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Capítulo 2:

 La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común

El art. 149.1.18 CE señala, entre otras cosas, que el Estado tiene competencia exclusiva sobre el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas.

En desarrollo de ese precepto constitucional se dicta la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuyo artículo 1º establece que "la presente Ley establece y regula las bases del régimen jurídico, el procedimiento administrativo y el sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas, siendo aplicable a todas ellas".

Dicho procedimiento se encontraba en una pluralidad de normas, dependiendo de la Administración que contemplábamos. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece las bases del procedimiento administrativo común, al que las diferentes Administraciones Públicas deberán ajustarse. Hay que hacer hincapié en que la citada norma es una ley básica -no una ley de bases- que desarrolla el precepto constitucional del art. 149.1.18.

Partiendo de esa norma básica las diferentes Administraciones estarán reguladas por:

a)        La Administración del Estado, se encuentra regida fundamentalmente por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y por los artículos de la anterior Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958, declarados subsistentes, si bien con rango reglamentario (y mientras no sean modificados por el Ministro de Administraciones Públicas), a tenor de lo dis-puesto en la Disposición Derogatoria única de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, es decir, los artículos 31, 32, 33, 34.1, 36, 37, 38 y 39.

b)        La Administración Local , está regida por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como por el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, y los Reglamentos dictados por las Entidades Locales. Como derecho supletorio se aplicará la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

c)        La Administración Institucional , fundamentalmente está regulada por la Ley de Entidades Estatales Autónomas, de 26 de diciembre de 1958, sus respectivos Estatutos y como norma supletoria la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

d)        La Administración Autonómica , tal y como se ha contemplado en el art. 149.1.18 CE, las Comunidades Autónomas podrán dictar disposiciones dentro del marco de sus Estatutos y ateniéndose a las bases fijadas por el Estado. En tal sentido, debemos indicar, que en la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta materia se encuentra regulada por el Capítulo V del Título III de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma Andaluza, y además por los preceptos de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ha sido modificada sustancialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero -esta norma entró en vigor el día 14 de abril de 1999-. Las últimas reformas que ha sufrido han sido operadas por la Leyes 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de Reforma de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre; de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal; y Ley 57/2003, de 16 diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, y Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social [1].

[1] Conforme a la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 50/1999, de 6 de abril, los artículos 17 (apdo. 1, inciso), 23, 24, 25 (apdos. 2 y 3), 27 (apdos. 2, 3 y 5) no tienen carácter básico, por lo que es contrario al orden constitucional de competencias.

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