El procedimiento expresa en la actualidad una triple faceta que es conveniente desglosar y estudiar.

Por un lado, al igual que el proceso judicial, constituye una garantía para el administrado. Garantía que se produce incluso antes de que se efectúen las actuaciones, contratos o disposiciones administrativas (como ya vimos, es necesario que se ejecuten siguiendo un cauce procedimental). El procedimiento actúa como exigencia previa, mientras que el proceso judicial actúa a posteriori, ejerciendo un control sobre la decisión o disposición evacuada. Ya sabemos, por el estudio del art. 62 de la LRJPAC, que la falta del procedimiento provoca la nulidad absoluta.

Otra de las facetas es la constituir un requisito esencial para la producción de decisiones basándose en la eficacia de las mismas. Recordemos que es preciso recabar cuantos informes sean precisos para tomar una medida acertada acerca de la oportunidad o necesidad o del impacto que va a tener. También se establece la obligatoriedad de acompañar una memoria, para el caso de emisión de reglamentos. El procedimiento, sobre el coste a que dará lugar.

Por último, y no por ello hay que olvidarlo, constituye un cauce para la participación democrática de los ciudadanos en la actuación administrativa. Es preciso convocar a la participación de los administrados, directamente o a través de las organizaciones o asociaciones que los representen, cuando pueda afectar a sus derechos o intereses legítimos. Amén del trámite de información pública.

La doctrina, sin menospreciar las otras dos, da prioridad y eleva a la máxima importancia la primera, es decir, la de constituir un garantía para el administrado.

· Garantía para los ciudadanos

· Eficacia en la toma de decisiones

· Cauce para la participación democrática.