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Capítulo 22:

 Ley de servicio civil. Conclusiones

Analizada la información obtenida de la investigación realizada y considerando los resultados, se procede a  plantear las siguientes conclusiones:

Antes de desarrollar los tips sobre las deficiencias, faltas, limitantes y vacíos de la Ley No. 476, es indispensable aclarar que a pesar de ser ésta una ley meramente procedimental, apegada su análisis mayormente a los conceptos doctrinales y jurídicos del Derecho Administrativo, se consideró también aspectos de ámbito laboral, ya que esta es una Ley mixta (ámbito del derecho administrativa y laboral). De tal manera, que no se puede comprender su estudio sin la relación de ambas materias jurídicas, por ser estas indispensables y complementarias para garantizar los derechos laborales de los servidores públicos en su carácter de prestador de sus servicios (trabajador) ante las  arbitrariedades que cometa el empleador (Estado), en la relación laboral, mediante la inobservancia por acción u omisión de la Ley 476.

1) Efectivamente la aplicación de la Ley No. 476 “Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa es papel mojado, ya que se implementa a conveniencia de los intereses políticos o personales de los empleadores en las diferentes instituciones públicas.

2) Los procesos de provisión resultan engorrosos, desconocidos a lo interno de la institución y más hacía lo externo, no se dan los concursos de competencia y conocimiento de las personas interesadas en optar al puesto limpio, legal, sin influencia de ningún tipo.

3) No se están cumpliendo con el régimen disciplinario para sancionar a los servidores públicos que cometan faltas muy graves.

4) La cancelación de contratos de trabajo de manera ilegal, causan graves perjuicios al presupuesto de la institución, por la cancelación de liquidaciones de prestaciones laborales o pago de indemnizaciones.

5) Despidos ilegales a través de la figura de la reestructuración o reorganización en las instituciones, desvirtuando el objetivo de la ley para utilizar éste recurso como un medio indirecto de despido de servidores públicos.

6) Necesidad de que la DIGEFUP sea independiente y nombrada directamente por la Asamblea Nacional, a fin de evitar la manipulación política del Poder Ejecutivo, siendo en éste caso el Presidente de la República, el empleador directo en representación del Estado de Nicaragua, quien además dicta las directrices del servicio civil, siendo juez y parte, sin dejar clara la separación de las partes en la relación laboral.

7) Las y los titulares de las áreas de Recursos Humanos de las instituciones regidas por la Ley No. 476, a pesar de contemplarse como uno de los órganos fundamentales del servicio civil, estos no gozan de autonomía para decidir libremente todo lo relacionado a la provisión de puestos, evaluación del desempeño y régimen disciplinario.

8) Falta de cumplimiento del procedimiento administrativo para la terminación de la relación laboral, por parte del empleador, ha provocado un sinnúmero de arbitrariedades que vulneran los derechos laborales de las y los servidores públicos.

9) Falta de partida presupuestaria que permita promover los procesos de provisión de puestos en la administración pública, lo que transgrede el principio de libre acceso a la función pública.

10) Falta de un Reglamento o Manual de procedimiento y actuaciones en la función pública que limite el poder y discrecionalidad de las y los titulares de las instituciones regidas por la Ley 476, a fin de evitar la práctica abusiva de  constantes solicitudes de reestructuraciones y reorganizaciones que tienen como objetivo realizar masivos despidos, pero de una forma indirecta.

11) A pesar de que la Ley de Acceso a la Información Pública, concede el derecho a cualquier ciudadano a solicitar información en las instituciones públicas sobre el trabajo que realizan, la DIGEFUP no permite el acceso a datos estadísticos de las realidades del proceso de implantación del servicio civil, tales como: número de las nuevas contrataciones de servidores públicos, reestructuraciones y reorganizaciones, despido del personal, dicha falta de información limita que se haga un análisis sobre la eficacia, aplicación e implantación de la Ley No. 476, por ende el irrespeto al principio de estabilidad laboral de las y los servidores públicos.

