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Capítulo 12:

 Responsabilidad de los funcionarios públicos

El Arto. 131 de la Constitución Política de Nicaragua, expresa que la nación nicaragüense se constituye en un Estado Social de Derecho, siendo por tanto, el fundamento de la exigencia de la responsabilidad administrativa. Lo que implica la sumisión de la administración pública al ordenamiento jurídico constitucional, como cualquier otro sujeto de derecho.

Tanto la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR), siendo por mandato Constitucional, el Organismo Rector del sistema de control de la Administración Pública y fiscalización de los bienes y recursos del Estado (Arto. 154 Cn), así como la Ley No. 438: Ley de Probidad de los Servidores Públicos, la cual tiene como objeto “establecer y regular el régimen de probidad de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, para prevenir y corregir hechos que afecten los intereses del Estado, por acción u omisión de conformidad con lo establecido en la Constitución Política y demás leyes de la República” (Arto. 1 Ley 438). Norma legal, creada como un instrumento complementario de la Contraloría General de la República, para controlar y fiscalizar los bines y recursos del Estado, desde el actuar de los funcionarios y empleados públicos.

De tal suerte, que la CGR en sus auditorías procede a establecer las faltas establecidas en la Ley de Propiedad de los Servidores Públicos y aplicar las sanciones que recaigan sobre responsabilidad administrativo, civil o penal de los servidores públicos que no cumplen con la obligación de brindar un eficiente servicio a los administrados, cuidar los bienes del Estado y no lucrarse de ellos.

También, la Ley de Probidad de los Servidores Públicos, establece claramente las clases de responsabilidades  que pueden incurrir los servidores públicos que no actúan en obediencia a la Constitución Política de Nicaragua, norma suprema y demás leyes de la República que les conceden funciones, competencia y responsabilidades en el cumplimiento de su trabajo en la Administración Pública.

En consecuencia, cuando los servidores públicos cuando incumplen con la ejecución efectiva de sus deberes contemplados en la norma, recaen en tres clases de responsabilidad: civil, penal y administrativa.

Responsabilidad Civil

La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos, tiene su base Arto. 2509 del Código Civil de Nicaragua, el que dice:

Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia o por un hecho malicioso causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios”. Las normas civiles sin embargo, por las peculiaridades que concurren en la función pública han sido objeto de determinadas modificaciones tradicionalmente en lo que a las autoridades y funcionarios públicos se refiere. Tales modificaciones, se encuentran en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Reglamento para la determinación de las Responsabilidades de los servidores públicos. 

En cuanto al sujeto lesionado, la responsabilidad civil puede ser de dos clases: frente al Estado y frente a los particulares. Asimismo, la responsabilidad frente al Estado puede ser directa o indirecta. La primera se produce cuando los funcionarios y demás personal al servicio de las Administraciones públicas hubieren causado daño o perjuicio en los bienes y derechos del Estado. La segunda, cuando como consecuencia de la actuación de funcionarios o empleados públicos, se ve el Estado obligado a indemnizar a terceros lesionados, en cuyo caso, previa la instrucción del expediente oportuno, con audiencia del interesado, podrá la Administración del Estado exigir el correspondiente resarcimiento por parte del causante de la lesión.

Lo anterior, en base al Arto. 154 Constitución Política, Arto. 137 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República  y el Arto. 5 del Reglamento para la determinación de las Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuerpos legales que facultan a la Contraloría General de la República, como máximo órgano fiscalizador de los bienes y recursos del Estado, para establecer responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos, en los casos que el daño sea directo contra el Estado, excepto cuando se trate de controversias judiciales derivadas de estipulaciones de contratos celebrados por entidades u organismos del sector público, los cuales se ventilarán ante la justicia ordinaria si aún no los conoce la CGR.

La CGR determinará de forma privativa la responsabilidad civil de cualquier servidor público, previo estudio del movimiento financiero o del proceso de contratación y ejecución de estudios o proyectos de obras públicas, cuando por la acción u omisión de los servidores respectivos se haya producido perjuicio económico a la Entidad u Organismo. Dicho perjuicio se establecerá mediante glosas que serán notificadas al funcionario implicado, concediéndole el plazo perentorio de sesenta días para que las conteste y presente las pruebas correspondientes. En ciento ochenta días habrá de dictarse una resolución, todo en base al Arto. 137 de la referida ley.

La Ley de Probidad de los Servidores Públicos, establece que “…La responsabilidad es civil cuando el servidor público con intención, imprudencia o abuso de poder, causa perjuicio económico al patrimonio del Estado. Igualmente si en el ejercicio de la función pública efectúa gastos o contrae deudas o compromisos en representación de la Institución donde sirve sin estar previa y legalmente autorizado para ello o sin contar con los recursos presupuestarios para responder.

De la misma manera incurre en responsabilidad civil el superior jerárquico que autoriza el uso indebido de los recursos del Estado o conociendo las deficiencias de los sistemas de control no ordena su corrección…” (Arto. 14 Ley 438).

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