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Capýtulo 16:

 Servicio civil. Libre acceso (1/3)

PRINCIPIO DE LIBRE ACCESO AL SERVICIO CIVIL Y PRINCIPIO DE ESTABILIDAD LABORAL EN LA CARRERA ADMINISTRATIVA EN EL PODER EJECUTIVO

Origen del principio de libre acceso

A finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX se proclamó y practicó como la gran conquista del pensamiento liberal y democrático el irrestricto y rotativo acceso de todos los ciudadanos a los cargos públicos sin discriminación alguna, durante la segunda mitad del siglo XIX, presenciaron el establecimiento y afianzamiento ocupacional de una burocracia profesional o, por lo menos, técnica, que tras confiada lucha ha conquistado o tiende a conquistar regímenes estatuarios de garantías, empezando por la expresión constitucional de la inamovilidad. Y con ello, pendularmente, resurge el clamor que la tecnificación del funcionario público, es decir, la profesionalización de los servidores públicos del Estados, con el propósito de acabar con la viciada costumbre de la apropiación de los  "puestos" públicos, por un limitado grupo de personas dentro de un selecto estatus social, quienes reciben exagerados salarios, dietas, reconocimientos monetarios, etc., provenientes del presupuesto nacional, aumentado la carga pública de los ciudadanos, violentándose, así, el libre acceso de todos los individuos a optar a cargos públicos.

 Régimen jurídico del Principio del Libre acceso

En cuanto a Derecho Comparado se refiere, existe en gran parte de los textos Constitucionales Latinoamericanos, el reconocimiento del derecho de toda persona a acceder a un trabajo en condiciones dignas (Argentina, Colombia o Paraguay), equitativas (Honduras), justas (Colombia y Paraguay) y satisfactorias (Honduras), llegando incluso como en nuestro país Nicaragua, a disponer que es deber del Estado procurar la ocupación plena y productiva de todos, en condiciones que garanticen los derechos fundamentales de la persona (Arto. 80 parte in fine).

Además, la Constitución Política de Nicaragua, en el Titulo IV “Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo Nicaragüense”, Capitulo V “Derechos Laborales”, en el Arto. 86 establece que: “Todo nicaragüense tiene derecho a elegir y ejercer libremente su profesión u oficio y a escoger un lugar de trabajo sin más requisitos que el título académico y que cumpla una función social”.  

En ese mismo sentido, el Código del Trabajo, Ley No.185 publicada en "La Gaceta Diario Oficial" No. 205 del 30 de Octubre de 1996, establece en el Libro Primero de los "Derechos Sustantivos", del Título Preliminar de los "Principios Fundamentales" que: "La mujer y el hombre son iguales en el acceso al trabajo y la igualdad de trato, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República".

C. Análisis de la disposición del Principio de Libre Acceso regulado por la Ley del Servicio Civil y la Carrera Administrativa (Ley No. 476)

La Ley No. 476, dentro de los Principios Normadores del Servicio Civil y la Carrera Administrativa, establece los siguientes sobre el derecho al libre acceso:

El Principio de igualdad que es el derecho que tiene todo nicaragüense, sin distinción de credo político, raza, sexo, religión, para optar, ser seleccionado, ingresar, capacitarse, ascender, en la Administración del Estado, en igualdad de condiciones con respecto a los demás sujetos que reúnan las aptitudes, mérito y capacidad para el cargo o puesto de trabajo, así comprobado mediante los requisitos establecidos en la presente Ley y su Reglamento”.

El Principio de equidad que es: la obligación de la Administración del Estado de garantizar en el ejercicio de sus atribuciones el acceso y promoción equitativo de hombres y mujeres a los cargos de la Administración del Estado, garantizando con ello la observancia del principio de igualdad formal y material en la Ley”.

