Desde el 16 de enero al 6 de febrero de 1978 se celebraron las primeras elecciones sindicales que debían celebrarse libremente en España. Aunque UGT y CCOO estaban de acuerdo en celebrarlas mediante votación voluntaria y secreta, surgió la dificultad de establecer criterios unificados para las candidaturas al defender UGT listas cerradas y no bloqueadas para cada opción sindical mientras que CCOO abogaba por listas abiertas.
Datos señalaban que Comisiones Obreras había obtenido 47111 delegados lo que suponía el 37.8% del total y UGT tenía un porcentaje del 31%.

El otoño se presentaba con los mismos problemas estructurales de paro, expedientes de crisis y regulación de empleo que habían constituido la tónica general de los primeros meses del año.

Estos últimos defendían la participación de partidos políticos y sindicatos en un acuerdo de amplia duración mientras que UGT proponía una negociación exclusiva entre sindicatos, patronal y gobierno a fin de conseguir un pacto socioeconómico de duración  no superior a un año.

En estas circunstancias, el acuerdo con el gobierno resultaba imposible y se planteó la necesidad de planificar la negociación de los 2000 convenios colectivos que finalizaban en 1978. El gobierno remitió entonces a la Comisión de Urgencia Legislativa de las Cortes el llamado Decreto-Ley sobre salarios y empleo para 1979, de Abril Martorell.

Los sindicatos rechazaron esta medida y los empresarios mostraban su disconformidad con el proyecto.
 
Acuerdo Básico Interconfederal (ABI) 1979

Durante  el mes de junio de 1978 UGT y CEOE sostuvieron varias reuniones en las que examinaron el proyecto del Estatuto de los Trabajadores así como la revisión salarial para 1979. Finalmente el diez de junio se firmaba el Acuerdo Básico Interconfederal (ABI).

Con el ABI se inicia una nueva etapa de las relaciones laborales en España. La ausencia de la Administración en el Acuerdo representaba el abandono de la política intervencionista que había caracterizado las relaciones industriales hasta ese momento.

Se hizo una propuesta a CCOO y a la CEOE, invitándoles a discutir la negociación de un acuerdo marco en el que se abordarán las cuestiones más importantes de las relaciones laborales, como empleo, salarios, derechos sindicales, productividad, absentismo... etc, sin que participaran ni el gobierno ni los partidos políticos. Este sindicato afirmó entonces que en situaciones de crisis se necesitaba un gran sentido de la responsabilidad, por lo que la capacidad de negociar no podía tenerla exclusivamente un comité de fábrica, sino una organización poderosa.

1980, un año decisivo: AMI

Estando muy avanzadas las negociaciones, Comisiones Obreras se retiró de la mesa prosiguiendo el proceso UGT y CEOE. Finalmente en enero de 1980 el secretario general de UGT y el presidente de la CEOE firmaron el Acuerdo Marco Interconfederal (AMI) destinado a regular las relaciones entre empresarios y trabajadores en el bienio 1980-81.
 
Esta fue la primera vez en la historia de las relaciones laborales en España en que empresas y sindicatos fueron capaces de fijar una postura común sobre los aspectos de la vida social que les afectan más directamente: contratación colectiva, jornada laboral y productividad.

Apoyándose en el texto de AMI, UGT y CEOE mantuvieron una serie de reuniones con los grupos parlamentarios a fin de que los acuerdos alcanzados entre ambas organizaciones tuvieran un desarrollo posterior en el Estatuto de los Trabajadores.

En cuanto a seguridad e higiene en el trabajo, se contemplaba la posible suspensión del trabajo en caso de peligro inminente de accidente laboral y se trataban asimismo las funciones y competencias de los comités de empresa.