APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS DE MÉXICO Y HONDURAS
* Política migratoria hondureña aplicada al emigrante
- Contexto
Actualmente el gobierno de Honduras mantiene una política de
responsabilidad compartida, trabaja en su lucha para que el
gobierno de Estados Unidos incremente el plazo del Estatus de
Protección Temporal (TPS), se enfoca en lograr la legalización de
sus conacionales, que se encuentran trabajando dignamente en ese
país, ellos resultan ser la quinta comunidad de mayor crecimiento,
aproximadamente el 11% de la población nacional hondureña vive en
Estados Unidos (CONEXIHON, 2006).
Trabaja activamente en conjunto con los gobiernos de México y
Guatemala dignificando los derechos de sus nacionales durante el
aseguramiento y trayecto de repatriación; colabora con la sociedad
civil y las organizaciones humanitarias, en retorno (voluntario o
forzado) y reinserción de los emigrantes hondureños.
La capacidad de Honduras para enfrentar el fenómeno migratorio es
insuficiente, según cifras de Foro Nacional para las Migraciones en
Honduras se estima que cada día emigran 219 personas las cuales no
encontraron en su país de origen las oportunidades para su
desarrollo y sostenimiento, decidiendo arriesgarse y buscar la
superación en el extranjero.
En el caso de defunción de nacionales hondureños, cada año la
Cancillería hondureña cuenta con presupuesto de $1.5 millones de
lempiras ($79,000 dlls.) para repatriar los restos de nacionales
hondureños perecidos en territorio extranjero, principalmente al
tratar de internarse ilegalmente en Estados Unidos o inmigrantes
que ya residen en México. Durante 2005 éste fue el caso de 505
hondureños, el costo de repatriar sus restos desde México, Distrito
Federal es de $2,000 dólares, no obstante, si ha perecido en el
norte de la República Mexicana el costo asciende a $3,500 dólares.
El presupuesto del gobierno hondureño en éste rubro no es
suficiente para repatriar los restos de sus nacionales, porque para
repatriar los cuerpos de 505 hondureños serían necesarios $29
millones de lempiras (El Investigador, 2006). El esfuerzo que
realiza el gobierno de Honduras se ve limitado por la magnitud de
la dinámica.
- Proyecto de Ley para la creación de un fondo de solidaridad
para la protección del emigrante hondureño y su familia
El objeto del proyecto es proteger a los nacionales hondureños que
arriesgan sus vidas viajando de forma ilegal a Estados Unidos a
través de México y Guatemala. Se propone una política pública para
salvaguardar al emigrante hondureño y su familia, encaminada a la
asistencia directa de los nacionales en el exterior que se
encuentren en situación de calamidad o necesidad crítica.
Entre sus funciones están: localizar en el exterior a personas que
emigraron y son buscados por sus familiares, asistir a los
retornados en la frontera con Guatemala proporcionando alimento,
vestido, comunicación con sus familiares, pasaje para llegar a su
comunidad de origen y colocarlos en programas de reinserción
productiva y laboral.
Esta Ley contempla la apertura de nuevos consulados generales, ya
que sólo se poseen cuatro, uno en Guatemala y tres en México (RDS,
2006).
- Acuerdo para Programa de Migración Laboral Temporal
La firma del Acuerdo Operativo y de Cooperación Técnica
se realizó en 2006 entre la Cancillería de la República de
Honduras, la Secretaría de Gobernación y Justicia, la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social; y la Organización Internacional
para las Migraciones. El cual establecerá un merco legal para
oficializar e implementar el flujo migratorio con países amigos que
estén dispuestos a recibir mano de obra hondureña calificada.
Se propone realizar contactos diplomáticos para formalizar las
propuestas y lograr colocar mano de obra hondureña en el mercado
internacional laboral. Una vez logrados los acuerdos con los países
amigos se realiza el proceso de reclutamiento de forma objetiva,
que garantice la mano de obra calificada, sin antecedentes penales
y se encuentre a la altura de los requerimientos de las empresas
internacionales.
Como parte del proyecto se trabaja para impulsar la aprobación de
una Ley que regulará la situación laboral de hondureños en el
exterior, para que éstos tengan un régimen legal que les garantice
sus derechos laborales, y no sean objeto de abusos o maltratos,
información publicada por la Secretaría de Relaciones Exteriores
del Gobierno de Honduras (SRE, 2007).
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