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Pena de muerte en Perú

Autor: Hernan Torres Romani
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10/10 (1 opinión) |9165 alumnos|Fecha publicación: 28/05/2009
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Capítulo 14:

 Casos de pena de muerte en otros países (1/2)

a.    EL CONSEJO PRIVADO DEROGA LA PENA DE MUERTE PRECEPTIVA EN LAS BAHAMAS

El Comité Judicial del Consejo Privado, órgano con sede en Londres que constituye la última instancia de apelación para la mayoría de los países de habla inglesa del Caribe, ha establecido que la pena de muerte preceptiva vulnera la Constitución de las Bahamas.

Este fallo histórico, que concede a los jueces la facultad de tener en cuenta las circunstancias atenuantes en cada causa, pone a las Bahamas en sintonía con la evolución de las normas internacionales. El relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha manifestado que "la pena de muerte preceptiva, que excluye la posibilidad de una sentencia menos grave, impuesta sin tener en cuenta las circunstancias es incompatible con la prohibición de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".
El fallo se pronunció el 8 de marzo en relación con las apelaciones de Forest Bowe Jr y Trono Davis, que llevaban condenados a muerte en la prisión de Foxhill de las Bahamas seis y ocho años, respectivamente, tras haber sido declarados culpables de asesinato.

Desde 1973, en las Bahamas se ha ejecutado a 16 personas, a 6 de ellas en los últimos 10 años. La última ejecución tuvo lugar en enero de 2000.

b.    EJECUCIONES EXTRALEGALES EN LAS ZONAS TRIBALES DE PAKISTÁN

Hayatullah Gul fue ejecutado el 26 de marzo en Tiarza, Waziristán Meridional, por orden de un consejo (shura) de personas descritas en los medios de comunicación paquistaníes como "talibanes locales". Lo mató de un disparo el padre de un taxista al que Hayatullah Gul presuntamente había asesinado unas dos semanas antes. Según informes, el "juicio" duró sólo unas pocas horas.

El acusado careció de asistencia letrada y de la posibilidad de recurrir contra la declaración de culpabilidad y la pena. Según informes, él se declaró culpable, y se le permitió pedir el perdón de la familia de la víctima, que ésta le denegó.

En Pakistán, la ejecución de Hayatullah Gul se considera en general un caso "de justicia de talibanes locales en aplicación de la ley islámica". Muchos observadores creen que las personas descritas como talibanes parecen haber consolidado su control sobre partes de las zonas tribales de Paquistán y haber asumido funciones policiales y judiciales.

Sin embargo, parece que a Hayatullah Gul le negaron incluso las salvaguardias legales mínimas de que disponen las personas acusadas de cometer delitos en las zonas tribales paquistaníes. No compareció ante un consejo (jirga) debidamente constituido, la decisión sobre su caso no fue tomada por el agente político de Waziristán Meridional y, de haberse aplicado el Reglamento sobre Delitos Fronterizos, no se habría impuesto la pena de muerte, dado que esta legislación no la establece para ningún delito.

c.    EJECUCIÓN DE OTRO MENOR EN IRÁN

El 13 de mayo, dos varones no identificados de 17 y 20 años respectivamente fueron ahorcados Khorramabad, capital de la provincia de Lorestán. Según informes, habían sido condenados a muerte por la violación y asesinato de un niño de 12 años y juzgados en una sesión extraordinaria.

Prácticamente todos los gobiernos han reconocido que la ejecución de una persona por un delito cometido cuando tenía menos de 18 años es actualmente un acto ilegal conforme al derecho internacional. A lo largo de la última década, la ejecución judicial de menores prácticamente ha cesado, y únicamente un reducido número de países siguen amenazando con llevar a cabo esta clase de ejecuciones. En 2005, Irán fue el único país en hacerlo.

Diez personas fueron ejecutadas el 19 de abril en la prisión de Evin de Tehrán. Todas habían sido condenadas por asesinato.

d.    SOMALIA: UN MENOR EJECUTA PÚBLICAMENTE AL HOMICIDA DE SU PADRE POR ORDEN DE UN TRIBUNAL SUMARIO

Omar Hussein fue ejecutado públicamente en Mogadiscio el 2 de mayo. Lo ataron a un poste y le colocaron una capucha, tras lo cual el hijo de 16 años de su presunta víctima lo mató a puñaladas. Omar Hussein había sido condenado a muerte horas antes por un tribunal islámico. Estos tribunales no permiten el derecho de asistencia letrada ni de apelación.

Se aplicó un principio de represalia de la ley islámica (shari´a) conocido como qisas (talión), una vez que, según informes, la familia de la víctima se negara a aceptar una indemnización (diya). Este tipo de ejecución como represalia no tiene precedentes en Somalia ni en el derecho consuetudinario somalí. También es contrario al anterior Código Penal del país, que servía de base para los procedimientos judiciales de los tribunales estatales.

Especialmente preocupante es que el tribunal utilizara a un menor de 18 años para ejecutar la pena de muerte.

El adolescente, que fue designado por su familia, apuñaló repetidamente en la cabeza y en el cuello al condenado. Se reunió una gran multitud para presenciar la ejecución pública, y varias personas se desmayaron al contemplar la penosa imagen de Omar Hussein, cuyo cuerpo se dejó expuesto para que su familia lo recogiera más tarde.

