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Procedimiento Administrativo en España

Autor: Charles Larsson
Curso:
10/10 (3 opiniones) |3296 alumnos|Fecha publicación: 04/06/2009
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Capítulo 10:

 Procedimiento Administrativo. La prueba

Es la actividad que se desarrolla durante el procedimiento para acreditar la realidad de los hechos y, en su caso, la vigencia y existencia de las normas aplicables, cuando lo uno y lo otro constituyen presupuestos ineludibles de la resolución que ha de dictarse.

Objeto de la prueba no son, en principio, más que los hechos controvertidos, es decir, aquéllos sobre los que no hay acuerdo entre ambas partes, no siendo necesario probar la existencia y vigencia de las normas jurídicas aplicables, pues se presume que el Órgano administrativo o el Juez las conoce. Sin embargo, la regla de presunción del conocimiento del Derecho no puede llevarse excesivamente lejos, no siendo exigible que conozca, debiendo acreditarse su vigencia de una serie de ellas:

- Las normas consuetudinarias (la costumbre); aunque ya sabemos la escasa aplicación que tienen en esta rama del Derecho

- Las normas extranjeras

- Las nacionales no publicadas en el BOE, como las de las CC.AA. o normas municipales específicas (Sentencia de 21 de octubre de 1986)

En cuanto a la carga de la prueba, la ley RJPAC prescribe, únicamente, la obligatoriedad de la apertura de un periodo probatorio para "cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija" (art. 80,2), pero deja sin resolver a quién corresponde, dentro del periodo probatorio, la carga de la probanza.

Esta cuestión resulta fundamental y debe resolverse partiendo de la consideración de que las reglas de la atribución de la carga de la prueba no pueden ser las mismas para todos los procedimientos administrativos, dada su variedad.

* En los procedimientos sancionadores, la regla de la presunción de inocencia que consagra el art. 24 de la C.E. y el principio del derecho in dubio pro reo, implica que se traslade y pese exclusivamente sobre quien acusa, de manera que el acusador tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no éste último lo contrario, es decir, su inocencia. Esta regla debe aplicarse, asimismo, por razón de analogía a todos aquellos procedimientos que abocan a una privación o limitación de derechos.

* En los procedimientos arbitrales o triangulares, en que la Administración asume una posición de neutralidad entre dos partes enfrentadas, la carga de la prueba debe repartirse en términos análogos al proceso civil, de forma y manera que, normalmente, el actor debe probar los hechos constitutivos del derecho que reclama, mientras que el demandado debe probar los hechos impeditivos o extintivos. En todo caso, como en los procedimientos administrativos los interesados no siempre asumen posiciones formalmente diferenciadas, deberá matizarse esta regla de reparto en función de las circunstancias del caso.

Art. 1214 Cc: Incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimento, y la de su extinción al que la opone.

Lo normal, en el resto de procedimientos, diferentes de los enumerados, será que quién pretenda algo aporte las pruebas en que funde su derecho.

En cuanto a los medios de prueba, no se establece limitación alguna, admitiendo que los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento puedan acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho (88,1). En consecuencia, ante el silencio de la Ley, y salvo disposiciones especiales, son admisibles todos los medios de prueba previstos en el Cc[1] (art. 1215. Las pruebas pueden hacerse: por instrumentos, por confesión, por inspección personal del juez, por peritos, por testigos y por presunciones), así como los medios probatorios establecidos en las Leyes de Enjuiciamiento Civil y Penal, cuyas normas son también aplicables para la práctica de cada uno de ellos.

El instructor del procedimiento deberá acordar por sí mismo la práctica de las pruebas que crea oportunas, así como las que propongan los interesados, que sólo podrá rechazar mediante resolución motivada cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias.

Un medio de prueba muy generalizado lo constituyen las inspecciones a cargo de funcionarios. A este respecto, la ley RJPAC impone con rigor el principio de legalidad, obligando a los administrados a facilitar a la Admón. informes, inspecciones y otros actos de investigación sólo en la forma y los casos previstos por la Ley, o por disposiciones dictadas en virtud de la misma (Reglamentos ejecutivos). Asimismo, a los efectos de la práctica de pruebas u otras diligencias, los ciudadanos sólo están obligados a comparecer ante las oficinas públicas cuando así esté prevista en una norma con rango de ley (art. 40).

Tampoco existe en el Derecho Administrativo una respuesta genuina a la cuestión de la valoración de la prueba, por lo que resultan aplicables (una vez más) los criterios generales de la valoración que se han impuesto en nuestro Derecho, en que, frente al sistema de pruebas tasadas, de los que hay ejemplos en el Cc a propósito del valor de los documentos públicos y privados (arts. 1216 y siguientes), ha terminado por prevalecer el criterio de libertad de apreciación, más propio de los procesos penales. Este criterio se conoce jurisprudencialmente como el de APRECIACIÓN CONJUNTA DE LA PRUEBA; pero teniendo en cuenta que, en ningún caso, libre valoración o apreciación conjunta de la prueba practicada, implica estimación de pretensiones o condenas sin base probatoria.

El plazo para la realización: no inferior a diez días ni superior a treinta.

Artículo 80. Medios y período de prueba.

1. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho.

2. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes.

3. El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.

Artículo 81. Práctica de prueba.

1. La Administración comunicará a los interesados, con antelación suficiente, el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas.

2. En la notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con la advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar técnicos para que le asistan.

3. En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar la Administración, ésta podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba. La liquidación de los gastos se practicará uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los mismos.

El trámite de audiencia y vista

El art. 84 de la LRJPAC dispone que una vez instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor habrá de poner el expediente de manifiesto a los interesados para que éstos puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Como ya hemos repetido a lo largo de estos apuntes, es un trámite obligado del procedimiento administrativo, tradicionalmente configurado como esencialísimo y hasta sagrado por una cierta jurisprudencia, que considera su omisión como causa de nulidad en cuanto produce la indefensión para los interesados. Sólo se puede prescindir de dicho trámite cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

La finalidad del trámite va más allá de permitir al interesado formular alegaciones (lo que, como ya hemos visto, puede realizar en cualquier momento anterior), facilitándole el conocimiento de la totalidad del expediente para que pueda realizar una defensa eficaz y completa de sus intereses. Por ello, la vista o puesta de manifiesto de lo actuado tiene lugar al término del periodo de instrucción, inmediatamente antes de que se redacte la propuesta de resolución, ya que, su puesta a disposición en un momento anterior, provocaría la sustracción de una parte del expediente y la mermarían las posibilidades de defensa.

El plazo conjunto para examinar el expediente y formular alegaciones no pude ser inferior a los diez días ni superior a quince, pudiendo darse por realizado el trámite si antes de dicho vencimiento los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar documentos o justificaciones (84,3).

Artículo 85. Actuación de los interesados.

1. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más cómoda para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales.

2. Los interesados podrán, en todo caso, actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.

3. En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento.

¿Verdad que está resultando muy indigesto? Ya te avisé. Por eso, la colocación en esta fase del estudio hace un pelín (aunque no mucho) más fácil su memorización. Venga, que ya queda poco.

[1] Código Civil, por si te habías olvidado

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