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Capýtulo 18:

 Negociacion en la cumbre, concertación y diálogo social

INTRODUCCION

La concertación social puede definirse como un modelo de colaboración y diálogo de las organizaciones empresariales y sindicales, a nivel centralizado con o sin la presencia específica del Gobierno. En orden a alcanzar acuerdos sobre las condiciones que deben regir las relaciones laborales y sobre otras materias teniendo en cuenta el entorno socioeconómico general.

Esta definición abarca todo tipo de acuerdos, tanto aquellos que tiene un contenido básicamente económico como aquellos otros que lo que pretenden es un compromiso de regulación sociolaboral.

Desde un ámbito subjetivo comprende tanto los pactos tripartitos como los bipartitos. Si bien debemos reservar la categoría de pactos políticos con independencia de su contenido exclusivamente para los acuerdos de carácter tripartito o bipartito, pero en cualquier caso con presencia activa de los poderes públicos, dado que es precisamente en esta colaboración Gobierno, organizaciones sociales, donde reside la justificación del nacimiento de este tipo de pactos, cuya concreción a determinado el fenómeno de la concertación social. Sin perjuicio de incluir en este fenómeno el resto de acuerdos bipartitos suscritos exclusivamente por los agentes sociales.

El proceso de concertación social se ha concretado en una serie de pactos y acuerdos que se han suscrito según las ocasiones de forma tripartita; Gobierno, Sindicatos y organizaciones empresariales o de forma bipartita, es decir Gobierno y Sindicatos o bien Sindicatos y organizaciones empresariales entre sí.

Los primeros pactos los tripartitos, son una esencia y contenido programático, pactos políticos cuya aspiración máxima no es sólo el mantenimiento de la paz social sino también del orden social sustentado sobre el entendimiento y las buenas relaciones entre el poder político y una parte importantísima de la sociedad civil. Que es justamente aquella que ostenta el poder económico y el poder social.

En todas las experiencias encuadrables en el ámbito de la concertación social es posible encontrar algo en común, el intercambio político entre los agentes sociales y el Estado. Esto significa fundamentalmente dos cosas de gran trascendencia:

1.   Que la concertación social implica un cambio de papeles del Estado y de los agentes sociales. El Estado interviene en la Autonomía colectiva de las partes sociales y las partes sociales intervienen en la actuación del Estado.

2.   El Parlamento pierde importancia en beneficio de los agentes sociales y en beneficio del Gobierno. De esta manera agentes sociales y Gobierno serán los actores principales de la concertación social, de tal forma que se desplaza el centro de toma de decisiones del Parlamento al lugar donde se realiza el consenso social.

No obstante no conviene olvidar que aunque la concertación social de entrada en la toma de decisiones políticas, a los agentes sociales a través del pacto, con ello no se secuestra la libertad de estos últimos. La concertación social no es obligatoria, sino voluntaria y los agentes sociales tienen siempre la libertad para pactar o no pactar, y a su vez el Estado tiene también su libertad para aceptar o no los resultados del pacto.

Los pactos sociales o políticos quedan excluidos la protección constitucional del art. 37.1 CE.

La fórmula establecida en el art. 37.1 CE plantea la exclusión del ámbito de la negociación colectiva de los llamados pactos sociales de concertación, también denominados pactos políticos de los que de forma tripartita participan el Gobierno de la nación, los sindicatos y organizaciones empresariales.

Exclusión que se deduce del texto constitucional al hacer referencia en el mismo a “los representantes de los trabajadores y empresarios”. Sin hacer mención alguna  a los representantes gubernamentales, lo cual no significa que estos pactos estén prohibidos por el ordenamiento jurídico o que no puedan alcanzar una determinada eficacia, si bien ninguna de estas razones justifica su encuadramiento en la estructura negocial protegida por la CE.

En cuanto a la naturaleza de los pactos sociales ésta es política. Estos pactos poseen una naturaleza distinta de los acuerdos marco, debido a su carácter tripartito, debido a la intervención del Gobierno. Sin embargo, cabe distinguir entre pactos sociales puros, donde únicamente se establecen acuerdos tripartitos que comprometen al Gobierno, asociaciones empresariales y sindicatos firmantes.

Y los pactos sociales mixtos, donde además de lo anterior se establecen acuerdos marco entre asociaciones empresariales y sindicatos.

La parte de los pactos sociales de carácter mixto corresponde a acuerdos bipartitos entre asociaciones empresariales y sindicales. Y tiene naturaleza jurídica de acuerdo marco, es decir tiene eficacia jurídica normativa y eficacia general, siempre y cuando cumplan los requisitos de legitimación previstos en el ET.

Por lo que se refiere a los pactos sociales puros o a la parte de los pactos mixtos, correspondientes a compromisos tripartitos, la intervención del Estado como órgano del poder público y como garante de intereses generales de la comunidad, impide considerar a los pactos sociales como manifestaciones de la Autonomía colectiva reconocida en el art. 37.1 CE.

Para un sector de la doctrina el pacto social o político se considera como un pacto de naturaleza jurídica obligacional. Para este sector las obligaciones que configuran el pacto son obligaciones civiles de hacer. Cuya ejecución forzosa es exigible ante los Tribunales de conformidad con las previsiones establecidas en el art. 1098 del Código Civil, a cuyo tenor no establece que si el obligado a hacer alguna cosa no la hiciere se mandará ejecutar a su coste.

Otro sector entiende que el pacto social o político es un concierto entre la Administración y los administrados y que por tanto, su contenido es exigible en vía contencioso administrativo.

Otro sector por el contrario defiende la naturaleza estrictamente política de los pactos sociales de tal forma que su cumplimiento no podría exigirse judicialmente.

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