Para tener una visión global de la normativa que regula la pesca en las aguas continentales de Andalucía, ésta  se puede clasificar en función del órgano del que dimana y por la materia que desarrolla:

1.    Legislación estatal.
2.    Legislación sobre pesca continental a nivel de la Comunidad Autónoma Andaluza.
3.    Leyes de conservación del medio natural relacionadas con la pesca continental.
4.    Legislación complementaria.

1.- LEGISLACIÓN ESTATAL.

El marco legislativo estatal en materia de pesca continental en la actualidad  se conforma, según el rango de las normas que la desarrolla de  la siguiente manera:

- La Constitución Española de 1978, en cuyo artículo 45 se recoge el derecho de todos los españoles a disfrutar de un medio ambiente sano, y por tanto, también, el deber de conservarlo. En este artículo se recoge también el deber de los poderes públicos de promover los medios necesarios para conservación y racionalización del uso de los recursos naturales.

Artículo 45  Medio ambiente. Calidad de vida.   

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

- El Código Civil, que dispone que el derecho de caza y pesca ha de regirse por leyes especiales.

- Para la actualización y  desarrollo de la Ley estatal que ordenaba la pesca, se promulgaron diversas disposiciones, como por ejemplo la Orden de 22 de Octubre de 1970, del Ministerio de Agricultura, que recoge los cursos de agua habitados por la trucha, y que está vigente en Andalucía en tanto la Junta de Andalucía no realice una catalogación de las aguas habitadas por la trucha en nuestra comunidad autónoma.

España ha suscrito algunos Convenios Internacionales de pesca continental, como el Reglamento de pesca de los Tramos Fronterizos entre España y Portugal.

2.- LEGISLACIÓN SOBRE PESCA CONTINENTAL A NIVEL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA.

Establece la Constitución Española, en su artículo 148.11, que las Comunidades Autónomas (y en nuestro caso la Comunidad Autónoma Andaluza) podrán asumir competencias en la pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.

Por el Real Decreto 1096/1984, se produjo el traslado de competencias a la Comunidad Autónoma Andaluza en materia de conservación de la naturaleza, asignándose desde esa fecha todas las competencias en materia de ordenación, protección, conservación y fomento de la pesca continental a La Consejería de Agricultura y Pesca, que fueron definitivamente asumidas por La Consejería de Medio Ambiente.

Corresponde, por tanto a nuestra Comunidad el dictar las normas correspondientes para la pesca fluvial en Andalucía.

Siendo  competencia de La Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de medio ambiente, se dictó el Decreto 272/1995, de 31 de Octubre, por el que se regula el examen del cazador y del pescador, el Registro Andaluz de Caza y de Pesca Continental y la expedición de licencias. Este Decreto se dicta en aplicación de la Ley 4/1989 de Conservación, que impone; la obligatoriedad de superar un examen o curso de aprovechamiento a toda persona que quiera obtener una licencia de pesca y la creación de un Registro de Infractores de Caza y Pesca.

A su vez, con dicho Decreto se crea el Registro Andaluz de Caza y Pesca Continental, cuyos objetivos fundamentales son el conocer la composición del colectivo de pescadores en la Comunidad Autónoma, impulsar la buena práctica de la pesca, erradicar el uso de métodos prohibidos y asegurar el cumplimiento de las sanciones impuestas por infracciones en materia de pesca.

La Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, regula tanto la conservación, como la caza y la pesca continental.

Anualmente la Consejería de Medio Ambiente dicta una Orden, por la cual se fijan y regulan las vedas y los periodos hábiles de pesca. La vigente en la actualidad es la Orden del 21 de diciembre de 2006, que regula las vedas y períodos hábiles de pesca continental en la comunidad autónoma de Andalucía. En esta Orden se regulan los medios para asegurar la conservación y fomento de las especies piscícolas (especies pescables y comercializables, acotados y vedados, aguas libres, vedas y prohibiciones especiales). En el 2008, con fecha de 7 de marzo de 2008, sale la Orden de 18 de febrero de 2008, por la que se modifica la anterior, en unos cuantos puntos (se suprime la anguila de la lista de especies pescables, etc).

3.- LEYES DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL RELACIONADAS CON LA PESCA CONTINENTAL.

