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Capítulo 4:

 Disolución de la relación laboral. El despido

EL DESPIDO JUSTIFICADO:
Un despido es justificado cuando existe una causa justa debidamente comprobada que lo haya motivado. La Ley 476 determina en el artículo 51, numeral 3 y artículo 52, numeral 3, que en virtud de la comisión de faltas muy graves, se aplicará como sanción administrativa la cancelación del funcionario o empleado o suspensión temporal de funciones de entre uno o tres meses sin goce de salario, previó proceso administrativo disciplinario regulado por la Ley (Resolución Comisión Disciplinaria Tripartita).

Anteriormente, se comentaba sobre la terminación de la relación laboral por causa justa, establecido en el artículo 48 del Código del Trabajo, que reza así: “El empleador puede dar por terminado el contrato…cuando el trabajador incurra en cualquiera de las siguientes causales: a) Falta grave de probidad…”.

La Ley 476, establece claramente las faltas muy graves (Arto. 55), que ameritan la cancelación del contrato o suspensión temporal entre uno a tres meses sin goce de salario (Arto. 52, numeral 3), siendo justo o legal el despido, en tanto, se someta el funcionario o empleado público al proceso administrativo disciplinario, mediante el cual, se determinara la responsabilidad por la comisión de una o varias faltas muy graves. Sin detrimento del proceso investigativo que realice la Contraloría General de la República (CGR), a través de auditorías, ante la presunción de desvió, malversación, mal uso de los recursos del Estado. Atendiendo, también los deberes, derechos y responsabilidades establecidas en la Ley de Probidad de los Servidores Públicos.     

Entre las cusas justas, que están las relacionadas a la capacidad del funcionario o empleado público, el artículo 55 de la Ley 476, contempla:

“…5. Evaluación de desempeño deficiente por dos períodos anuales consecutivos… y …11. Cobrar salario sin efectuar el trabajo que lo justifique…”.

Además, el mismo artículo describe las causas justas de cancelación de la relación laboral entre el funcionario o empleado público y el Estado, relacionadas con la conducta de éstos:

“…2. Toda actuación discriminatoria en el ejercicio de la función pública por motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, opinión, origen, posición económica o condición social…3. Causar daños maliciosos en bienes de la Institución y de los particulares, en el desempeño de las funciones propias de su puesto…10. Acciones u omisiones imprudentes que afecten la seguridad de las personas, incluyendo la portación de armas…13. Ser condenado a penas privativas de libertad o inhabilitación para ejercer cargo público por sentencia judicial firme…”.

EL DESPIDO NULO:
Un despido es nulo cuando la causa o razón determinante del despido es manifiestamente contraria al ordenamiento legal, constituyendo una grave violación de derechos fundamentales del trabajador. Por lo cual, se demanda el REINTEGRO, agotando la vía administrativa haciendo uso de los recursos que la Ley 476 regula; acudiendo a la vía judicial a través del Juzgado del Trabajo respectivo o Amparándose de la resolución administrativa que claramente violente los Derechos Laborales contemplados en la Constitución de la República y demás leyes que reconozcan derechos de los funcionarios y empleados públicos que por derecho le corresponda, como trabajadores del Estado. En las tres instancias lo que reclama el recurrente es su reintegro al puesto de trabajo que desempeñaba antes del despido ilegal o nulo, en idénticas condiciones.

EL DESPIDO ARBITRARIO:
Existen dos tipos de despido arbitrario: el que es arbitrario porque no se ha expresado causa alguna (ad nutum o incausado) y el que es arbitrario porque habiéndose alegado causa justa, ésta no ha podido ser demostrada judicialmente, con el único efecto reparatorio para ambos, el de una indemnización.

Despido Incausado o Ad Nutum:
Se produce el denominado despido incausado o ad nutum, que algunos autores lo catalogan también como improcedente o inmotivado, cuando se despide al trabajador, ya sea de manera verbal o mediante comunicación escrita, sin expresarle causa alguna derivada de la conducta o la labor que la justifique.

Despido Fraudulento:
Se produce el denominado despido fraudulento cuando se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, por ende, de manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones laborales; aun cuando se cumple con la imputación de una causal y los cánones procedimentales, como sucede cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios o, asimismo, se le atribuye una falta no prevista legalmente como justa, vulnerando el principio de tipicidad

Despido Injustificado:
Constituye ser aquel despido que se produce cuando la "causa justa" alegada por el empleador no ha podido ser demostrada en juicio.

