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Capítulo 11:

 Obligaciones de los funcionarios públicos (2/2)

Los Derechos y Deberes de los servidores públicos, que se encuentran regulados por la Constitución Política de Nicaragua, bajo el Principio de Legalidad, contenido en el artículo 130 Cn, párrafo primero parte in fine, que expresa: “Ningún cargo concede, a quien lo ejerce, más funciones que las que le confieren la Constitución y las leyes”, así mismo el artículo 183 Cn, dice referente a este principio: “Ningún poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la República”.

Por lo antes expuesto, se hace la siguiente reflexión sobre la teoría de la Obediencia Debida, ésta como el deber u obligación de los funcionarios y empleados públicos de cumplir las órdenes, directrices o mandatos de su superior jerárquico dentro del sistema de la Administración Pública estatal, así como las consecuencias jurídicas de este deber y las responsabilidades aparejadas a dicha obligación.

Según el diccionario de la Real Academia Española, se define la Obediencia Debida como: “1. f. Der. La que se rinde al superior jerárquico y es circunstancia eximente de responsabilidad en los delitos”.   

Los funcionarios y empleados públicos, tienen el deber de obedecer dentro del ámbito de sus funciones en la Administración Pública, primero, la Constitución Política, como máxima norma, a la que toda actuación estatal debe sujetarse en virtud del principio de legalidad administrativa, segundo, la obediencia a la ley específica que regulen el cargo y las demás leyes del país. Sin embargo, los servidores públicos tienen obligación de acatar las órdenes e instrucciones de sus superiores, debido a la jerarquía funcional, a pesar de ello, las órdenes e instrucciones expresamente contrarias a la Constitución o las leyes, no deben ser obedecidas ya que la actuación ilícita del servidor público no lo exime de responsabilidad, porque la obediencia debida ha de entenderse como aquella que sea impuesta por la ley y que el hecho realizado se encuentre dentro de las facultades del que lo ordena y su realización dentro de las obligaciones del que lo ejecute.

Anteriormente el Código Penal DEROGADO establecía que (Arto. 28, numeral 10), no había ninguna circunstancia que eximiera de Responsabilidad Penal a los Servidores Públicos que cometieran un delito dentro de sus funciones administrativas, alegando Obediencia Debida,  puesto que la obediencia del servidor público ha de ser debida, no indebida.

Por lo cual, nadie está obligado a obedecer una orden referente a la ejecución de un acto que clara y manifiestamente constituya delito, sin embargo el nuevo Código Penal de Nicaragua vigente estipula en el artículo 34 numeral 11, como eximente de responsabilidad penal, la Obediencia Debida, siempre que concurran los siguientes requisitos: a) Que la orden dimane de autoridad competente para expedirla y esté revestida de las formalidades exigidas por la ley. b) Que el agente esté jerárquicamente subordinado a quien expida la orden, y, c) Que la orden no revista de carácter de una evidente infracción punible.

Entendiéndose como autoridad, funcionario y empleado público, al tenor del artículo 38 del mismo Código Penal que dice: “A los efectos de este Código se reputará autoridad, funcionario y empleado público todo el que, por disposición inmediata de la ley o por elección directa o indirecta o por nombramiento, comisión de autoridad competente o vinculación contractual participe en el ejercicio de funciones públicas, incluyendo a los miembros del Ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional o cualquier otro agente de autoridad. Se entenderá por función pública toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades y empresas, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”.

El Arto. 438 del Código Penal vigente establece que las autoridades o funcionarios que desobedezcan una orden serán sancionados, no obstante en el segundo párrafo del dicho artículo dice que “no incurrirán en responsabilidad penal las autoridades, funcionarios o empleados públicos por no dar cumplimiento a un mandato que constituya una infracción clara y manifiesta de un precepto constitucional o legal”.

Según el Decreto No. 124-99, “Normas de Ética del Servidor Público del Poder Ejecutivo”, establece las normas éticas del servidor público del Poder Ejecutivo, la probidad significa actuar con rectitud, integridad y honradez, la transparencia en ajustar el quehacer en la función pública de conformidad al derecho que tiene el ciudadano de estar informado sobre las actividades de la administración. La responsabilidad se traduce en la dedicación a las tareas asignadas desempeñándolas con diligencia y atención oportuna. La imparcialidad consiste en resolver sin discriminación ni preferencias, únicamente sometiéndose al imperio de la ley. El decoro se traduce en dar un trato cortés y respetuoso a los ciudadanos y administrados. Asimismo, el arto. 3, señala también, algunas obligaciones de los servidores públicos, así como la prohibición de recibir más de una asignación proveniente de fondos públicos.

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