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Capýtulo 21:

 La negociación como cauce de la expresión normativa

Como Fuente del Derecho, la negociación Colectiva se configura como un concepto jurídico determinado, siendo su misión poner en conexión la norma positiva con el poder que trae su causa.

La composición de la posición de la negociación colectiva en el sistema jurídico, pasa en primer lugar por el estado del proceso de integración jurídica de aquel poder donde la fuente convencional encuentra su poder mediático.

Desde el punto de vista mediato, radica en un principio jurídico que en el ámbito laboral, es el principio jurídico de Autonomía Colectiva, que como tal tiene la función de constatar la extra - estatalidad del poder normativo en que consiste la negociación colectiva.

De ahí que como principio jurídico que fundamenta a la negociación colectiva, se define por oposición aquel procedimiento de soberanía que a su vez sirve de soporte de poder legislativo.

Por otra parte el concepto de Autonomía Colectiva, no es coetáneo al de negociación colectiva. La Autonomía Colectiva representa el poder social y representa y presenta estructuras complejas en donde la negociación colectiva en tanto que, como cauce de expresión normativa de ese poder no es más que una manifestación del mismo.

Toda fuente del derecho, denota la existencia de un poder efectivo,  político, económico o social.

La Negociación Colectiva, concebida como fuente del derecho tiene como fundamento último la existencia de un poder fáctico presente en la sociedad y nacido el margen de cualquier intervención  estatal.

El llamado poder social se estructura sobre la base de la existencia de grupos sociales con intereses antagónicos que hacen converger sus respectivas fuerzas en un procedimiento de institucionalización progresiva de sus relaciones, ajeno en principio a la intervención del Estado.

Estas relaciones y sus protagonistas en principio, trascendieron al plano jurídico, solo cuando se puso de manifiesto la virtualidad ordenadora de esta confrontación dialéctica entre los grupos sociales, sindicatos, empresarios, partidos políticos,  organizados en la canalización del conflicto social, por tanto,   se estimo oportuno dar relevancia jurídica al producto de esta auto - composición puntual del conflicto, es decir, al Convenio Colectivo.

De este modo, el Convenio Colectivo, es integrado dentro del ordenamiento jurídico estatal, en cambio, la negociación colectiva, permanecerá en principio fuera de los contornos del derecho, en definitiva, la negociación colectiva, como manifestación de poder social organizado, gozara de una relevancia, que dependerá en principio de fuerzas externas al sistema jurídico estatal, de ahí que su relevancia jurídica como fuente material fuera incompatible.

Es desde el sociologísmo, como se interpreta la cercanía a la realidad colectiva en donde se favoreció la ordenación jurídica de la negociación colectiva como fuente, a pesar de su naturaleza genuinamente social o estatal, de este modo y transgrediendo la realidad al derecho, se puso en evidencia desde el plano objetivo la existencia en la sociedad de conflictos causados por intereses antagónicos en lucha permanente, y desde el plano subjetivo de la identificación de los grupos sociales de ese antagonismo.

Ello supuso el nacimiento de un nuevo tipo de relaciones jurídicas, como son las relaciones colectivas protagonizadas por un sujeto de derecho, el sujeto colectivo, en conclusión, este proceso de juridificación en la sociedad, llevado a cabo gracias al método sociológico, dando fe a la naturaleza social del derecho, va a significar un cambio profundo en su propio concepto superando la polarización entre individuo y estado.

Supone una manifestación palpable de la singularidad del derecho colectivo del trabajo, que exige como presupuesto de su autonomía científica, una doble ruptura, de un lado respecto al derecho civil privado, y de otro respecto al derecho publico.

Respecto al Derecho Civil, por la implicación del derecho de las obligaciones y contratos.

Respecto al derecho público a partir de reconocerse como un poder autónomo y originario, no dependiente del estado como manifestación de poder ordenador y nunca se podrá intervenir en este proceso normativo esencialmente autónomo.

La irrupción jurídica del sujeto colectivo, por su parte dependerá de parcelas de actuación propias donde traducir su poder social normativo.

En definitiva, la consideración del derecho como fenómeno social provoca no solo el esclarecimiento del propio concepto de derecho sino también y consecuentemente una diversificación de las formas de creación jurídica.

Desde esta perceptiva, la relevancia de la negociación jurídica, como actividad desarrollada por los sujetos representativos de grupos con intereses antagónicos, con la clara vocación de lograr normas que rijan sus reciprocas relaciones, encauzando así el latente conflicto.

No ha pasado desapercibido al suponer el espacio autónomo de un poder originariamente social el ejemplo de relaciones que establece estos supuestos colectivos que se caracterizan por una juridicidad innata que se proyecta en el pleno de la creación jurídica como fenómeno social relevante para el derecho,  que la negociación colectiva se convierta inmediatamente en fenómeno jurídico.

A diferencia de la perceptiva normativista ( que es aquella que se plantea que es desde el estado desde donde se puede solo legislar), el reconocimiento de la relación jurídica de la negociación colectiva, no desprende en ningún caso la necesidad de  que el estado efectúe una declaración explícita al respecto de la juridicidad, por ser inherente al fenómeno social, por tanto no es  preciso ningún tipo de apoderamiento o delegación es proceso, desde el poder normativo, desde el Estado,  a los sujetos negociadores,  para que estos puedan crear normas vinculantes entre ellos.

Atendiendo a las consecuencias que se derivan del reconocimiento de esta diversificación de los centros de producción jurídica, en su relación con la tradicional exclusividad ostentada por el estado, se denomina extra estatalidad a esta característica propia de las normas así emanadas, y aparecerán por tanto ordenadas, desvinculadas genéticamente del ordenamiento estatal.

Las reglas que emanan de tal proceso negociador constituirá verdadera norma jurídica, en derecho positivo, vinculante y así directamente obligando, sin necesidad del consenso de una especifica  manifestación de voluntad al respecto.

En definitiva, negociación y convenio forman un todo indisoluble como corresponde a una visión integrada del fenómeno de la creación jurídica, la extra estatalidad se extiende tanto al procedimiento creativo como necesariamente al producto creado, es decir, la norma, por tanto la negociación colectiva como manifestación de un poder social organizado se constituye en verdadero hecho jurídico con capacidad ordenadora y por ello es una fuente de derecho propio.

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