En este sentido, a través de entrevista dirigida a la licenciada Martha Elizabeth López, Coordinadora del Proyecto del Sistema de Información del Servicio Civil (SISEC) de la DIGEFUP en el año 2006, se conoció que para implantar efectivamente el servicio civil y la carrera administrativa en la función pública Estatal, se debe tener en cuenta, lo siguiente: “que implantar un régimen de méritocracia en nuestros países Centroamericano, sobre todo en un país como Nicaragua donde la cultura democrática aún esta incipiente, lograr la implantación de un servicio civil con funcionarios y empleados públicos profesionales, es un “procesito” de desarrollo que nos va a permitir alcanzar mejores niveles, mejores entandares de calidad en la prestación de los servicios públicos, esto no es nada fácil para la población afectada, puesto que hay que romper con la cultura de clientelismo político, con la costumbre de los dedazos, donde el ingreso a la función pública han sido bajo un pago de prebendas, un pago de compromiso electorales y cuotas políticas, entonces este no es un tema fácil, ni va ser fácil para el futuro erradicarlo, sin embargo se ha dado un gran paso con la aprobación, vigencia e implantación de la Ley 476”.

Además, refirió la licenciada López, que en pro del desarrollo y la modernización del Estado, el actual ente rector de la función pública, inició el proceso de implantación de la Ley No. 476, como un reto del gobierno, de ese entonces (2006), de lograr la profesionalización de todas y todos los servidores públicos y dotar a la función pública con elementos humanos capaces, profesionales, con cultura de servicio a la ciudadanía, sometidos únicamente a la Constitución, a la Ley y al Derecho, leales a la Nación y al Estado de Nicaragua, con adaptabilidad de los servicios públicos a necesidades de la población e igualdad de trato y condiciones de trabajo, éstos en aras de fortalecer a la Administración Pública, legitimidad social de las actuaciones y servicios que brinda el Estado y confianza de la población, organizaciones de la sociedad civil, otros Estados y organismos internacionales de cooperación financiera, indispensable para el avance y solidificación de las actividades económicas del Nicaragua.

Dicho proceso progresivo, para la erradicación de una cultura negativa de desprestigió de las actividades del Estado y recursos humanos de la Función Pública, siendo ésta responsabilidad directa del ente rector del servicio civil, en este caso, la DIGEFUP, obedece, según la licenciada López, a que la Dirección General de Función Pública, no cuenta con todos los recursos materiales, humanos y financieros indispensables para implantar un régimen de forma inmediata, en todas las instituciones de la administración del Estado, debilidades que traen como consecuencia una aplicación de la Ley 476 y una implantación del Servicio Civil de forma gradual.

Además, manifestó que: “La Ley 476, como marco jurídico de la función pública, evidentemente ha marcado un hito importante en la administración pública en Nicaragua. Los objetivos del Servicio Civil, precisamente, están orientados ha crear una nueva cultura en la administración del Estado y que Servidores Públicos puedan ingresar a la Función Pública por merito, que se mantengan en base a los resultados de su desempeño, y que eso genere una cultura de credibilidad, de transparencia en la actuación de la función pública y de los Servidores Públicos”.

La implantación del Servicio Civil apunta principalmente a concienciar y empoderar a todos los servidores públicos, que como tales, están al servicio de la ciudadanía y que a ellos se deben, por tanto sus actuaciones debe estar apegada a la Ley y al Derecho, también tienen que caracterizarse por ser personas responsables, dar lo mejor de si mismos, para el bienestar de todos los ciudadanos y que éstos califiquen de excelencia la prestación de los servicios que brinda el Estado. Además, es necesario que los Servidores Público tengan claridad la forma de ingreso al Servicio Civil, como se desarrollan en la Carrera Administrativa, cual es el procedimiento para acceder a un puesto de mayor responsabilidad, conocer las políticas claramente definidas de Servicio Civil, respeto del principio de libre acceso e igualdad de oportunidades para todos y todas los aspirantes al servicio civil de carrera, lo anterior, se traduce obviamente en el establecimiento de una gobernabilidad democrática, dificultándose así el tráfico de influencia y pagos ilícitos por prestación de servicios públicos. Las personas que ingresen a la Función Pública, tienen que tener presente que ya no priva más el clientelismo político, ni el amiguismo y el partidarismo, que priva realmente el desempeño eficiente en sus puestos de trabajo, pero erradicar con esa cultura negativa requiere de muchos años, prueba de ello, el país hermano de Costa Rica, que aunque tenga más de 53 años de un régimen de “méritocracia”, tienen sus propias imperfecciones.

No obstante, encontramos opiniones encontradas, referente al servicio civil, para aquellos a quienes la Ley 476 los limita y no le da flexibilidad para la acción individual, dicen que es un régimen muy cerrado, sin embargo otros expresan que el Servicio Civil, asegura igualdad de oportunidades para todos e igualdad de condiciones.

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