Para el aprovechamiento de un recurso natural, como lo es la pesca continental, han de contemplarse los medios para su conservación, a fin de que la riqueza que supone dicho recurso perdure. En este sentido se pronuncia el Art. 45 de la Constitución Española, reservando en exclusiva las competencias legislativas de conservación al Estado, si bien las Comunidades Autónomas pueden establecer normas adicionales de protección.

La protección general de las especies silvestres en España está regulada por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Esta ley integra aspectos conservacionistas con el aprovechamiento cinegético y piscícola, al igual que lo hacía la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres a la cual derogó.

En consonancia con la Ley estatal, la comunidad autónoma andaluza dictó la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, donde se regula, entre otras actividades, la pesca continental. Como principios inspiradores de esta Ley, cabe destacar la protección de los recursos naturales y de la biodiversidad, abarcando tanto a las especies de la flora y la fauna silvestres, como a sus hábitats naturales y sus zonas de migración. Para la obtención de estos fines la Ley obliga a las Administraciones Públicas competentes a realizar una planificación de los recursos, de los que forma parte la fauna objeto de pesca recreativa, de modo que, se adopten las medidas necesarias para garantizar la conservación de las especies que viven en estado silvestre, con especial atención a las especies autóctonas, promoviendo la  preservación de la  diversidad y evitado la introducción y proliferación de especies, subespecies o razas distintas de las autóctonas. Igualmente se establece por esta Ley la obligatoriedad del examen del pescador y el Censo Andaluz de Caza y Pesca.

En desarrollo de la Ley estatal, se dictó el  Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies objeto de caza y pesca y se establecen normas para su protección, en el que se relacionan las especies que pueden ser objeto de  pesca deportiva y las normas para su protección, estableciendo la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan excluir o limitar de esa relación aquellas especies sobre las que decidan aplicar medidas adicionales de protección.

Igualmente sucede con el Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se determinan las especies objeto de caza y de pesca comercializables y se dictan normas al respecto, por el que se determinan las especies objeto de caza y pesca comercializables y se dictan normas al respecto.

Para la captura de especies distintas a las relacionadas en este Real Decreto 1095/1989, se requerirá de una autorización excepcional y expresa del órgano competente de la Comunidad Autónoma. Anualmente, la orden de vedas relaciona, de entre estas, cuales pueden ser pescadas en Andalucía.

Para la conservación el patrimonio natural fue aprobada la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y la Flora Silvestres, conocida como la Directiva Hábitat, para la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, cuyas materias, en gran parte, ya habían sido reguladas por la Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y Flora y Fauna Silvestres y posteriormente por el Real de Decreto 1997/1995 de Espacios naturales, que incorporó La Directiva Hábitat y establece las medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de fauna y flora silvestres. La Directiva se adoptó en el año 1992, año de la Cumbre de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y es la principal disposición comunitaria a favor de la biodiversidad. Impone la obligación de preservar los hábitat y las especies calificados de interés comunitario.

Cada estado miembro de la Unión debe determinar en su territorio y clasificar como Zonas de Especial Conservación ZEC los lugares de importancia para la protección de las especies y hábitats recogidos en la Directiva. En dichas zonas se aplicarán las medidas reglamentarias o contractuales y, en su caso, planes de gestión para su conservación a largo plazo, integrando las actividades humanas en un proceso de desarrollo sostenible. Tenemos que tener en cuenta que dentro de los hábitats considerados de especial interés comunitario están los bosques de ribera.

El conjunto de las ZEC designadas por los Estados Miembros constituirá la red europea de lugares protegidos denominada NATURA 2000. En esta red también se incluyen todas las Zonas de Especial Protección para las Aves ZEPA establecidas por la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres.

Los estados miembros pueden elegir los medios más adecuados en su territorio para asumir esta responsabilidad colectiva, sobre la base de los criterios establecidos en la Directiva (Anexo III). La Comisión ayuda a establecer la red y se cerciora de que se cumplen los objetivos fijados conjuntamente.

4.- LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA.

Existe una serie de disposiciones legales que, si bien no están directamente relacionadas con la gestión o conservación de la fauna piscícola, de algún modo afectan a la práctica de la pesca recreativa, como son:

·    Real Decreto 1/2001 por el que se aprueba el Texto Refundido de La Ley de Aguas.
·    Planes Hidrológicos de Cuenca.
·    Orden Ministerial de 31 de Enero de 1990 Ministerio de Transportes, Turismo y  Comunicaciones. Embarcaciones de Recreo.