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Capýtulo 6:

 Administración pública. Sistema retributivo

Hasta el momento, el ente rector no ha logrado terminar el proceso de homogenización de clasificación de puestos de cada una de las instituciones públicas donde se aplica la Ley 476, de tal manera que el Estado se ve imposibilitado de determinar una política salarial uniforme de los servidores públicos. Esta falta de beligerancia de parte del ente rector y el Ministerio de Hacienda y Crédito Públicos, limita que se cumpla efectivamente la Ley, en tanto no se pueden efectuar reubicación o traslados de funcionarios y empleados públicos dentro de una misma institución a otra que este dentro del servicio civil, donde según clasificación y descripción de puesto realiza las mismas funciones y por ende merece recibir el mismo salario.

Actualmente, las y los funcionarios y empleados públicos, reciben salarios diferentes entre una institución y otra, las causas son el desorden histórico, las voluntades políticas, amiguismos o preferencias por parte del que establece los montos salariales por los cuales serán contratados los servidores públicos.

Dicha desigualdad salarial, inclusive a lo interno de cada institución, violenta los derechos laborales que establece la Constitución Política de Nicaragua, en el artículo 82, numeral 1 y 6, que dicen: “Los trabajadores tienen derecho a condiciones de trabajo que les aseguren en especial: 1) Salario igual por trabajo igual en idénticas condiciones…6) Estabilidad en el trabajo conforme a la ley e igual oportunidad de ser promovido, sin más limitaciones que los factores de tiempo, servicio, capacidad, eficiencia y responsabilidad…”.

 

La falta de una política retributiva de la Administración del Estado, como elemento básico de motivación y gestión de sus recursos humanos, es uno de los aspectos que impide la efectiva implantación del servicio civil en Nicaragua, en vista que aún existe la desigualdad salarial de los servidores públicos al servicio del Estado, dicha situación de evidente violación a los derechos fundamentales, laborales y humanos, seguirán siendo trasgredidos, en tanto no se respeten los principios de igualdad, equidad y competitividad que establece la Ley para establecer el sistema retributivo.

El artículo 30 de la Ley 476, define claramente estos tres principios:

1) Igualdad: …tendrán asignadas sus remuneraciones atendiendo al criterio de que a igual nivel de clasificación le corresponde igual salario.

2) Equidad: …eliminando toda forma de discriminación o tratamiento desigual.

3) Competitividad: …se utilizará como referencia tanto al mercado retributivo privado como la política salarial de la Administración del Estado vigente.

El artículo 117 de la Ley 476, establece que el sistema de clasificación de puestos es la base fundamental para la implantación del Sistema Retributivo. El MHCP es el responsable de su aplicación de forma progresiva. El salario del servidor público debe salvaguardarse, de manera que el medio de pago no produzca erogaciones o reducciones del salario pactado y de producirse deberán ser asumidos por el empleador.

En ese sentido el artículo 122 del Reglamento de la Ley 476, Decreto 87-2004 (Disposiciones transitorias y finales), dispone que: “De conformidad con el Arto. 117 de la Ley, la implantación del Sistema Retributivo se hará de forma progresiva, en función de la estrategia de implantación y las disponibilidades presupuestarias, priorizando a las instituciones en las que el Sistema de Clasificación de Puestos se haya implantado y en las que, progresivamente se haya acreditado al personal a la Carrera Administrativa. Mientras no se implante el Sistema Retributivo, todos los conceptos salariales percibidos por los servidores públicos, permanecen en las condiciones actuales, considerando a todos los efectos en que la Ley hace referencia al salario de nivel, al salario básico asignado actualmente a la plaza”.

También, el artículo 111 del Reglamento de la Ley, establece la Política Retributiva, como la definición de lineamientos generales que orientan con objetividad las formas de retribución y la estrategia de aplicación de la misma para los servidores públicos de la Administración del Estado, fundamentada en la identificación de principios, criterios e indicadores macroeconómicos.

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