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Procedimiento Administrativo en España

Autor: Charles Larsson
Curso:
10/10 (3 opiniones) |3296 alumnos|Fecha publicación: 04/06/2009
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Capítulo 3:

 Procedimiento administrativo

Con los principios del procedimiento nos pasa lo mismo que con todo lo que llevamos viendo: cada autor resalta una serie de ellos, de carácter general, pero se encarga de aumentar la lista con algunos que considera más señalados.

Así que vamos a realizar un pequeño esquema sobre todo lo que está publicado y pasaremos a explicar aquél o aquéllos que consideremos más importantes, dejando la exégesis para cuando toque.

Principios de igualdad y contradicción: las partes asumen una posición que les permite contestar a todo lo que alega o resuelva la contraria.

Principio de antiformalismo: Que se traduce, en cuanto a los interesados, en la imposición de unos requisitos mínimos para las actuaciones de los mismos, y la admisión generalizada de la subsanación de los defectos o errores cometidos (arts. 70 y 71 Ley 30/1992).

Principio de oficialidad: Que impone que "el procedimiento [...] se impulsará de oficio en todos sus trámites" (art. 74.1 LRJPAC).

Principio de in dubio pro actione: Este principio postula en favor de la mayor garantía y de la interpretación más favorable a ejercicio del derecho de acción, es decir en el sentido de asegurar, más allá de las dificultades de índole formal, una decisión sobre el fondo de la cuestión objeto del procedimiento. Por ello, en caso de duda ésta debe resolverse en el sentido más favorable a la continuación del procedimiento hasta su total conclusión. Algunos ejemplos en la LRJPAC son:

- 110.2, según el cual el error en la calificación del recurso no obsta a su tramitación;

- 92.1 que establece que la Administración advertirá al interesado que transcurridos tres meses se producirá la caducidad del procedimiento iniciado a su solicitud y paralizado por causa a él imputable;

- los artículos 71 y 76 que establece que el órgano administrativo debe requerir al interesado para que en el plazo de diez días subsane la falta cometida o acompañe los documentos preceptivos.

Principio de celeridad. Por un lado, supone que "se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan una impulsión simultánea y no sea obligado su cumplimiento sucesivo" (art. 75.1 LRJPAC). Por otro, que "al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos, debe consignarse en la comunicación cursada el plazo establecido al efecto" (art. 75.2 LRJPAC).

Principio de audiencia. Que implica la exigencia inexorable de este trámite, salvo supuestos concretamente establecidos (art. 84 LRJPAC), consagrado también por el art. 105.c) C.E. También hay que destacar el reconocimiento del derecho de participación a través del trámite de información pública (art. 86 Ley 30/1992), así como el derecho a presentar alegaciones (art. 35.e) y 79).

Principio de publicidad

: Que se concreta en el derecho de acceso a los archivos y registros administrativos (art. 37) y en los derechos a conocer el estado de la tramitación del procedimiento (art. 35.a), a identificar a la autoridad o personal que lo tramita (art. 35.b) y a ser informado de los requisitos exigidos para presentar las solicitudes (art. 35.g). Dicho todo esto, al final del epígrafe, puntualizaremos algunos datos. Este principio está muy limitado ya que no se permite en los procedimientos activos ni en otros muchos supuestos.

Principios de congruencia y de prohibición de la "reformatio in peius". Aparecen recogidos en los arts. 89.2 y 113.3 de la Ley 30/1992, en cuanto que la resolución será congruente con las peticiones formuladas por los interesados (principio de congruencia), sin que en ningún caso pueda la Administración agravar su situación inicial (principio de prohibición de la "reformatio in peius"), sea en la resolución del procedimiento o en la resolución del recurso, aunque sí puede iniciar otro procedimiento si ve indicios para realizarlo.

Principio de responsabilidad de las Administraciones públicas y del personal a su servicio. Es un derecho de los ciudadanos (art. 35.j) de la Ley 30/1992) y cuyo procedimiento de exigencia de responsabilidad se regula en el Título X de la LRJPAC. Por otra parte, se encuentran manifestaciones en esta Ley, prácticamente, en cada uno de los trámites procedimentales, en los que aparece una llamada a la responsabilidad en que incurre el funcionario al que sea imputable su incumplimiento (arts. 41, 42.7, 74.2, 79.2, y 83.3, entre otros).

Principio de cooficialidad lingüística. Se encuentra en los arts. 35.d) y 36 de la Ley 30/1992.

Principio de reconocimiento de medios de revisión o impugnación de los actos administrativos. Ya tratado.

Principios de menor onerosidad y de proporcionalidad. Son principios interrelacionados que informan los procedimientos de ejecución forzosa (arts. 96 y ss. Ley 30/1992) y, en general, la actividad limitadora de derechos del ciudadano. El primer principio obliga a la Administración a intentar vencer la resistencia del interesado sujeto al cumplimiento del acto antes de emprender por ella misma la ejecución forzosa: de ahí la necesidad del previo apercibimiento. El principio de proporcionalidad exige que los medios utilizados por la Administración para ejecutar forzosamente sus actos deben guardar la debida adecuación con los objetivos que se deben alcanzar para el cumplimiento del acto, sin procurar al destinatario mayores perjuicios e inconvenientes que los precisos para la estricta ejecución del acto.

Gratuidad del procedimiento. La ley no contiene ningún precepto, pera ésta se desprende, en principio, y como regla general, del carácter inquisitivo del mismo. Únicamente se impone en el art. 81 el pago de los gastos que ocasionen las pruebas propuestas por el interesado, cuyo abono podrá serle exigido, incluso anticipadamente, a reserva de liquidación definitiva

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