La historia de la transición en España es, en una buena parte, la historia de los acuerdos sociales que se firmaron en ella. Seis grandes pactos en doce años.

En la primera mitad del años 1976, ya con la  monarquía siendo Arias Navarro presidente del gobierno y Juan Miguel Villar Mir ministro de Hacienda, se inicia un proceso generalizado de huelgas que se extienden desde el centro a la periferia y en las que confluyen las demandas políticas de libertad con las peticiones salariales para forzar incrementos del poder adquisitivo de los salarios.

En este momento se produce el gran cambio de rumbo de la economía española y se firman los Pactos de la Moncloa. Diez personas suscriben el 25 de octubre de 1977 el primer gran pacto político-social de la transición.
Con los Pactos de la Moncloa se inicia una política de rentas que prevé el mantenimiento, no el aumento, del poder adquisitivo de los salarios, reduciendo al mismo tiempo la inflación, lo que implica un incremento de la productividad, una política presupuestaria de saneamiento y control del déficit público y una política monetaria restrictiva, que no convalidara la inflación importada por la devaluación de la peseta.

Los Pactos de la Moncloa fueron vinculantes para las empresas públicas e indicativos para el sector privado.
Los Acuerdos de la Moncloa duraron escasamente una año y medio. En el último trimestre de 1978, el gobierno centrista inició una nueva etapa para la concertación social: convocó a patronal y sindicatos a unas jornadas de reflexión que acabaron en estrepitoso fracaso.
 
Aunque las jornadas de reflexión de 1978 no dan resultado, aquellos encuentros sirven para que afloren las diferencias entre los modelos sindicales que representan CCOO y UGT. Marcelino Camacho, secretario general de CCOO, definía el pacto de tipo político, económico y social; el gran pacto nacional de larga duración. UGT, por su parte, plantea ya lo que será una constante en el modelo de concertación impulsado por la central socialista: un acuerdo ceñido exclusivamente a los aspectos socioeconómicos, un pacto con el que los partidos nada tuvieran que ver. Si el acuerdo fracasa en su objetivo estricto de pacto, sí consigue como mínimo favorecer el reconocimiento social de sindicatos y patronal.
       

El Acuerdo Marco Inderconfederal
El Acuerdo Marco Interconfederal (AMI) se firmó el 5 de enero de 1980. Ha sido el acuerdo más amplio y más ambicioso, tanto por el período que abarca, dos años, como por su contenido. El AMI fue un intento de regular la negociación colectiva consiguiendo, a pesar de sus limitaciones, alcanzar sus objetivos. El pacto firmado entre UGT y CCOO se ha convertido en referencia de cuantas negociaciones se han producido en lo sucesivo.
En 1980 se consigue una subida salarial del 15% lo que implicaba un aumento del poder adquisitivo de dos puntos. Pero sobre todo, el AMI introduce la cláusula de revisión, uno de los factores con que los sindicatos más hábilmente jugarán en las futuras negociaciones.

En 1980 entre el 15 de octubre y el 30 de noviembre, se celebran las segundas elecciones sindicales. Como resultado de los comicios, Comisiones Obreras seguirá siendo la fuerza mayoritaria. Pero UGT daría un salto sustancial y se afianzaría como organización obrera.

Posiblemente, en el espectacular avance de UGT tenga mucho que ver el efecto de multiplicación de los acuerdos que ha suscrito  con la CEOE y el apoyo que la patronal ha prestado al sindicato socialista. Pero sobre todo es el AMI al que UGT debe gran parte de su consolidación. Con el AMI, UGT inicia un nuevo camino en las relaciones industriales. La adhesión de USO el día 9 de enero al pacto suscrito entre la central socialista y la patronal CEOE no  hace sino reforzar el carácter de convenido de referencia del AMI ha ido adquiriendo desde que se hicieron  públicas las negociaciones.

El AMI se firma con una vigencia de dos años, por primera vez se establece una banda salarial de referencia para los convenios negociadores a su amparo que fluctúa entre el 12%-18%.

También por primera vez se introduce la revisión salarial, que en el caso del Ami contiene una especial mención en relación a la repercusión de la gasolina en el incremento de los precios.

Pero sobre todo, en el Ami se define con casi milimétrica precisión el papel de los sindicatos y las patrona les en la negociación colectiva y los derechos de las organizaciones obreras y sus representantes. Gran parte del AMI está precisamente dedicado a dibujar las funciones de los delegados sindicales.

El 3 de febrero de 1981, UGT y CEOE firman lo que se dio en llamarse el AMI-2 y que en realidad no fue sino una revisión del acuerdo suscrito un año antes.