El art. 87 LRJ-PAC dispone que pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad.

También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso.

La resolución es el modo normal de terminación; los demás son modos anormales.

La resolución consiste en un pronunciamiento último en el que la Administración expresa el contenido de la declaración sobre un expediente administrativo.

La resolución puede ser expresa, tácita o presunta.

Por resolución expresa entendemos el acto final en el que la Administración se manifiesta de forma directa decidiendo sobre la cuestión planteada. Esta resolución ha de decidir sobre todas las cuestiones planteadas por los interesados, así como las que se deriven del expediente.

La resolución tácita es aquella en la que no existe una manifestación directa, pero que sin embargo, se deduce la voluntad de la Administración en un análisis racional del contexto de su actuación.

Estaremos en presencia de una resolución presunta cuando no hay datos para saber lo que ha dicho la Administración. En este caso, simplemente se deduce que se ha producido silencio administrativo.

El art. 89 LRJ-PAC al tratar sobre el contenido de la resolución establece:

1.    La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo.

Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto en aquéllos por plazo no superior a quince días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba.

2.    En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede.

3.    Las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada en los casos a que se refiere el artículo 54. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

4.    En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá resolver la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición previsto por el artículo 29 de la Constitución.

5.    La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma.