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Capítulo 3:

 Relación laboral en la función pública

Naturaleza Jurídica de las Relaciones Laborales en la Función Pública

El doctrinario Rafael Martínez Morales, en su obra “Derecho Burocrático”, establece varias teorías acerca de la naturaleza jurídica del acto por el cual el individuo presta sus servicios al Estado, sin embargo no existe una legitimación generalizada que conceptualice la naturaleza jurídica del acto que establece la relación laboral entre el Estado y los servidores públicos, inclusive la Ley 476, no contempla taxativamente, un concepto o la forma en que se formaliza la relación laboral.
A continuación, se desarrollaran las distintas teorías que determinan el tipo de relación laboral que pueden emerger entre el Estado y los Servidores Públicos, tomando como punto de referencia su naturaleza jurídica

1) Teoría Administrativista:tiene su origen, en el hecho por el cual, surge una relación laboral entre el Estado y los servidores públicos, cuando el motivo es un acto administrativo, como es el nombramiento, que consiste en la expresión unilateral de la potestad soberana del Estado, con el objeto de asignar una función pública a la persona que considera idónea para ese cargo o desempeño. Para el desempeño de éste, sólo puede ser posible mediante la actividad del hombre y no del órgano del Estado ya que este no puede realizar tal desempeño; una vez investido de las atribuciones que mediante la ley le delega al órgano, este ejecuta la voluntad del Estado en su ámbito de competencia.

2) Teoría Autonomista o de Derecho Burocrático: su origen surge, de las diferencias que existen entre el Derecho Administrativo y el Derecho del Trabajo respecto a la función pública. Así que surge esta como una idea de tercera posición la que es un tanto ecléctica. Sostienen que las normas que regulan esta materia constituyen una rama autónoma dentro de la sistemática jurídica, en virtud de contar con disposiciones de ambas disciplinas.

3) Teoría Civilista: se trata de diversas teorías derivadas de un concepto. Consistente en que la prestación de un trabajo asalariado tiene origen en la libre manifestación de la voluntad por parte del trabajador y el patrón, los que en igualdad de circunstancias convienen las condiciones bajo las que será desempeñado el servicio; estas teorías sostienen que a partir de un acto de naturaleza contractual, el Estado obtiene la fuerza de trabajo necesaria para cumplir con las atribuciones que posee. El carácter de esta teoría, se fundamenta en la tradición Romanista y los esquemas conceptuales jurídicos del Derecho Civil que existen hoy en día, pero que resultan ambiguos para explicar ciertos fenómenos jurídicos modernos.

4) Teoría del Contrato Administrativo: basados en la teoría que explica la actividad contractual del Estado, algunos tratadistas sostienen que la función pública implica un contrato de naturaleza administrativa celebrado con el particular que decide desempeñarse como servidor público.

5) Teoría Laborista: la posición que engloba a la teoría laborista es la más aceptada, en términos generales, sostiene el carácter laboral de la relación existente entre el Estado y sus trabajadores, en virtud de observarse en ellas las características típicas de dirección, dependencia y salario propias del Derecho del Trabajo. Por ser trabajador, la persona física que presta a otra, sea esta física o moral, un trabajo personal subordinado a cambio de una contraprestación económica, es innegable el hecho que aquel que sirve a los fines del Estado en estos términos es considerado como trabajador, no obstante que en nuestro caso la relación se inicie en virtud de un  nombramiento o por lista de  trabajo temporal.

6) Teoría del Acto Unión o Acto Condición: esta teoría explica la naturaleza jurídica del acto por medio del cual se establece una relación con el Estado, ponderando: en primer lugar, la existencia de normas jurídicas previamente creadas para regular la función pública. Seguidamente, la decisión libre del Estado y del individuo para iniciar una relación de trabajo, conforme a las normas referidas; y la aplicación de dicho orden jurídico al caso concreto. Así expuesto lo anterior, realmente no encontramos mayor variación entre el acto unión y cualquier convenio; sin embargo, los momentos del acto son precisos en su descripción y se acercan con mayor objetividad a una solución satisfactoria. De ello se infiere, la presencia de un acuerdo de voluntades, elemento fundamental de la existencia de la función pública y que con independencia de su denominación constituye un convenio y contrato desde luego, no de naturaleza civil o administrativa.

CAPITULO 4
Disolución de la relación laboral

La relación laboral, termina cuando se rompe el compromiso (derechos y obligaciones) mutuo entre el trabajador y el empleador, generalmente a esa situación se le denomina renuncia, despido, rescisión de los servicios, terminación anticipada o cancelación del contrato o cualquiera que sea la forma directa o indirecta de seguir cumpliendo con las obligaciones de ambos sujetos.

En el Código del Trabajo (Ley No. 185), no establece taxativamente el termino DESPIDO, sino que se refiere a la terminación del contrato individual o relación de trabajo (Artos 40 y siguientes CT).

Además, el Código del Trabajo establece dos formas de terminar o rescindir de la relación de trabajo:

1) Terminación de la relación laboral, sin causa justificada (Arto. 45 CT).

2) Terminación de la relación laboral, con causa justa (Arto. 48).

A diferencia del Código del Trabajo de Nicaragua, la Ley objeto de estudio, sí contempla la figura del despido como una causa para perder la condición de Funcionario o Empleado de carrera (Arto. 108, numeral 2.) “Despido por haber incurrido en algunas de las faltas muy graves establecidas en la presente Ley”.  Además, establece la inhabilitación por Despido (Arto. 112), cuando “el funcionario o empleado público haya sido despedido por haber incurrido en hechos delictivos, quedara inhabilitado para prestar servicios como funcionario o empelado público en cualquier  otro puesto de las instituciones comprendidas en el ámbito del Servicio Civil por el período de inhabilitación que determine la respectiva sentencia”.

 En ese sentido, el Código Penal vigente (Ley No. 641), establece además de la pena de prisión, días multas y trabajo comunitario al declarado culpable, la inhabilitación para brindar un servicio público a funcionarios y empleados públicos que en el ejercicio de sus funciones cometieron algún hecho ilícito (tipificado como delito) y por el cual fueron procesados penalmente y condenados.

Algunas Definiciones sobre el término DESPIDO:

Para Manuel Osorio, la expresión despedir se aplica a la ruptura unilateral del contrato por parte del empleador.

Para Guillermo Cabanellas, en su Diccionario de Derecho usual, asevera que “en el mundo de las relaciones que el trabajo subordinado o dependiente origina, por despido se entiende estrictamente la ruptura o disolución del contrato de trabajo o relación de trabajo por declaración de voluntad unilateral del empleador que de tal modo extingue el vínculo jurídico que lo une con el trabajador a su servicio”.

Semejante es la definición que Mario de la Cueva, da al concepto de RESCISIÓN: “es la disolución de las relaciones de trabajo, decretada por uno de sus sujetos, cuando el otro incumple gravemente sus obligaciones”.

Además, el erudito Mario de la Cueva, define la terminación como “la disolución de las relaciones de trabajo por mutuo consentimiento o como consecuencia de la interferencia de un hecho, independiente de la voluntad de los trabajadores o de los patrones que hace imposible su continuación”.

Clases de DESPIDOS:
Mediante el estudio de la doctrina laboral de reconocidos laboristas, se logra establecer la siguiente clasificación sobre el despido. Cabe señalar, que algunos de ellos se ajustan a los ejemplos regulados por nuestra legislación.

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