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Capítulo 13:

 Responsabilidad penal de los funcionarios públicos

Los servidores públicos son penalmente responsables por la comisión por acción u omisión de los delitos previstos en las leyes penales, de acuerdo con las disposiciones de las mismas establecen. Por lo cual, se llega a hablarse de dos clases de responsabilidad penal de los servidores públicos: una responsabilidad común, que se producirá cuando incurran en delitos comunes que pueden ser realizados por cualquier ciudadano, y se agravarán si los perpetraron prevaliéndose del cargo para ello. La otra responsabilidad es especial y nacerá cuando se cometen delitos oficiales propios de los funcionarios o empleados públicos, es decir, que sólo ellos pueden cometer. En el caso de los delitos comunes cometidos por los funcionarios no se altera la competencia de los tribunales.

El nuevo Código Penal de Nicaragua (Ley No. 641 del 2008), en el Título XIX se tipifican los “Delitos contra la Administración Pública”, que puedan cometer los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. A continuación, se mencionara los tipos penales por capítulos: De los abusos de autoridad (Artos. 432 al 436 Pn); abuso de autoridad o funciones, incumplimiento de deberes, requerimiento de deberes, requerimiento de fuerza contra actos legítimos, abandono de funciones públicas y nombramiento ilegal. De la Desobediencia y Denegación de Auxilio (Artos. 437 al 439 Pn); denegación de auxilio, desobediencia de autoridad o funcionario y no comparecencia ante Asamblea Nacional. De la infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos (Artos. 440 al 442 Pn); acceso indebido a documentos o información pública reservada, revelación, divulgación y aprovechamiento de información, facilitación imprudente. Delitos contra el Acceso a la Información Pública (Artos. 443 al 444 Pn); denegación de acceso a la información pública y violación a la autodeterminación informativa. Del Cohecho (Artos. 445 al 449 Pn); cohecho cometido por autoridad, funcionario o empleado público, cohecho cometido por particular, requerimiento o aceptación de ventajas indebidas por un acto cumplido u omitido, enriquecimiento ilícito y soborno internacional. Del Tráfico de Influencias (Arto. 450 Pn). Del Peculado (Arto. 451 Pn). De la malversación de caudales públicos (Artos. 452 al 453 Pn); malversación de caudales públicos y utilización de recurso humano de la Administración Pública. De los Fraudes y Exacciones (Artos. 454 al 455 Pn); fraude y exacciones. Negaciones prohibidas a los funcionarios o empleados públicos y de los abusos en el ejercicio de su función (Artos. 456 al 459 Pn); actividad profesional incompatible, negocios incompatibles con el destino, uso de información reservada o confidencial y tercero beneficiado.

Las autoridades o funcionarios de elección directa (voto) o nombramiento Constitucional, tales como: Presidente y Vicepresidente de la República (Arto. 148 Cn), Ministros y Vice Ministros (Arto. 151 Cn), Diputados de la Asamblea Nacional (Arto. 139 Cn), Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (Arto. 162 Cn), Magistrados del Consejo Supremo Electoral (Arto. 172 Cn) y Contralores miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República (Arto. 154 Cn). Así como cualquier otro funcionario nombrado por la Asamblea Nacional y que gocen de los privilegios de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tal es el caso del Procurador y Sub Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (Arto. 15 Ley No. 212). Éstos gozan de INMUNIDAD, por lo cual, no pueden ser procesados penalmente por los jueces ordinarios, ante la comisión de delitos comunes o propios de su investidura como autoridades (delitos especiales).

Lo anterior, no implica la IMPUNIDAD de las acciones contrarias a la ley que pudieran incurrir, por lo cual, la Norma Suprema (Constitución), le da atribución a la Asamblea Nacional de “recibir de las autoridades judiciales o directamente de los ciudadanos las acusaciones o quejas presentadas en contra de los funcionarios que gozan de inmunidad, para conocer y resolver sobre las mismas” (Arto. 138, numeral 24 Cn).

La Asamblea Nacional, en búsqueda de la desaforación de los funcionarios podrá:  “mediante resolución aprobada por dos tercios de votos de sus miembros podrá declarar la privación de inmunidad del Presidente de la República. Respecto a otros funcionarios la resolución será aprobada con el voto favorable de la mayoría de sus miembros. Sin este procedimiento los funcionarios públicos que conforme la presente Constitución gozan de inmunidad, no podrán ser detenidos, ni procesados, excepto en causas relativas a los derechos de familia y laborales” (Arto. 130 tercer párrafo Cn).

Los funcionarios y empleados públicos en general, ya sea por la comisión de delitos comunes o delitos oficiales por la naturaleza de sus funciones, son juzgados por los tribunales ordinarios. Excepto, cuando se trate de el Presidente, Vicepresidente de la República y algunos otros funcionarios, conocerán los Tribunales de Apelaciones o a la Corte Suprema de Justicia directamente, los casos de privación de la inmunidad por causas penales, una vez concretizada la privación, son competente para procesarlos la Corte Suprema de Justicia en pleno (Arto. 130 Cn.). A la Sala de lo Penal de la misma Corte Suprema corresponde conocer en primera instancia, de oficio o por acusación, de los procesos especiales de responsabilidad con formación de causa, que por delitos propios de los funcionarios públicos, tengan lugar en contra de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, previa privación de su inmunidad y de los Magistrados de los Tribunales de Apelaciones. La Corte Plena conoce en apelación (Arto. 33 numeral 8 Ley Orgánica del Poder Judicial).

La CGR, como organismo rector del sistema de control de la administración pública y fiscalizadora de los bienes y recursos del Estado, en los resultados de sus investigaciones (los que debe dar a conocer al público), puede presumir responsabilidades penales. Si existieren tales presunciones, se debe enviar la investigación a los tribunales de justicia, para que sean éstos quienes determinen si ha habido delito o no. La falta de envío convierte en encubridor al Presidente del Consejo Superior de la Contraloría, de los delitos que se llegasen a determinar con posterioridad (Arto. 156 Cn.). La forma de proceder respecto a la presunción de la responsabilidad penal para los funcionarios y empleados públicos se encuentra regulada en los artículos 64 y 138 de la Ley Orgánica de la Contraloría y en el Título IV del Reglamento para la Determinación de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Además, la Ley de Probidad de los Servidores Públicos, dispone que “…La presunción de responsabilidad penal ocurre cuando la acción u omisión que incurre al funcionario público se encuentra tipificada en la ley penal.

Los actos tipificados como delitos en que incurran los servidores públicos en el ejercicio de su cargo, serán consignados como presunciones de responsabilidad penal y así deberá ser declarado por la Contraloría, bajo apercibimiento de encubridor, en caso de no hacerlo, debiendo enviar sus investigaciones a los Tribunales de Justicia, como lo establece el Artículo 156 de la Constitución Política” (Arto. 14 Ley 438).

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