12.176 cursos gratis
8.740.593 alumnos
Facebook Twitter YouTube
Busca cursos gratis:

Procedimiento Administrativo en España

Autor: Charles Larsson
Curso:
10/10 (3 opiniones) |3296 alumnos|Fecha publicación: 04/06/2009
Envía un mensaje al autor

Capítulo 11:

 Terminación del procedimiento

En la LRJPAC se regulan como causas o modos de terminación del procedimiento

- La resolución, expresa o presunta

- El desistimiento a la instancia

- La renuncia al derecho en que se funde la solicitud

- La declaración de caducidad

- La imposibilidad material de continuar el procedimiento por causas sobrevenidas

- La terminación convencional

La resolución expresa

(pues la presunta, como vimos al estudiar el silencio administrativo, no es tal, sino una técnica que permite el ejercicio del derecho de defensa) es el acto administrativo, propiamente dicho, que implica una manifestación de voluntad que

decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo (89,1).

Es el modo normal de terminación del procedimiento

Obligación de resolver

Se regula en el artículo 42 de la Ley 30/1992 que establece:

1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.

En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.

Se exceptúan de la obligación, a que se refiere el párrafo primero, los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación previa a la Administración.

Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano podrá (que no deberá) pronunciarse sobre ellas, poniéndolas de manifiestos a aquéllos para que, en un plazo NO SUPERIOR A quince días, aleguen lo que estimen pertinente o aporten los medios de prueba necesarios para su defensa.

La ley insiste después en el principio de congruencia desde el que se prohíbe la reformatio in peius, es decir, que con motivo de una petición se pueda agravar la situación inicial del interesado (que reclamemos por la imposición de una multa de 90 euros por mal aparcamiento y nos sancionen con una de 150 y pérdida de tres puntos por haber aparcado provocando peligro para la seguridad vial), pero sí que podría la Administración incoar un nuevo expediente de oficio si del análisis de los hechos se derivase esa situación que hemos ejemplificado (89,2).

Las resoluciones contendrán la decisión que será motivada en los casos a que se refiere el artículo 54 de la ley. De existir informes o dictámenes, éstos servirán de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma.

Artículo 54. Motivación. (Modificado por Ley 4/1999)

1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.

b) Los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos, reclamaciones previas a la vía judicial y procedimientos de arbitraje.

c) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.

d) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en los artículos 72 y 136 de esta Ley.

e) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia o de ampliación de plazos.

f) Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, el órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen procedente (89,3)

En ningún caso podrá abstenerse la administración de resolver basándose en el silencio obscuridad o insuficiencia de los preceptos legales. Principio éste también recogido en el Cc (art. 1,7) con respecto a los Jueces y Tribunales: tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido.

1. En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá resolver la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el Ordenamiento Jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición previsto por el artículo 29 de la Constitución.

En cuanto a la resolución presunta, nos remitimos a lo expuesto en su momento

{El silencio administrativo}

El desistimiento de la instancia y la renuncia del derecho en que se funda la solicitud

Desistimiento y renuncia. Diferencias

· El desistimiento se refiere a la petición o instancia, de modo que la pretensión siempre puede ser ejercitada en otro procedimiento siempre que haya plazo para ello.

· La renuncia, sin embargo, se refiere al derecho mismo, que desaparece, sin que, por tanto, pueda volver a ser ejercitada la pretensión. No obstante, debe tenerse en cuenta que ciertos derechos tienen la consideración de irrenunciables, como, por ejemplo, los derechos fundamentales.

Ejercicio (art. 90 LRJPAC)

1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.

2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado.

Medios y efectos (art. 91 LRJPAC)

1. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia.

2. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento.

3. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente substanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento.

Debemos hacer, una vez más, referencia al Título Preliminar del Cc, a su art. 6,2: "la exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros".

Terminación convencional: El procedimiento puede cumplir su fin por este modo de culminación, ya que la ley se refiere a terminación por acuerdos, pactos, convenios o contratos, con personas de Derecho público como privado (88). Pero la admisión del convenio frente al acto administrativo unilateral como forma de terminación es más aparente que real.

