, forzando que salgan de ella, es decir, procediendo a su exclusión material.  

En el trámite procesal de admisión el Juez deberá rechazar incluso de oficio, la prueba obtenida ilícitamente. Se estima que éste es el momento oportuno para examinar las circunstancias en las que se obtuvo la fuente de prueba que trata de incorporarse al proceso, no pudiendo contentarse con que la prueba sea relevante, pertinente y útil para el caso en cuestión. La ilicitud de la prueba debe actuar como causa de inadmisión procesal. (Armijo, op.cit, p. 94).  

La inutilizabilidad como prohibición de valoración  de la prueba  

La prueba obtenida ilícitamente hubiere sido indebidamente incorporada al proceso, así como en aquellos supuestos en que la ilicitud se hubiera producido en el momento de la práctica de la prueba en la fase de juicio oral, la misma no deberá ser tenida en cuenta por el juzgador para dictar sentencia. El juez o tribunal no podrá basar su convicción en pruebas obtenidas en forma ilícita. Los resultados probatorios devendrán irrelevantes o ineficaces para configurar la declaración fáctica de la sentencia, es decir, no podrán tener la consideración de prueba de cargo suficiente. La prueba ilícita es, por tanto, una prueba de valoración prohibida. (Gimeno, 1988, p. 132-133).  

Para el caso en que el juzgador hubiera infringido esta prohibición formando su convicción sobre la base de una prueba obtenida ilícitamente, la sentencia de condena que se dicte se podrá combatir mediante los recursos legalmente establecidos. (Armijo, op.cit, p. 100).

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