Nota: Continuamos con la acción penal.

b) Régimen de la acción

En base al delito imputado se distingue:

1º Delitos de acción pública: Frente a ellos, el Ministerio Público está obligado a ejercer la persecución y la acción penal pública, salvo en las excepciones previstas en el Código Procesal Penal  (Arts. 25, 26 y 27).

En estos casos el agraviado podrá participar provocando la intervención del Ministerio Público o adhiriéndose a la persecución ya iniciada, como querellante. No obstante, si se siguiese el procedimiento específico de averiguación (Arts. 467 a 473 CPP), podría asumir personalmente la persecución penal. Sí el Ministerio Público ha solicitado el sobreseimiento o la clausura provisional, el juez le podrá encargar la acusación (Art. 345 quater CPP).

2º Delitos condicionados a denuncia, instancia de parte o autorización estatal: En estos casos el Ministerio Público requiere este trámite previo para poder perseguir y ejercitar la acción penal.

Se distingue:

I. Delitos de acción pública dependientes de instancia particular: El artículo 24 ter del Código Procesal Penal, aclara cuales son los delitos de acción pública dependientes de instancia particular.

Por instancia particular debe entenderse la denuncia o puesta en conocimiento del hecho al Ministerio Público, autorizándolo al inicio de la acción penal contra los presuntos infractores. No se debe exigir ninguna formalidad, ni presencia de abogado para dicha autorización, bastando la mera comunicación verbal en cualquier forma.

Obviamente, aunque la ley no sea más explícita, se recomienda que el fiscal levante acta de la puesta en conocimiento del hecho y que esta sea firmada por la persona que esté legitimada para autorizar el inicio de la persecución penal pública. En casos de menores e incapaces, la instancia privada la ejercerán sus representantes legales o guardadores. Sin embargo, si el menor o incapaz no tiene representantes legales o guardadores, o si el presunto autor del delito es un familiar del menor o incapaz, el Ministerio Público procederá de oficio.

II. Necesaria autorización estatal: La cualidad personal del imputado impide al Ministerio Público ejercer la acción y persecución penal sí no existe una previa autorización estatal (antejuicio). Una vez producida la denuncia, querella o autorización estatal, el régimen de la acción es similar al de los delitos de acción pública.

3º Delitos de acción privada: El artículo 24quater del Código Procesal Penal, establece cuales son los delitos de acción privada. En esos casos, el ejercicio de la persecución y la acción penal corresponde al querellante, a través del juicio específico por delito de acción privada (Arts. 474 a 483).

También seguirán ese régimen aquellos procesos por delitos de acción pública que hayan sido convertidos, por autorización del Ministerio Público, conforme al artículo 26 del Código Procesal Penal. Sin embargo, cuando la víctima carezca de medios económicos podrá ser patrocinada por el Ministerio Público, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 539.