Vamos a fijarnos un poco más en esta forma de conclusión

Contrariamente a lo que parece desprenderse de la redacción del art., no sólo se declara inadmisible el citado convenio cuando resulte contrario al ordenamiento jurídico o sobre materias no susceptibles de transacción, sino que, además exige (amén de no alterar las competencias y responsabilidades atribuidas a los órganos administrativos y de precisar la aprobación expresa del Consejo de Ministros cuando afecte a sus competencias) su anterior previsión expresa por una norma, puesto que los convenios no tendrán más alcance, efectos y régimen jurídico que el que "en cada caso prevea la disposición que lo regule". Es decir, que no basta para la celebración de un convenio acogerse a lo que dice la LRJPAC, sino que es preciso una regulación substantiva que previamente haya aceptado esta forma de terminación del procedimiento, con lo que la regulación de aquella Ley no es más que un simple esquema de relleno de esa otra específica regulación a la que habrá de atenerse prioritariamente. Con todo este lío no sé si me ha quedado muy claro. Vamos a poner un ejemplo, para que me entere un poco. Imaginemos un pacto o convenio, que a tenor de la redacción del art. 88 de LRJPAC podría darse, y que además está tremendamente de moda en los últimos tiempos (bueno, ya no, que ha ido al pedo la burbuja inmobiliaria): Un convenio urbanístico que pretendiera sustituir, mediante pacto, las clasificaciones del suelo o la asignación de edificabilidad que deben determinar los planes de urbanismo aprobados por los Ayuntamientos y supervisados por las CC.AA., además de fiscalizados en cuanto a legalidad por los Tribunales, necesita que esté previamente autorizado en la ley del Suelo para que se pueda producir. Es decir, una ley Sustantiva que lo prevea, y una ley Adjetiva o formal que lo desarrolle.

La caducidad es una forma de terminación del procedimiento por falta de actividad de éste.

Tiene cierta connotación sancionadora (en los iniciados a instancia de interesado), pues se produce cuando se paraliza por causa del solicitante, en cuyo caso la Admón. le advertirá, inmediatamente, que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo, con archivo de las actuaciones (92).

Ese carácter sancionador frente al interesado negligente supone, en primer lugar, que la caducidad se aplique sólo en aquellos procedimientos en que aquél pueda obtener algún provecho y no, sin embargo, en los que, al igual que en el desistimiento o la renuncia, hubiere terceros interesados en la conclusión o la cuestión objeto del procedimiento afectase al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.

En segundo lugar, la especial gravedad que la caducidad implica lleva a considerarla de forma más beneficiosa hacia el interesado (principios in dubio pro reo y pro actione), ya que no toda pasividad u omisión del interesado puede servir de base a una declaración de caducidad del procedimiento, sino sólo aquéllas especialmente calificadas, que determinen la paralización por imposibilidad material de continuarlo. Cualquier otra omisión sólo justifica la pérdida del trámite, como se infiere del art. 76,2, que sanciona al que no aporta, en el plazo de diez días, el documento requerido por la Admón. con la pérdida únicamente del referido trámite, salvo que dicho trámite se indispensable para dictar resolución (92,2)

En los procedimientos iniciados de oficio en los que la Admón. ejercite potestades sancionadoras o de intervención, susceptibles de producir efectos de gravamen o desfavorables, la caducidad se produce por no dictar resolución expresa en el plazo establecido. No menciona el art. el caso de efectos favorables para el interesado, caso de procedimientos de selección de funcionarios. Es estos casos no caducan por retraso, salvo que la Admón. decida dar por concluido el procedimiento por casusa sobrevenidas.

La caducidad no implica siempre la correlativa pérdida o extinción del derecho que en dicho procedimiento se estaba ejercitando o pretendiendo: "la caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Admón., pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción".

Quiere esto decir, que si estas incurso en un procedimiento sancionador, por ejemplo, y se paraliza por parte tuya con intención de que prescriba la falta, no correrá el plazo de prescripción durante este periodo. Y, al contrario, si se paraliza por parte de la Admón. cuando se trate de la pretensión de un derecho o interés, tampoco se producirá la prescripción por el mero hecho de que el órgano administrativo la pretenda al paralizar el procedimiento.

Ya sabemos que la caducidad no produce efecto alguno en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general o cuando fuere conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento (92,3 y 4).

Terminación por causa sobrevenida

Artículo 87. Terminación.

2. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso.

Esto queda claro: se dictará resolución indicando la causa o causas que se ha producido y la motivación por la que se pone fin al procedimiento.

Ejemplo: un procedimiento incoado a un funcionario por infracción administrativa terminará cuando se produzca la renuncia a la condición de funcionario o el óbito del mismo. Entonces el órgano instructor elevará una propuesta de resolución indicando el hecho producido e instando la terminación, y el órgano encargado de la resolución deberá indicar la terminación y motivar la causa, cual es el fallecimiento, o la renuncia.

Nuestras novedades en tu e-mail

Escribe tu e-mail:



MailxMail tratará tus datos para realizar acciones promocionales (vía email y/o teléfono).
En la política de privacidad conocerás tu derechos y gestionarás la baja.

Cursos similares a Procedimiento Administrativo en España



  • Vídeo
  • Alumnos
  • Valoración
  • Cursos
1. Derecho Administrativo en España
Derecho Administrativo de España. Conozca las fuentes, la ley y las normas,... [09/06/09]
2.703  
2. Procedimiento administrativo común
La Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, en su Exposición de motivos,... [05/08/05]
27.123  
3. Cómo invertir con éxito en las quinielas de fútbol en España (1/2)
Cómo invertir con éxito en las quinielas de fútbol en España es un curso dirigido... [26/07/10]
2.806  

¿Qué es mailxmail.com?|ISSN: 1699-4914|Ayuda
Publicidad|Condiciones legales de mailxmail