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Capítulo 9:

 Derechos de los funcionarios públicos (2/2)

El Derecho a Huelga de los Servidores Públicos

Diferentes posiciones doctrinales, presentan la siguiente disyuntiva, referente al Derecho a Huelga que tienen los Servidores Públicos o no, por un lado, se discute su legalidad y por el otro, su legitimidad, por lo que, considero necesario realizar el siguiente razonamiento:

Primero, la Constitución Política de Nicaragua incluye dentro de los derechos que tienen los trabajadores en general a los funcionarios y empleados públicos, los que se encuentran regidos bajo un régimen especial, en este caso, a través de la Ley No. 476 “Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa”, norma que establece en el artículo 37, numeral 11, lo siguiente: “Al ejercicio del derecho a huelga, de acuerdo a los principios y procedimientos establecidos en el Código del Trabajo vigente”, lo que deja claro la legalidad del ejercicio del derecho a huelga que tienen y gozan los servidores públicos.

Pero ubiquémonos en la posición de los Administrados, los ciudadanos nicaragüenses que solicitan los servicios de las diferentes instituciones estatales, los que quedan indefensos ante la negativa de los servidores públicos en brindarles un determinado servicio que éstos les demandan, alegando la preponderancia de sus  reclamaciones de respeto y reconocimiento de sus derechos frente al gobierno, suprimiéndose el derecho fundamental contenido en el artículo 24, párrafo segundo de la Constitución de Nicaragua, que dice: “…Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común”, lo antes relacionado, difiere a lo que se considera moralmente valido en la sociedad, es decir la legitimidad que tiene el derecho a huelga de los funcionarios y empleados públicos, cuando de ellos depende la vida, salud y seguridad de las personas, en particular, cuando nos referimos al derecho a Huelga que tienen los médicos que conforman el Sistema de Salud Pública, o bien, los trabajadores que se dedican a la recolección de basura.

Lo anterior, trae aparejado lo que en Derechos Humanos se conoce como; Conflicto entre Derechos Fundamentales, puesto que se debe determinar la primacía de un Derecho Fundamental, en este caso, el derecho a huelga , derechos laborales y sindicales que tienen los Médicos del sistema de Salud Pública, frente a los Derechos fundamentales de todos los nicaragüenses, referidos a la Salud y Vida que están siendo vulnerados (en éste caso hipotético) por los médicos, alegando el reclamo del respeto y reconocimiento de derechos, que afectan a un sector de la sociedad, por lo cual, se debe determinar, de conformidad a la teoría doctrinal, que derecho fundamental prima sobre el otro. Posición que claramente distingue la Federación Iberoamericana del Ombudsmasn, en el Curso online de Derechos Humanos 2006, al expresar lo siguiente:

desde las primeras formulaciones de los derechos humanos (artículo 4 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, Francia), hasta la actualidad (artículo 29.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948), instrumentos que afirman que los derechos se encuentran limitados por los derechos de los demás. Esta concepción de corte individualista establece que: si los derechos responden a intereses particulares de las personas concretas, el conflicto de unos derechos con otros resulta inevitables. Por lo cual, la opinión mayoritaria en la dogmática actual, es de la idea que el límite de los derechos (en el sentido amplio de la expresión) es algo natural e inevitable, asevero, entonces, que no existen derechos ilimitados”.

Conflicto que sólo puede solucionarse con la aplicación del Principio de Proporcionalidad, mismo que surgiera en el Derecho Público Alemán del siglo XIX con el fin de controlar la actividad administrativa de Policía, ha sido trasladado al Derecho de los derechos fundamentales, por entenderse hoy implícito en la cláusula del Estado de Derecho. Necesitando éste principio, según las construcciones más desarrolladas, tres exigencias:

a) Adecuación o idoneidad: la intervención debe resultar adecuada o idónea para el fin que se propone en la Constitución, ya sea como límite directo o indirecto.

b) Necesidad o indispensabilidad: cuando existan dos o más medios, todos ellos constitucionalmente legítimos, para la consecución del fin que justifica la intervención, deberá optarse por el menos dañoso para el derecho intervenido.

c) Ponderación o proporcionalidad en sentido estricto: cuando entran en conflicto dos normas constitucionales (el derecho y su límite) debe intentarse en la medida de lo posible, una ponderación o equilibrio entre ambas, procurándose que los intereses subyacentes se respeten en lo esencial. Una versión más exigente de la ponderación es el principio de concordancia práctica, que prohíbe el sacrificio de ninguno de los bienes en conflicto.

Por lo antes referido, afirmo que no hay otro modo de solucionar el conflicto que no sea el de acudir a la aplicación del principio de ponderación o de proporcionalidad en sentido estricto en un conflicto de derechos fundamentales, de forma tal, que se logre el equilibrio de los intereses de los derechos en juego. Primeramente, analizando, si la colisión o conflicto se produjo entre derechos del mismo rango (por ejemplo, derechos fundamentales) o entre derechos de naturaleza distinta (por ejemplo, entre un derecho fundamental claramente garantizado en una norma material de reconocimiento y un derecho que puede deducir, sin demasiada seguridad, de la interpretación de un principio constitucional).

Por su parte, el jurista nicaragüense Armando Rizo Oyanguren, referente al tema del Derecho a Huelga que tienen los Servidores Públicos, expresa que éstos (funcionario y empleados públicos), se encuentra obligado a prestar servicios en forma continua, su ausencia constituye una falta ya que el abandono colectivo del trabajo decidido por un grupo de funcionarios, es decir, huelga, constituye un hecho grave sancionable administrativa y penalmente. Los servicios públicos no deben sufrir interrupción y si ello sucede se produce el delito de abandono de los destinos públicos que sanciona nuestro Código Penal en su arto. 381, es necesario aclarar que el jurista se refiere al Código Penal DEROGADO por la

Ley No. 641 “Código Penal” vigente, en su artículo 435 que dice: “Abandono de funciones públicas: La autoridad, funcionario o empleado público que injustificadamente abandone sus funciones, causando daño al servicio público, será penado con multa de cien a quinientos días o diez jornadas de trabajo a favor de la comunidad de dos horas diarias. Se exceptúa de esta disposición el ejercicio del derecho a huelga de conformidad con la ley”.

Según el Arto. 247 del Código del Trabajo, para el ejercicio del derecho de huelga en los servicios públicos o de interés colectivo, los únicos límites de tal derecho, es el no poder extenderse a situaciones que pongan en peligro la vida o la seguridad de las personas.

El tratadista español Rafael Entrena Cuesta, sostiene que en principio, los funcionarios públicos, como cualquier ciudadano, son titulares de los derechos fundamentales y libertades públicas que la Constitución consagra. Ello no obstante, la doctrina ius-publicista tradicional ha venido proclamando que el estado especial de sujeción al que se encuentran sometidos, las finalidades públicas que sirven y la autoridad de la que en ocasiones están investidos deben implicar importantes limitaciones en este terreno: en particular en lo concerniente a los derechos de sindicación y huelga.

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