Somalia es un Estado colapsado desde 1991. El Gobierno Federal de Transición, constituido a fines de 2004 tras dos años de conversaciones de paz y reconciliación en Kenia, todavía no ha podido hacerse con el control en ninguna parte del país. No existe Estado de derecho ni sistema nacional de justicia. En los últimos años, los tribunales islámicos y sus milicias han impuesto y ejecutado varias penas de muerte, aunque la mayoría de las condenas a muerte son sustituidas por indemnizaciones negociadas entre los clanes de las víctimas y los autores de los delitos, de acuerdo con el derecho consuetudinario somalí.

e.    CHINA RATIFICA UN TRATADO DE EXTRADICIÓN SOBRE PENA DE MUERTE

China ha ratificado un tratado de extradición con España, firmado por el presidente Hu Jintao en Madrid en noviembre de 2005, que incluye "un compromiso sin precedentes de no ejecutar a los delincuentes repatriados", según una noticia de la agencia de noticias Xinhua del 29 de abril. En ella se hace hincapié en el interés chino por recuperar billones de dólares estadounidenses malversados por funcionarios corruptos desde que la economía china se reformó en 1978 y que han huido al extranjero para evitar ser procesados. En China algunos delitos económicos, como el fraude y el soborno, son punibles con la muerte, por lo que muchos países extranjeros no se han mostrado dispuestos a extraditar a ciudadanos chinos que podían ser ejecutados en caso de ser devueltos allí.

f.    CHINA: NUEVAS NORMAS PARA LOS TRANSPLANTES DE ÓRGANOS

El 28 de marzo, el Ministerio de Salud de China emitió nuevas normas sobre transplantes de órganos que entraran en vigor el 1 de julio de 2006. Según informes, prohíben la compraventa de órganos y hacen hincapié en que los órganos sólo pueden ser extirpados con el consentimiento escrito del donante. Sin embargo, algunos expertos médicos, como el profesor Chen Zhonghua, especialista en transplantes de Wuhan, han criticado las normas por no ofrecer directrices sobre los transplantes de donantes vivos y por no abordar cuestiones clave como la fuente de los órganos.

La extracción de órganos de presos ejecutados ha sido una práctica generalizada y altamente rentable en China desde la privatización de facto de la atención sanitaria llevada a cabo hace varios años. Se calcula que aproximadamente el 99 por ciento de los órganos transplantados en China pueden proceder de presos ejecutados. Las normas médicas internacionales señalan que los transplantes únicamente pueden realizarse voluntariamente y con el consentimiento libremente concedido y debidamente informado del donante. Es improbable que las personas que afrontan el trauma de una ejecución inminente estén en condiciones de prestar este tipo de consentimiento. Asimismo, el secreto que rodea la aplicación de la pena de muerte en China dificulta la verificación de este consentimiento.

g.    VIETNAM: POSIBLE REDUCCIÓN DEL ÁMBITO DE LA PENA DE MUERTE

En febrero, el Ministerio de Seguridad Pública envió a la Comisión Central de Reforma Judicial una propuesta para reducir el número de delitos punibles con la muerte de 20 a nueve. Los delitos que dejarían de ser punibles con la muerte son principalmente los de naturaleza económica, como el fraude, la malversación de fondos, el soborno y la falsificación. Dang Anh, subdirector del departamento judicial del Ministerio de Seguridad, dijo que "la reducción estaría en consonancia con la tendencia general del resto del mundo, a la que Vietnam debería sumarse". En 1999, Vietnam ya redujo el número de delitos punibles con la muerte de 44 a 29. En marzo, el presidente Tran Duc Luong conmutó las penas de muerte impuestas a dos ciudadanos australianos por tráfico de drogas, Nguyen Van Chinh y Mai Cong Thanh, a raíz de la petición formulada por el gobierno australiano. Sin embargo, el 21 de marzo se ejecutó a Phung Long That, ex jefe de la división contra el contrabando del departamento de aduanas de la ciudad de Ho Chi Minh. Había sido condenado a muerte en abril de 1999 tras ser declarado culpable de aceptar sobornos y pasar objetos de contrabando por valor de 70 millones de dólares estadounidenses.

En 2005 en Vietnam se tuvo conocimiento de 21 ejecuciones y al menos 65 personas fueron condenadas a muerte. Se considera que la cifra real es muy superior.

h.    COREA DEL SUR ESTUDIA UN PROYECTO DE LEY SOBRE PENA DE MUERTE

En febrero, el Ministerio de Justicia informó de que deseaba "reformar el sistema de justicia penal para proteger mejor los derechos humanos" y de que iba a "examinar en detalle la abolición de la pena de muerte". Ha encargado un estudio para determinar cómo afectaría la abolición a la sociedad y a la tasa de delincuencia. El apoyo del Ministerio de Justicia a la abolición podría ser crucial para los parlamentarios surcoreanos que en los últimos años han intentado abolir la pena de muerte pero que no lo han conseguido.

En abril, el Comité de Asuntos Judiciales y Jurídicos de la Asamblea Nacional de Corea del Sur celebró una vista pública sobre la pena de muerte dentro de su análisis sobre el proyecto de ley de abolición de la pena de muerte. El apoyo del Comité de Asuntos Judiciales y Jurídicos es fundamental para la discusión del proyecto de ley, que seguidamente se presentaría a la Asamblea Nacional, donde la mayoría de los miembros apoyan la abolición de la pena de muerte, para ser sometido a una votación final.

Desde 1948, fecha de la constitución de la República de Corea, han sido ejecutadas más de 900 personas. Sin embargo, desde 1988 no se llevado a cabo ninguna ejecución más.

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