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Capýtulo 21:

 Profesionalización de los servidores públicos

Fortalecimiento de las instancias de RRHH de los Ministerios encuestados: Efectivamente, las instancias de recursos humanos de los ministerios encuestados manifestaron en un 100% que han sido capacitados, a través de talleres, seminarios y foros sobre el servicio civil.

Porcentaje de capacitaciones recibida en el año 2006 sobre la Ley 476, los SP en los Ministerios encuestados: El 20% (2) de los responsables de las instancias de RRHH manifestaron que en las instituciones no han recibido capacitaciones sobre la Ley, mientras que un 30% (3) que este año han recibido dos (2) capacitaciones sobre la referida norma, el 20% (2) expusieron que tres (3), un 10% (1) expreso han recibido cinco (5) capacitaciones  los SP, otro 10% (1) exteriorizaron que seis (6) y sólo un 10% (1) exhibieron que en ese Ministerio han recibido doce (12) capacitaciones sobre la Ley 476.

Asimismo, se logro constatar que el 80% (8) de los Ministerios del Poder Ejecutivo han recibido capacitaciones sobre la Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, salvo el restante 20% (2) de los encuestados que manifestaron que no han recibido ningún tipo de capacitación sobre este cuerpo legal.

Apoyo a los SP por los Ministerios para realizar cursos técnicos, terminar sus estudios de primaria, secundarias y nivel superior, postgrado, maestrías o doctorados de especialización: Entre las forma en las que las instituciones públicas apoyan a los SP para su capacitación técnica y especializada, están: en un 33% a través de permisos, en un 21% con financiamientos, en un 42% con la solicitud de becas, ya sean nacionales e internacionales y un 4% con el subsidio del transporte.

Capacitaciones recibidas sobre “Ética en la Función Pública”: En lo que respecta a las capacitaciones recibidas por los servidores públicos en la temática de ética en la función pública, las personas encuestadas manifestaron que las han recibido en un 70% y sólo un 30% refirieron que no.

Régimen disciplinario

Sanciones administrativas a Funcionarios y Empleados Públicos por la comisión de faltas leves, graves y muy graves en los Ministerios encuestados: Del total de población encuestada (10), sólo el 30% (3) responsables de las áreas de RRHH de los Ministerios del Poder Ejecutivo, refirieron que se han presentados dos (2) casos de comisión de faltas muy graves por SP, un (1) caso de faltas graves y un (1) caso de faltas leves. En cambio, el restante 70% (7) de los encuestados, manifestaron que no han conocido ningún caso relevante de comisión de faltas administrativas en el año 2006.

Aplicación de los Recursos que la Ley 476 establece en caso de sanciones administrativas e instancias a las que recurrieron los SP: Pese ha que más de la mitad de las personas encuestadas, expresaron que no han conocido casos de faltas administrativas por SP, al preguntarles a que instancia recurren los SP sancionados, a fin de hacer uso de los recursos que la Ley 476 contempla, en ese sentido, el 20% (2) de los responsables de RRHH expusieron que recurren a las instancias de recursos humanos, otro 20% (2) demandan ante los Juzgados del Trabajo, un 20% (2) acuden al Ministerio del Trabajo, un 10% (1) reclaman ante el Tribunal de Apelaciones y un 30% (3) refirieron que los SP sancionados no recurren a ninguna instancia.   

Estabilidad Laboral de los Servidores Públicos

Nivel de conocimiento de la Sentencia No. 33-2005 de la Sala Laboral del Tribunal de Apelaciones de Managua y su cumplimiento: El 100% (10) de las personas encuestadas afirmaron que conocen jurisprudencia laboral que garantiza la estabilidad laboral de los SP, aplicabilidad de la Ley 476 y otras disposiciones especiales, asimismo conocen y cumplen la Sentencia No. 33-2005 de la Sala Laboral del Tribunal de Apelaciones de Managua, que establece que ningún SP puede ser despedido en base al artículo 45 del Código del Trabajo, sino bajo los procedimientos que la Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa establece, es decir por la comisión de una falta muy grave o reiteradas faltas graves que ameriten el despido, siempre que se cumpla con los procedimientos previstos en dicha norma.

Además, manifestaron conocer la circular del Ministerio del Trabajo que suple la falta de los órganos del servicio civil, por lo cual, conoce de las solicitudes de cancelaciones de contratos laborales, rigiéndolos bajo el procedimiento administrativo común, como si las relaciones contractuales y laborales de los SP se trataran de relaciones laborales de empresas privadas.  