La Ley 476, establece los derechos laborales de los servidores público, sin menoscabo de los que reconoce el Código del Trabajo (Ley No. 185), en ese sentido, al reclamar el reconocimiento de derechos laborales, como el pago de indemnización por antigüedad, de tres meses de salarios por los primeros tres años laborados y veinte días de salario por los otros años, sin que esto exceda de cinco salarios ni tampoco podrán ser menos de un mes de salario.  También, se debe de tomar en cuenta los derechos que disponga el Convenio Colectivo de la Institución empleadora, siempre y cuando beneficie al servidor público su aplicación, por ejemplo, que el servidor público reciba en concepto de indemnización por antigüedad cinco meses de salario completos equivalentes a cinco años de trabajo.

En estos tres casos: Despido Incausado o Ad Nutum; Despido Fraudulento y Despido Injustificado, la Constitución de Nicaragua y demás normativa, disponen como seguridad jurisdiccional, el Recurso de Amparo, establecido su procedimiento en la Ley de Amparo, la cual tiene rango Constitucional.

EL DESPIDO INDIRECTO
Cuando el trabajador es víctima de actos de hostilidad y en suma son una serie de conductas que constituyen faltas del empleador e incumplimiento de sus obligaciones, en estos casos el servidor público tiene el derecho de accionar con la finalidad de lograr el cese de dichos actos. Sin embargo, dicho trabajador excluyentemente también puede optar por no demandar el cese de los actos hostilizatorios y más bien, dadas las complicadas circunstancias laborales generadas por la hostilidad sufrida, puede preferir simplemente darse por despedido. Cuando el trabajador se decide por esta última opción, estamos ante un despido indirecto.

Lo anterior, es una práctica generalizada que muchas veces ocurre en las instituciones públicas, donde presionan al servidor público, cargándolo de trabajo, exigiéndole la ejecución de más funciones de las que sí están establecidas en el Contrato de Trabajo, haciendo señalamientos verbales de su supuesta incompetencia laboral (de manera privada o en público), esto con el fin de crear un ambiente hostil, de maltrato verbal, psicológico, es decir el denominado acoso laboral, con el fin de que el servidor público “voluntariamente” decida presentar su renuncia o de hecho se sienta despedido.

Término Renuncia:
La Ley 476, “considera renuncia al puesto, la extinción voluntaria de la relación de empleo por parte del funcionario o empleado, la cual deberá ser interpuesta ante su superior inmediato por escrito, con quince días calendarios de anticipación. 

En caso contrario, la extinción voluntaria será considerada abandono del servicio con los efectos disciplinarios correspondientes.

No obstante lo anterior, la renuncia no inhabilita para participar en todo momento y como cualquier otro aspirante, en las pruebas selectivas de nuevo ingreso en las instituciones de la Administración del Estado” (Arto. 110 Ley 476).

Otra forma de la terminación de la relación laboral:
Como una costumbre negativa, se observó durante el período de gobierno del ingeniero Enrique Bolaños G. (2002 – 2006), un afán desesperado por garantizar la perpetuidad de los servidores públicos en los puestos de trabajo en la Administración Pública, por lo cual, se aprobó en el parlamento la Ley 476, siendo notorio además, el hecho que en menos de un mes de entrada en vigencia la referida ley, el presidente publicó el Decreto 87-2004, con el objetivo de que inmediatamente se aplicara y se iniciara con la implantación del régimen del servicio civil.

En ese sentido, rápidamente el ente rector del servicio civil, la DIGEFUP, inició con la clasificación de puestos, el proceso de acreditación, impartir capacitaciones al personal de la Administración Pública, sobre el contenido de la ley, así como la fiscalización del proceso de provisión de puestos.

Estas supuestas garantías de “estabilidad” o búsqueda de la perpetuidad o permanencia en el puesto, no sólo en base al merito, sino que también como una forma de causar perjuicio al nuevo gobierno entrante, se dejó abierta la posibilidad en la ley de cancelar contratos de trabajo, solicitando al ente rector (Arto. 111 Ley 476), la aprobación de reestructuraciones y Reorganizaciones institucionales, que algunas veces necesarias y otras camufladas las intensiones de simplemente deshacerse del personal que no se identifica con la ideología política y partidaria del gobernante, justificando la cancelación de contratos laborales como “necesarios”, destinando el pago de nomina para suministrar a la institución de otros recursos materiales y técnicos indispensables para el buen funcionamiento de la Administración Pública.

Siendo la figura de la reestructuración o reorganización institucional, otra forma de rescindir de los servicios de funcionarios y empleados públicos, que a pesar de su capacidad, eficiencia, meritos e idoneidad, el Estado termina con la relación laboral.

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