Las negociaciones de lo que habría de ser el Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE) comenzaron antes del frustrado golpe de Estado del 23-F, pero nadie niega que en su firma tuvo gran incidencia la inseguridad democrática generada por la intentona golpista. El ANE constituye un hito en la historia de la concertación social. Por primera vez el gobierno se compromete con los agentes sociales, les reconoce como interlocutores en un plano de igualdad. El ANE fue firmado el 9 de junio de 1981.

Las negociaciones del ANE fueron complicadas y difíciles. Varias veces estuvieron las partes al borde de la ruptura. Tal vez por la necesidad de  llegar al pacto, el ANE aparece minado por acuerdos secretos que lo restan credibilidad, establecimiento de una ayuda institucional a los sindicados ayuda que se presenta como cantidad a cuenta del patrimonio sindical acumulado. El segundo pacto secreto establece los límites de la contratación temporal.

El 27 de enero se anuncia públicamente que las conversaciones se han dado por concluidas y que la ruptura definitiva de las conversaciones se anunciará cuarenta y ocho horas más tarde. Son horas de una febril actividad. El primer gobierno socialista deja el pacto. No quiere afrontar el primer año de ejercicio del poder con una negociación colectiva tenga y descontrolada. Alfonso Guerra, mantienen continuo contacto telefónico con el secretario general de la CEOE, José María Cuevas, intentando convencerle de la necesidad de afrontar el saneamiento económico del país por la vía de los pactos. Al final, la CEOE terminaría cediendo. En la decisión final de  CEOE pesó mucho que se tratara del primer gobierno de izquierdas, así como la dificultad de explicar ante la opinión pública su negativa a colaborar con los socialistas, cuando UGT lo había hecho en situaciones políticas y con gobiernos distintos.
 
El 29 de enero de 1983 se celebra una nueva reunión entre los sindicatos y la patronal. En el encuentro se supera el principal escollo: la banda salarial. UGT y CCOO y CEOE acuerdan subidas salariales del 9 al 12.5%.

Un acuerdo para la legislatura

Las elecciones sindicales de 1982 dan la hegemonía a UGT. El 9 de marzo de 1983, el IMAC da a conocer los siguientes resultados: UGT, 51772 delegados, CCOO 47016 delegados, USO, el 4.64% ELA-STV el 3.3%. ELA y la INTG se afianzan como sindicatos nacionalistas, mientras a nivel nacional sólo quedan como sindicatos representativos CCOO y UGT. En el proceso electoral votaron casi dos millones de trabajadores, de un censo de 2,5 millones.

El Acuerdo Económico y Social se firmó en el palacio de la Moncloa el 9 de octubre de 1984. José María Cuevas y Nicolás Redondo, estamparon su firma con la del presidente del Gobierno, Felipe González.
El AES tiene dos partes perfectamente diferenciadas. En la primera se recogen los acuerdos de carácter tripartito y la declaración del gobierno en materia económica. Entre los objetivos que se fijan en esta declaración se citan un aumento de la actividad económica del 3% para 1985 y del 3.5% para 1986. La inflación para el primer año se fija en un 7% y en un 6% para el segundo.

Como objetivo de déficit público se marca un 5% del PIB para 1985 y del 4.5.% en 1986. El gobierno se compromete, además a crear 25000 empleos netos en la Administración pública. Los acuerdos de carácter tripartito se refieren a fiscalidad, inversión, retribuciones de personal al servicio de la Administración, protección al desempleo,... etc.
 
La segunda parte del AES recoge los compromisos en materia de negociación colectiva entre UGT y CEOE. La banda salarial que se fija para 1985 queda situada entre el 5.5% y el 7.5%.

Cuando al amparo de la Ley de Asociación Sindical 19/77 publicada el 1 de abril, las organizaciones sindicales sean legalizadas, éstas deberán afrontar la nueva situación con sus propios medios, puesto que las medidas adoptadas por el gobierno anteriormente, las priva de acceder al usufructo de los bienes acumulados por la extinta CNS.

A raíz de la publicación en el BOE del Real Decreto que regulaba las normas para el depósito de los estatutos de las organizaciones sindicales, UGT, CCOO, USO, ELA/STV, SOC, realizaron el trámite el 28 de abril de 1977 y pudieron actuar con plena legalidad desde esta fecha.

Durante los diez días posteriores fueron legalizados el SU, la CSUT y CNT. En junio de 1977 se derogó la cuota sindical obligatoria y las uniones de trabajadores y técnicos perdieron su condición representativa.

Los Pactos de la Moncloa (1977)

Durante 1976 y primeros meses de 1977 los sindicatos se habían resistido a un pacto social por su exigencia previa de un marco democrático, pero tras su legalización y las elecciones de junio aceptaron negociar con el gobierno. Es esta primera toma de contacto formal se derivaron pocos resultados, las discrepancias alcanzaban a asuntos tan importantes como las previsiones de la tasa de inflación, el porcentaje exigible de incremento salarial y la revisión de las pensiones.