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Capýtulo 9:

 Políticas migratorias de México y Honduras: Ley para la protección del emigrante hondureño

APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS DE MÉXICO Y HONDURAS

* Política migratoria hondureña aplicada al emigrante

- Contexto

Actualmente el gobierno de Honduras mantiene una política de responsabilidad compartida, trabaja en su lucha para que el gobierno de Estados Unidos incremente el plazo del Estatus de Protección Temporal (TPS), se enfoca en lograr la legalización de sus conacionales, que se encuentran trabajando dignamente en ese país, ellos resultan ser la quinta comunidad de mayor crecimiento, aproximadamente el 11% de la población nacional hondureña vive en Estados Unidos (CONEXIHON, 2006).

Trabaja activamente en conjunto con los gobiernos de México y Guatemala dignificando los derechos de sus nacionales durante el aseguramiento y trayecto de repatriación; colabora con la sociedad civil y las organizaciones humanitarias, en retorno (voluntario o forzado) y reinserción de los emigrantes hondureños.

La capacidad de Honduras para enfrentar el fenómeno migratorio es insuficiente, según cifras de Foro Nacional para las Migraciones en Honduras se estima que cada día emigran 219 personas las cuales no encontraron en su país de origen las oportunidades para su desarrollo y sostenimiento, decidiendo arriesgarse y buscar la superación en el extranjero.

En el caso de defunción de nacionales hondureños, cada año la Cancillería hondureña cuenta con presupuesto de $1.5 millones de lempiras ($79,000 dlls.) para repatriar los restos de nacionales hondureños perecidos en territorio extranjero, principalmente al tratar de internarse ilegalmente en Estados Unidos o inmigrantes que ya residen en México. Durante 2005 éste fue el caso de 505 hondureños, el costo de repatriar sus restos desde México, Distrito Federal es de $2,000 dólares, no obstante, si ha perecido en el norte de la República Mexicana el costo asciende a $3,500 dólares. El presupuesto del gobierno hondureño en éste rubro no es suficiente para repatriar los restos de sus nacionales, porque para repatriar los cuerpos de 505 hondureños serían necesarios $29 millones de lempiras (El Investigador, 2006). El esfuerzo que realiza el gobierno de Honduras se ve limitado por la magnitud de la dinámica.

- Proyecto de Ley para la creación de un fondo de solidaridad para la protección del emigrante hondureño y su familia

El objeto del proyecto es proteger a los nacionales hondureños que arriesgan sus vidas viajando de forma ilegal a Estados Unidos a través de México y Guatemala. Se propone una política pública para salvaguardar al emigrante hondureño y su familia, encaminada a la asistencia directa de los nacionales en el exterior que se encuentren en situación de calamidad o necesidad crítica.

Entre sus funciones están: localizar en el exterior a personas que emigraron y son buscados por sus familiares, asistir a los retornados en la frontera con Guatemala proporcionando alimento, vestido, comunicación con sus familiares, pasaje para llegar a su comunidad de origen y colocarlos en programas de reinserción productiva y laboral.

Esta Ley contempla la apertura de nuevos consulados generales, ya que sólo se poseen cuatro, uno en Guatemala y tres en México (RDS, 2006).

- Acuerdo para Programa de Migración Laboral Temporal

La firma del Acuerdo Operativo y de Cooperación Técnica se realizó en 2006 entre la Cancillería de la República de Honduras, la Secretaría de Gobernación y Justicia, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y la Organización Internacional para las Migraciones. El cual establecerá un merco legal para oficializar e implementar el flujo migratorio con países amigos que estén dispuestos a recibir mano de obra hondureña calificada.

Se propone realizar contactos diplomáticos para formalizar las propuestas y lograr colocar mano de obra hondureña en el mercado internacional laboral. Una vez logrados los acuerdos con los países amigos se realiza el proceso de reclutamiento de forma objetiva, que garantice la mano de obra calificada, sin antecedentes penales y se encuentre a la altura de los requerimientos de las empresas internacionales.

Como parte del proyecto se trabaja para impulsar la aprobación de una Ley que regulará la situación laboral de hondureños en el exterior, para que éstos tengan un régimen legal que les garantice sus derechos laborales, y no sean objeto de abusos o maltratos, información publicada por la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de Honduras (SRE, 2007).

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