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Capýtulo 19:

 Aspectos institucionales de la negociación colectiva

La propia juridificación de la Autonomía Colectiva va unida a la evolución del estado liberal al estado de democracia social.

El punto álgido de dicha evolución, está representado en el Estado Social de Derecho, que nuestra Constitución (1978) recoge en su Art. 1.1, donde, después de caracterizarla cono tal, se propugnan los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.

En lo que aquí interesa, una de las principales cláusulas del estado social es la configuración del pluralismo social como principio constitucional, lo que significa dar carta de naturaleza al protagonismo jurídico - político de los grupos sociales que, de este modo, compiten directamente con el monopolio del aparato estatal, fundamentado en el principio de soberanía.

El principio de pluralismo social se erige en el fundamento directo del reconocimiento de la autonomía colectiva como vía que concurre y complementa, al poder estatal, cuya manifestación es la soberanía.

Por otra parte, la Autonomía Colectiva, como forma de realización efectiva de igualdad material, proporciona legitimidad al sistema jurídico en su conjunto y al estado, en tanto, como organización política.

El principio de Autonomía Colectiva, se define por su oposición al de soberanía, lo que está en la base de la compleja y a veces irresuelta cuestión entre ley y negociación colectiva.

Soberanía y autonomía representan centros de poder independiente, sus relaciones no pueden ordenarse mediante el principio de jerarquía que, necesariamente, presupone la subordinación de uno de ellos, sino en base al principio de complementación reciproca,

Dicha organización suele estar ya encarnada en la Constitución y viene a representar la confluencia ordenada de todos los elementos que configuran el modelo político del que se ha investido la sociedad para organizarse, dentro de él, los principios de Soberanía y Autonomía Colectiva, en tanto que podemos juridificados, en manifestación del poder político y social respectivamente, representaría dos procedimientos paralelos de formación y manifestación de las voluntades encontradas.

Dichos procesos son de diferente naturaleza acorde con la también diversa naturaleza de los órdenes en liza, económica y social de una y política de otro.

De este modo, cada uno de ellos tiene unos sujetos protagonistas, partidos políticos de un lado y sindicatos y empresas por otro que, sin embargo, comportan el hecho de defender intereses opuestos, oposición que es, en definitiva el propio conflicto social.

Por otra parte es fácilmente perceptible el paralelismo entre los respectivos procedimientos decisionales, los colectivos y los políticos.

La Ley, se fundamenta en el principio de soberanía, y  también en  el resultado de una confluencia de poderes, que serán los representados por cada parte política que, serán los que den  lugar a un poder normativo. La única diferencia es que en el caso de la negociación colectiva, dicha contraposición es más descarnada y  evidente, es decir, el conflicto aparece menos mediatizado que la pugna política.

En todo caso, ambas vías confluyen en la necesidad objetiva de pacificación social que siempre ha caracterizado al derecho funcionalmente hablando.

Como quiera que la composición puntual del conflicto se materializa en una norma jurídica, Autonomía Colectiva y Soberanía, constituyen, en última instancia, el fundamento directo del sistema de fuentes del Ordenamiento Jurídico.

En conclusión, el reconocimiento de dos principios como el de Autonomía y Soberanía, representativos de dos centros de poder, supone una distribución de facultades normativas, y se conceptúa en el nivel mas elevado de la organización jurídica, La Constitución.

La razón de ser de este reparto, en otras palabras, es la incorporación de la Autonomía a dicha función tradicional de legislar, monopolizada por el Estado e instrumentalizada mediante la Ley, en base al principio de soberanía y se debe a dos factores convergentes:

1.- De un lado, la constatación de la existencia de grupos sociales con un poder emergente.

2.- De otro, la necesidad de acabar con el conflicto subyacente en la sociedad.

Entre ambas se establece, pues, una especie de equilibrio que va a depender del papel que desarrollan esos poderes sociales y la necesidad que tenga la propia sociedad de crear un buen clima social.

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