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Capítulo 8:

 Derechos de los funcionarios públicos (1/2)

El motor que mueve y acciona a la Administración pública, son todas las personas que brindan un servicio a los administrados, dentro del sistema de la Función Pública. Bajo un orden jerárquico integrada por una serie de órganos relacionados mediante un vínculo de jerarquía, en este caso, interesa la vinculación que tiene con el Poder Ejecutivo, por su naturaleza propiamente administrativa, cumpliendo con las atribuciones que le asigna la Constitución Política y demás leyes de la República, puesto que se auxilia de personas que puedan desempeñar las tareas de administración de la cosa pública en todo el territorio nacional. Se consideran trabajadores del servicio público, aquellas personas que prestan sus servicios con carácter permanente para las instituciones del Estado, que han accedido al cargo a través de los procedimientos de ley y disposiciones reglamentarias y que son retribuidos con cargo al Presupuesto Nacional, o al de cada una de las instituciones a las que sirven. Estos constituyen los Servidores Públicos, los que se dividen dos categorías; Funcionarios Públicos y Empleados Públicos, mismos que se encuentran regulados en la Ley No. 476, términos con significados distintos (Arto. 6 y 7 Los Servidores Públicos se encuentran sometidos a un régimen legal, mediante ley  dictada por la Asamblea Nacional, que regula tanto los derechos, las obligaciones y las responsabilidades a que están sujetos en sus actuaciones.

Derechos de los Funcionarios Públicos

Para el doctrinario e investigador español José María Boquera Oliver, los principales derechos de los funcionarios son:

a) El derecho al cargo de los funcionarios de carrera, que consiste en desempeñar la plaza y destino para el que fueron nombrados o después obtuvieron.

b) La inamovilidad en la residencia, siempre que el servicio lo consienta.

c) El derecho al sueldo. El sueldo, en realidad, es una parte de la retribución. Ésta se obtiene sumando a aquel los trienios (reconocimiento con carácter económico de la antigüedad del funcionario que se realiza cada tres años) que les corresponden por sus años de servicio y los complementos por destino, dedicación y otros conceptos.

d) Derecho a disfrutar de una vacación retribuida.

e) Derecho a licencias, sin afectar a los derechos económicos de los funcionarios.

f)  Derecho a asociarse para la defensa de sus intereses.

En cambio, los tratadistas argentinos, Ignacio Buitrago y Fernando Dramis, en su obra “Elementos de Derecho Administrativo”, enumeran los principales derechos de los funcionarios públicos, de la siguiente manera:

a) Estabilidad.

b) Retribución por sus servicios.

c) Igualdad de oportunidades en la carrera.

d) Licencias, justificaciones y franquicias.

e) Compensaciones, indemnizaciones y subsidios.

f)  Asistencia social para sí y su familia.

g) Interposición de recursos.

h) Jubilación o retiro.

i)  Renuncia.

Aclaran, asimismo, que de los derechos enumerados, sólo alcanzarán al personal no permanente de la Administración Pública los contemplados en los incisos b), d), e), f), g), h) e i), así como que el derecho a la renuncia señalado en el inciso i) no le alcanza al personal contratado, que se regirá por lo que en cada caso establezca el contrato respectivo.

La Ley No. 476 “Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa”, dispone como empleado de los Servidores Públicos al Estado, compuesto éste por los cuatro Poderes del Estado, Entes Autónomos y Gubernamentales, municipios y órganos de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica. Garantizando el Estado a sus servidores públicos; funcionarios y empleados públicos, una serie de privilegios que le garantiza, por disposición y en absoluto respeto a la ley, su permanencia estatuaria, llámese estabilidad laboral en base al merito, capacidades científicas o técnicas y desempeño del cargo.

En base a la Constitución Política de la República de Nicaragua, todos los ciudadanos tienen derecho a optar a cargos públicos o a ser elegidos en elecciones periódicas (Arto. 51 Cn.). Esto se relaciona con un principio general que prescribe que todos los nicaragüenses tienen derecho al trabajo acorde con su naturaleza humana (Arto. 57 Cn.). El trabajo es un derecho y una responsabilidad social. El trabajo de los nicaragüenses es el medio fundamental para satisfacer las necesidades de la sociedad, de las personas y es fuente de riqueza y prosperidad de la nación. El Estado procurará la ocupación plena y productiva de todos los nicaragüenses, en condiciones que garanticen los derechos fundamentales de la persona. (Arto. 80 Cn.).

Los principales derechos de los que gozan los trabajadores en general, se encuentran plasmados directamente en la Constitución (Arto. 82 Cn.):

1. Salario igual por trabajo igual en idénticas condiciones, adecuado a su responsabilidad social, sin discriminaciones por razones políticas, religiosas, raciales, de sexo o de cualquier otra clase, que les asegure un bienestar compatible con la dignidad humana.