12) El desconocimiento del contenido de la Ley 476, a facilitado la indefensión de los servidores públicos ante los abusos de los empleadores (Titulares de las diferentes instituciones pública de ámbito de aplicación de la ley) en representación del Estado.

13) Una vez que el servidor público agota la engorrosa vía administrativa, ya sea que hizo uso de los recursos administrativos de revisión y apelación ante el funcionario que emitió el acto administrativo que lesionó sus derechos Constitucionales, laborales y humanos, para posteriormente acudir ante la Comisión de Apelación del Servicio Civil, segunda instancia mediante la cual agota la vía administrativa, teniendo dos opciones interponer Recurso de Amparo por violación a derechos Constitucionales o Demandar ante el Juzgado del Trabajo respectivo, el reconocimiento de los derechos laborales que le correspondan, dictando sentencia a favor o en contra del ex servidor público, de conformidad al Libro II del Código del Trabajo sobre la parte procesal laboral.

14) Que por el mismo desconocimiento de la Ley por parte de los servidores públicos, estos no acuden a las instancias competentes para dirimir los conflictos laborales, entre estos: no hacen uso de los recursos que la ley dispone para agotan la vía administrativa ante la propia institución empleadora; la Comisión de Apelación del Servicio Civil, Juzgados del Trabajo, Tribunal de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia. En el caso de servidores públicos que gozan de fuero sindical o mujeres embarazadas, desconocen que deben de agotar la vía administrativa ante el Ministerio del Trabajo, por tratarse de derechos laborales de mayor jerarquía e interés para el Estado en tutelarlos, además, es el Ministerio del Trabajo el que autoriza la creación de sindicatos, su inscripción, las actas, la inscripción de la junta directiva electa por la mayoría de los afiliados, ect.

15) Falta de compromiso e interés político por parte de los lideres gobernantes en respetar y cumplir la Ley No. 476, primordialmente fomentar la legalidad y acatamiento a los principios de Libre Acceso y Estabilidad Laboral de los servidores públicos de carrera.

16) El irrespeto y la falta de aplicación de la Ley 476, ha causado perjuicios económicos al Estado, considerando que el incremento en el número de despedidos en al Administración Pública provoca disminución en la cartera presupuestaria ante los pagos de liquidaciones e indemnizaciones provenientes de las reestructuraciones, despidos por la comisión de faltas muy graves previo al procedimiento administrativo disciplinario e inclusive por terminación de contrato de forma ilegal; además provoca debilidad en la calidad y eficiencia de los servicios que brinda la Administración Pública, al quedar debilitada la institución por la carencia de recursos humanos que por años habían sido capacitados, especialista, técnicos y científicos que muchas veces el mismo Estado pago sus estudios, se pierde la experticia y experiencia del personal despedido y se carga de trabajo al resto, por la falta de recursos humanos o por que el nuevo personal contratado inicia el proceso de inducción y aprendizaje del funcionamiento operativo y sustancial de cada institución.

CAPITULO 25
Ley de servicio civil. Recomendaciones (1/2)

A la Asamblea Nacional:

1) Que la Comisión Laboral de la Asamblea Nacional, promueva la iniciativa de Reformar la Ley No. 476, a fin de sub sanar los vacíos que ésta presenta, tales como:

a) Falta de una clara definición de los cargos de confianza.

b) Falta de una perspectiva de igualdad de oportunidades de acceder a la función pública tanto de hombres como mujeres en igual porcentaje, así como el derecho de ser promovida o promovido a puestos vacantes de mayor jerarquía

c) Dotar de independencia en la toma de decisiones de las y los titulares de las áreas de recursos humanos en los procesos de provisión de puestos, evaluación de desempeño y régimen disciplinario, procedimientos administrativos donde éste órgano del servicio civil juega un papel fundamental.

d) Otorgar independencia administrativa, funcional y financiera al ente rector del servicio civil, representado por la Dirección General de Función Pública (DIGEFUP), instancia supeditada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien le delego sus funciones y atribuciones como órgano del servicio civil. En vista que el ente rector tiene dos funciones dentro del sistema de la función pública: rector del servicio civil y empleador, dicha bi-funcionalidad del ente rector, vicia de alguna manera la imparcialidad e idoneidad de las decisiones que toma respecto al servicio civil.

e) Que el ente rector se dirigido por un cuerpo colegiado de al menos tres funcionarios, con diferentes especialidades, como la Comisión de Apelación del Servicio Civil, a fin de consensuar y tomar decisiones objetivas e idóneas en beneficio del servicio civil.

