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Capítulo 5:

 Principios generales del procedimiento administrativo

 Principios que informan la actuación general de la Administración

a)    Principios constitucionales. La Ley 30/1992, en su artículo 3.1 dispone, de conformidad con el art. 103 CE que "Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho".

b)    Deber de objetividad. En el servicio de los intereses públicos, la Administración debe obrar con plena objetividad, que implica en primer lugar un refuerzo del principio de subordinación de las Administraciones Públicas dependientes de Poderes Ejecutivos que las dirigen. La objetividad en este plano traduce la neutralidad ideológica respecto de lo establecido en las normas o en las órdenes que debe cumplir. En otro plano, la objetividad implica el deber de imparcialidad en la acción administrativa, que es una consecuencia del principio de igualdad ante la ley en el procedimiento. Y por último, la objetividad supone que se persigan necesariamente intereses públicos, aquellos que constituyen el fin de la potestad que se ejerce, y no ninguna otra finalidad, lo que acarrearía el vicio de desviación de poder.

c)    Principios de eficacia y eficiencia. El primero es de esencia a toda organización. La eficacia implica un juicio valorativo sobre el grado de cumplimiento de los objetivos que se encomiendan a los distintos servicios públicos y sobre la calidad de su prestación. El principio de eficiencia tiene un significado económico, que implica una adecuada relación de costes de los medios a utilizar para la realización de los objetivos marcados y la calidad de los resulta-dos obtenidos.

d)    Principio de servicio al ciudadano. Que obliga a considerar al particular que se relaciona con la Administración Pública como un ciudadano, miembro de la Comunidad a la que sirve aquélla.

e)    Principios de buena fe y de confianza legítima. Aparecen recogidos en el párrafo 2º del art. 3.1. LRJ-PAC, estableciendo que las Administraciones públicas deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de con-fianza legítima. Ambos principios se derivan del de seguridad jurídica.

f)     Principios de transparencia y de participación. Aparecen recogidos en el art. 3.5 LRJ-PAC. Del primero se encuentran numerosas referencias en la misma Ley (arts. 35.a) b), c), g) y h), 37 y 54). En cuanto al principio de participación hay que destacar el reconocimiento del derecho de participación a través del trámite de información pública (art. 86), así como el derecho a presentar alegaciones (arts. 35.e) y 79).

 

 Principios que informan el procedimiento en sentido estricto

a)    Principio de oficialidad. Que impone que "el procedimiento [...] se impulsará de oficio en todos sus trámites" (art. 74.1 LRJ-PAC).

b)    Principio de celeridad. Por un lado, supone que "se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan una impulsión simultánea y no sea obligado su cumplimiento sucesivo" (art. 75.1 LRJ-PAC). Por otro, que "al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos, debe consignarse en la comunicación cursada el plazo establecido al efecto" (art. 75.2 LRJ-PAC).

c)    Principios de igualdad y contradicción. Que, aparte de su significación constitucional (art. 14 CE), en el plano puramente procedimental: por un la-do, obliga a que "en el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se de orden motivada en contrario, de la que quede constancia" (art. 74.2); por otro, que cuando en los actos de instrucción requieran la intervención de los interesados "el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento" (art. 85.3 Ley 30/1992).

d)   Principio de antiformalismo. Que se traduce, en cuanto a los interesados, en la imposición de unos requisitos mínimos para las actuaciones de los interesados, y la admisión generalizada de la subsanación de los defectos o errores cometidos (arts. 70 y 71 Ley 30/1992). Y en cuanto a las comunicaciones entre órganos, la LRJ-PAC establece, por un lado, en el art. 19.1 que "la comunicación entre los órganos administrativos pertenecientes a una misma Administración Pública se efectuará siempre directamente, sin traslados ni reproducciones a través de órganos intermedios", y por otro, en el art. 19.2 que "las comunicaciones entre los órganos administrativos podrán efectuarse por cualquier medio que asegure la constancia de su recepción".

e)   Principio de audiencia. Que implica la exigencia inexorable de este trámite, salvo supuestos concretamente establecidos (art. 84 LRJ-PAC), consagrado también por el art. 105.c) CE y calificado como principio fundamental del derecho comunitario, que debe ser observado en todo procedimiento administrativo (STJCE de 13 de febrero de 1979). También hay que destacar el reconocimiento del derecho de participación a través del trámite de información pública (art. 86 Ley 30/1992), así como el derecho a presentar alegaciones (art. 35.e) y 79)

f)     Principio de publicidad. Que se concreta en el derecho de acceso a los archivos y registros administrativos (art. 37) y en los derechos a conocer el estado de la tramitación del procedimiento (art. 35.a), a identificar a la autoridad o personal que lo tramita (art. 35.b) y a ser informado de los requisitos exigidos para presentar las solicitudes (art. 35.g).

g)    Principio de reconocimiento de medios de revisión o impugnación de los actos administrativos.

h)    Principios de menor onerosidad y de proporcionalidad. Son principios interrelacionados que informan los procedimientos de ejecución forzosa (arts. 96 y ss. Ley 30/1992) y, en general, la actividad limitadora de derechos del ciudadano. el primer principio obliga a la Administración a intentar vencer la resistencia del interesado sujeto al cumplimiento del acto  antes de emprender por ella misma la ejecución forzosa: de ahí la necesidad del previo apercibimiento. El principio de proporcionalidad exige que los medios utilizados por la Administración para ejecutar forzosamente sus actos deben guardar la debida adecuación con los objetivos que se deben alcanzar para el cumplimiento del acto, sin procurar al destinatario mayores perjuicios e inconvenientes que los precisos para la estricta ejecución del acto.

i)     Principio de cooficialidad lingüística. Se encuentra en los arts. 35.d) y 36 de la Ley 30/1992.

j)     Principios de congruencia y de prohibición de la "reformatio in peius". Aparecen recogidos en los arts. 89.2 y 113.3 de la Ley 30/1992, en cuanto que la resolución será congruente con las peticiones formuladas por los interesados (principio de congruencia), sin que en ningún caso pueda la Administración agravar su situación inicial (principio de prohibición de la "reformatio in peius"), sea en la resolución del procedimiento o en la resolución del recurso.

k)    Principio de responsabilidad de las Administraciones públicas y del personal a su servicio. Es un derecho de los ciudadanos (art. 35.j) de la Ley 30/1992) y cuyo procedimiento de exigencia de responsabilidad se regula en el Título X de la LRJ-PAC. Por otra parte, se encuentran manifestaciones en esta Ley, prácticamente, en cada uno de los trámites procedimentales, en los que aparece una llamada a la responsabilidad en que incurre el funcionario al que sea imputable su incumplimiento (arts. 41, 42.7, 74.2, 79.2, y 83.3, entre otros).

 

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