Percepción de las y los responsables de RRHH sobre las garantías de Estabilidad Laboral en los Ministerios, considerando este año 2006, un año de elecciones presidenciales: El 60% (6) consideran que las posibilidades de garantizar estabilidad laboral de todos los SP al servicio del Poder Ejecutivo son “altas”, el 20% (2) opinaron que las posibilidades son “medias”, el 10% (1) “bajas” y finalmente el 10% (1) no respondió a la interrogante al momento de la aplicación de la encuesta.

Posibilidades de estabilidad laboral en la Administración Pública, si ganara un partido político de distinta ideología del actual gobierno: Según la percepción de las y los responsables de RRHH, el 40% (4) consideran que si se mantendría y se garantizaría la estabilidad laboral de los SP de la Administración Pública, sin embargo, un 50% (1) opinan que no habrá estabilidad y el restante 10% (1) no quisieron responder a dicha hipótesis.

Dicha conjetura se hizo realidad, cuando en noviembre del año 2006, el Consejo Supremo Electoral, declaro como virtual ganador del comicios al Comandante Daniel Ortega Saavedra, candidato por la Presidencia de la República por la Convergencia Nacional y en representación del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), cambiando por tanto, la ideología política de la administración pública, causando por ende un profundo cambio en la forma de gobierno, los intereses sociales y económicos, las políticas del servicio público, entre otros.

Sin generalizar, pese a que la historia no permite mentir, se puede afirmar que en el año 2007, situación que se ha venido profundizando en los años 2008, 2009 y 2010, nuevamente la función pública sufre un proceso de acomodamiento, al ser despedidos en primer lugar los cargos de confianza, desde titulares de direcciones generales y especificas, hasta las secretarias y conductores de los mismos. Luego, inician los procesos de recorte de personal, mediante la figura de la reestructuración o reorganización de la institución, cumpliendo con el procedimiento legal que establece la Ley No. 476, a fin de que el ente rector la DIGEFUP, apruebe las masivas cancelaciones de contratos de trabajo de las y los servidores públicos. Otros sin embargo, son despedidos ilegalmente, sin cumplir con el procedimiento que establece la Ley para terminar la relación laboral por causa justa, sin atender el estricto cumplimiento del régimen disciplinario y la comisión de faltas muy graves que son sancionadas por el despido o suspensión laboral sin goce de salario.

Éste camuflaje utilizado por las nuevas autoridades, como en todo cambio de gobierno, surgen previstamente las conocidas “barridas” de servidores públicos, los motivos del irrespeto al espíritu de la Ley que pretende garantizar estabilidad laboral a las y los servidores públicos, pueden ser innumerables, sin embargo, se pueden concretizar dos: la primera puede obedecer a que no sean militantes del partido de gobierno, es decir que no comparte ideología política, no son afines, no votaron por ellos, entre otras posibilidades, la segunda puede consistir en el cumplimiento de las promesas políticas electoreras, quizás se comprometieron puestos, cargos, plazas en Ministerios, entes descentralizados, empresas del gobierno, etc.

Cualquiera que sea la razón de despidos en la administración pública, sin existir causa justa, esta mala costumbre perjudica directamente a la Administración Pública, debilitándola al deshacerse de un personal idóneo, capacitado, con experiencia y conocimiento del trabajo que realiza en el servicio a la ciudadanía, es decir pierde fortaleza la calidad, calidez y eficacia la función pública.

Justamente, se puede analizar a grandes rasgos, el proceso de cambio de personal de la Administración Pública en los últimos dos años (2007 y 2008), a través de reportes periodísticos, principalmente de la prensa escrita, en la que se denuncia arbitrariedades en las distintas dependencia de gobierno por despidos masivos e ilegales, por ejemplo, denuncia de las y los ex servidores públicos del Ministerio de Transporte e Infraestructura, Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) y Empresa Portuaria Nacional (EPN).

Considerando lo antes reflexionado, queda claro, que la Ley de Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, se aplica a discrecionalidad de los titulares de cada institución, en algunos casos inclusive puede ser fácilmente manipulada al inventar reestructuraciones o reorganizaciones internas que indirectamente son utilizadas para prescindir de recurso humanos “indeseables” en la Administración Pública. Dicha práctica inadecuada, que por cada período de cambio de gobierno, se presenta como una cultura aceptada no por su legitimidad o legalidad, que está sujeta a tela de juicio, sino que la costumbre prevalece sobre la Ley, a pesar de ser una costumbre totalmente negativa e inmoral.

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