A la Presidencia de la República:

1) El Presidente de la República, como máxima autoridad del Servicio Civil, es necesario asumir el compromiso moral de respetar y promover el cumplimiento de la aplicación de la ley No. 476 y su Reglamento, con el objetivo de erradicar la costumbre negativa de que ante los cambios de gobiernos se efectúan masivos despidos de servidores públicos, siendo éste fenómeno llamado popularmente como las “barridas o la escoba”, de quienes son considerados como no compatibles con la ideología partidaria y política del gobierno en turno.

2) Se garantice el Estado de Derecho en Nicaragua, a través del estricto respeto y cumplimiento de las leyes, especialmente la Ley No. 476, que tienen como fin garantizar la estabilidad laboral de las y los servidores públicos en base al merito y el libre acceso a la función público de toda persona sin discriminación de sexo, raza, religión, ideología política o partidaria. Sin más requisito que ser apto y cumplir con los requerimientos del puesto vacante, concursando con los demás candidatos en un proceso transparente y apegado a la ley.

Al Ministerio de Hacienda y Crédito Público:

1) Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como representante de uno de los órganos del servicio civil (ente rector), incluya en cada período, en la propuesta de Ley de Presupuesto Anual de la República, una partida presupuestaria destinada para:

a) Promover la implantación del servicio civil.

b) Para asumir costos de publicidad y divulgación de los proceso de provisión de puestos.

c) Asimismo, para cumplir en tiempo y forma (en base al Código del Trabajo) con el pago de liquidaciones e indemnizaciones a ex funcionario y empleados públicos.

2) Girar directrices a la Dirección General de Funciones Públicas, sobre la elaboración del Manual de procedimiento de la aplicación de la Ley, particularmente, crear controles que impida que las y los titulares de las instituciones dentro del ámbito de competencia de la ley, de manera irresponsable y sistemática soliciten la aprobación de procesos de reestructuración o reorganización dentro de las instituciones, siendo sub utilizada ésta figura (Arto. 111 de la Ley) para realizar masivos despidos de manera indirecta. Siendo a demás, una manera de “camuflar” el objetivo real del empleador.   

A la DIGEFUP:

1) Que el proceso de implantación del servicio civil no se desarrolle en un proceso paulatino de capacitaciones sobre el contenido general de la Ley, en una o dos sesiones de taller dirigido a un número determinado de servidores públicos. Es necesario por tanto, impartir capacitaciones más operativas y prácticas que le permitan al funcionario o empleado público conocer los mecanismos para defender sus derechos ante las ilegalidades del empleador.

2) Que el ente rector debe interiorizarse que fue creada como ente rector del servicio civil y especialmente para defender los derechos laborales de los servidores públicos, por ser la parte más débil en la relación laboral, además, debe verse como una instancia imparcial, apartidista y apolítica.

A la Comisión de Apelación del Servicio Civil:
1)
Que se inicie una campaña de promoción y defensa de los derechos laborales de los servidores públicos, a fin de que sea del conocimiento público la competencia y funcionamiento de la Comisión, especialmente, lo concerniente al procedimiento administrativo que deben de agotar y los recursos que tienen derecho de usar en el proceso, en defensa de sus derechos Constitucionales, laborales y humanos.

2) Que sea de conocimiento público el Manual de funcionamiento de la Comisión de Apelación del Servicio Civil, es decir de conocimiento general de los servidores públicos, tal y como se conoce el Código del Trabajo.

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