LA ACCIÓN PENAL

ACCIÓN PENAL Y PERSECUCIÓN PENAL

a) La acción penal y la persecución penal pública

Desde el momento en el que el Estado asumió el monopolio del poder punitivo (ius puniendi), acaparó la función de persecución y sanción de los delitos. En las infracciones más graves al orden jurídico, el Estado actúa de oficio, independientemente de la voluntad del afectado. En el actual sistema, la acción penal ha sido asumida por el Ministerio Público, quien acusa en nombre del Estado de Guatemala.

De acuerdo con el artículo 24 bis del Código Procesal Penal, la acción penal pública corresponde al Ministerio Público, quién de oficio deberá perseguir todos los delitos de acción penal pública salvo los delitos contra la seguridad del tránsito y aquellos cuya sanción principal sea la pena de multa.

El ejercicio de la acción penal pública es la obligación que tiene el Ministerio Público, actuando acorde al principio de objetividad, de acusar en nombre del Estado a las personas que en base a la investigación realizada considere responsables de la comisión de un hecho punible, perseguible de oficio. El ejercicio de la acción penal se complementa con el ejercicio de la persecución penal. La persecución penal pública es la obligación que tiene el Ministerio Público de investigar y recabar los medios de prueba para determinar si procede el ejercicio de la acción penal, así como evitar las consecuencias ulteriores del delito (Art. 289, 309 y 324 CPP).

La atribución al Ministerio Público del ejercicio de la acción penal, delimita las funciones de acusar de las de juzgar. El actual proceso, otorga la primera función a los fiscales y la segunda función a los jueces. Por ello, en base al principio acusatorio, el juez no podrá acusar ni iniciar proceso penal de oficio.

No obstante existe una práctica viciada, heredada del sistema anterior, mediante la cual los detenidos son puestos por la policía a disposición del juez, sin comunicar al fiscal. De esta manera, quien efectivamente está ejerciendo la persecución penal pública es la policía, vulnerándose el artículo 251 de la Constitución y los artículos 24, 289 y 304 del Código Procesal Penal. Por ello, el fiscal tiene que ser informado desde el momento de la detención y ha de estar presente en la primera declaración del sindicado.

Una vez oído el imputado, se pueden dar las siguientes situaciones:

1º El fiscal decide proseguir la persecución penal y solicita al juez la aplicación de alguna medida de coerción personal. El juez podrá resolver, ordenando prisión preventiva e imponiendo medida sustitutiva o libertad bajo promesa (Art. 264,  último párrafo,  CPP). Sin embargo, podrá rechazar la petición del Ministerio Público y decretar la falta de mérito. En este último caso, el fiscal podría continuar la investigación con el objeto de incorporar nuevos elementos que hagan variar la decisión del juez.

2º El fiscal decide proseguir la persecución penal pero al no existir peligro de fuga u obstaculización, solicita al juez libertad bajo promesa.

3º El fiscal decide no proseguir la persecución penal y solicita la falta de mérito (Art.272). El juez podrá admitir el requerimiento del Ministerio Público y decretará la libertad, o por el contrario disponer que se ejercite la persecución penal (Art. 310 CPP) y en su caso dictar alguna medida de coerción o la libertad bajo promesa.

En cualquier caso, ha de quedar claro, que el ejercicio de la persecución penal no exige la aplicación de medidas de coerción. Un fiscal puede ejercer la persecución penal aún cuando se haya dictado falta de mérito y la debe ejercer cuando se dicte libertad bajo promesa.