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Procedimiento Administrativo en España

Autor: Charles Larsson
Curso:
10/10 (3 opiniones) |3296 alumnos|Fecha publicaciýn: 04/06/2009
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Capýtulo 6:

 Iniciación del procedimiento

El procedimiento administrativo, lo mismo que los procesos penales, y a diferencia de los civiles, que se inician únicamente a instancia o demanda de parte, se inicia de oficio, o petición o denuncia de un particular o de otra Administración pública.

Artículo 68. Clases de iniciación.

Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud de persona interesada.

Artículo 69. Iniciación de oficio.

1. Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.

2. Con anterioridad al acuerdo de iniciación, podrá el órgano competente abrir un período de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.

Lo decisivo en la iniciación de oficio es, ante todo, el acuerdo del órgano competente, que actúa de motu proprio o que puede ser llamado a ello por orden superior, moción razonada de otros órganos o por denuncia.

El acuerdo de iniciación del expediente es, claramente, un acto de trámite y, por ello, en principio, no susceptible de recurso independiente del acto final resolutorio. No obstante lo dicho, hay supuestos en que, ante la importancia y consecuencias inmediatas del procedimientos que este trámite inicia, se substantiviza a efectos de su impugnación separada (caso del acuerdo de las convocatorias y bases de los procedimientos selectivos de funcionarios).

La ley admite que, como cautela antes de la iniciación de un expediente, el órgano competente recurra a la técnica de las diligencias previas que se describen aquí como abrir un periodo de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el expediente.

El hecho de instar la iniciación de los procedimientos tiene como presupuesto la obligación de resolver de todas las administraciones públicas y que se proclama en el art. 42: "cuantas solicitudes se formulen por los interesados de la que sólo se exceptúan los procedimientos en que se produzca la prescripción, la caducidad, la renuncia o el desistimiento, así como los relativos al ejercicio de derechos que sólo deban ser objeto de comunicación y aquellos en los que se haya producido la pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento"

El procedimiento se inicia con un escrito en que deberán constar las siguientes circunstancias:

a) Nombre, apellidos y domicilio del interesado, y, en su caso, además, la persona que le represente, así como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones.

b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud

c) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.

d) Lugar, fecha y firma del solicitante

Como variantes de las solicitudes de iniciación se admite la formulada en un solo escrito por varias personas cuando las pretensiones correspondientes tengan un contenido idéntico o sustancialmente similar.

Las administraciones públicas pueden establecer modelos o sistemas normalizados, cuando se trate de procedimientos que impliquen la resolución numerosa de una serie de procedimientos, sin perjuicio de que los solicitantes acompañen los elementos que estimen convenientes para precisar o completar los datos del modelo, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano al que se dirigen.

De este escrito de solicitud y de los demás que presenten los interesados, podrán exigir copias selladas (lo que la ley denomina recibo que acredite la fecha de presentación) y la devolución de los documentos originales, lo que acordará el funcionario que instruya el procedimiento, dejando nota o testimonio, según proceda.

En el caso de que se trate de poder general para otros asuntos, deberá acordarse el desglose y devolución a petición del interesado en el plazo de tres días.

La presentación de las solicitudes o instancias puede realizarse ante el órgano que ha de resolver, pero también puede hacerse en el resto de registros que la ley reconoce, cuales son el resto de las Administraciones del Estado, Comunidades Autónomas o de las Entidades que integran la Admón. local, siempre, en este último caso, que se hubiera suscrito el correspondiente convenio. Se pueden presentar también en las oficinas de Correos en la forma que se establezca reglamentariamente. En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

En las presentadas en el extranjero, podrán cursarse ante las representaciones diplomáticas o consulares correspondientes, quienes las remitirán al organismo competente.

Recibida la instancia por el órgano competente, si careciera de alguno de los datos antes expuestos (70), además del nº del DNI, exigido por Decreto 357/1962, de 22 de febrero, podrá requerir a quien lo hubiese firmado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con el aviso de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido, previa resolución en los términos del art. 42 (art. 71).

Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, se podrá ampliar este plazo hasta en cinco días, a petición de interesado o por propia iniciativa, siempre que los documentos presenten especial dificultad.

En los procedimientos iniciados a solicitud de interesado, el órgano podrá requerir del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla. De ellos se levantará acta sucinta, que se incorporará al expediente.

Medidas cautelares:

Iniciado el procedimiento, el órgano competente, de oficio o a instancia de parte, adoptará las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, siempre y cuando existieren suficientes elementos de juicio para ello y dichas medidas no causen perjuicios irreparables a los interesados, o impliquen violación de derechos amparados por las leyes (72).

Antes de iniciar el procedimiento, el órgano competente, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar las medidas correspondientes en los supuestos previstos expresamente en una norma con rango de ley. Estas medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto de recurso.

En todo caso dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento dentro del plazo perentorio establecido o no se realiza en el acuerdo de iniciación un pronunciamiento sobre ellas.

No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar un perjuicio de difícil o imposible reparación o que impliquen violación de los derechos amparados por las leyes.

Dichas medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, como consecuencia de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron tenerse en cuenta en el momento de su adopción. En todo caso se extinguirán con la resolución que ponga fin al procedimiento.

Artículo 73. Acumulación.

El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión.

Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.

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