2. Ser remunerado en moneda de curso legal en su centro de trabajo.

3. La inembargabilidad del salario mínimo y las prestaciones sociales, excepto para protección de su familia y en los términos que establezca la ley.

4. Condiciones de trabajo que les garanticen la integridad física, la salud, la higiene y la disminución de los riesgos profesionales para hacer efectiva la seguridad ocupacional del trabajador.

5. Jornada laboral de ocho horas, descanso semanal, vacaciones, remuneración por los días feriados nacionales y salario por décimo tercer mes de conformidad con la ley.

6. Estabilidad en el trabajo conforme a la ley e igual oportunidad de ser promovido, sin más limitaciones que los factores de tiempo, servicio, capacidad, eficiencia y responsabilidad.

7. Seguridad social para protección integral y medios de subsistencia en casos de invalidez, vejez, riesgos profesionales, enfermedad y maternidad y a sus familiares en caso de muerte, en la forma y condiciones que determine la ley.

8. Formación cultural, científica y técnica que el Estado ha de facilitar mediante programas especiales (arto. 85).

9. Se garantiza el derecho inalienable de los trabajadores para que en defensa de sus intereses particulares o gremiales, celebren con los empleadores: contratos individuales y convenios colectivos, ambos de conformidad con la ley (arto. 88).

En el arto. 83 la Constitución nicaragüense se reconoce el derecho a la huelga en términos generales. Asimismo, se establece la plena libertad y autonomía sindical y el pleno respeto al fuero sindical. En virtud de ello, los trabajadores pueden organizarse en sindicatos los que han de constituirse conforme a la ley. En todo caso, ningún trabajador se encuentra obligado a pertenecer a determinado sindicato, ni renunciar al que pertenezca.

Asimismo, la Ley No. 476, que regula el sistema del Servicio Civil y la Carrera Administrativa en la Función Pública, establece de forma particular los derechos que tienen los servidores públicos del Estado. Tales derechos contemplados en el artículo 37 de dicho cuerpo legal, a saber: “Derechos de los Funcionarios y Empleados. Los funcionarios y empleados del Servicio Civil además de las garantías contenidas en la Constitución Política y en el Código del Trabajo gozarán de los siguientes derechos:

 

1. Gozar de estabilidad en el puesto de trabajo, en base a su desempeño y de conformidad a lo dispuesto en la presente Ley. Los cambios en la Dirección Superior de la institución no afectarán su permanencia y condiciones de trabajo.

2. Gozar de estabilidad en el puesto sobre la base del mérito y la capacidad.

3. Recibir un trato respetuoso y justo de parte de sus superiores y compañeros de servicio.

4. Recibir una remuneración acorde con el puesto desempeñado y la política salarial para las instituciones de la Administración del Estado.

5. Prestar sus servicios en condiciones de higiene y seguridad ocupacional adecuada y contar con los medios para realizar sus funciones.

6. Tener acceso directo a su expediente laboral; poder efectuar reclamos, ajustes o complementar la información correspondiente y obtener copia o certificación incluidos en dicho expediente o de cualquier información que maneje la institución acerca de su persona.

7. Conocer los manuales, normas y reglamentos de gestión del personal que se dicten.

8. Participar en el mejoramiento de la gestión institucional.

9. Mantener su puesto de trabajo cuando esté gozando de permiso o licencia y no ser despedido por causas distintas a las establecidas en la presente Ley.

10. Libre organización sindical, al fuero sindical, a la negociación colectiva, y demás garantías sindicales que constitucional y legalmente se reconocen a todos los trabajadores.

11. Al ejercicio del derecho a huelga, de acuerdo a los principios y procedimientos establecidos en el Código del Trabajo vigente.

12. Negarse a pagar aportes, financiamientos o cualquier forma de contribución económica y material a partidos políticos, agrupaciones o entidades de otra naturaleza.

13. Gozar de los permisos y licencias establecidas en la presente Ley.

14. Recibir su constancia de trabajo cuando por cualquier causa cese su relación laboral.

Los funcionarios y empleados de Carrera Administrativa gozarán además de los siguientes derechos:

1. Gozar de estabilidad en el puesto de trabajo. Los cambios en la dirección superior de la institución no afectarán su permanencia y condiciones de trabajo.

2. Participar en el desarrollo de la Carrera Administrativa, mejorar sus capacidades profesionales, técnicas y académicas mediante la asistencia a cursos de capacitación y actualización profesional.

3. Participar en procesos selectivos para ocupar puestos de mayor complejidad, conforme el procedimiento y criterios establecidos en la presente Ley”.

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