Nota: Continuamos con la prueba testimonial.

En el caso de que un testigo residente en el país no concurra a la citación:

1º Se le podrá conducir (Art. 217 del CPP). Tanto el fiscal como el juez pueden solicitar a las fuerzas de seguridad que conduzcan a una persona para declarar.
2º Se le impondrá una multa de diez a cincuenta quetzales en el caso de que la incomparecencia fuere injustificada (Art. 174 del CPP).
3º Incurrirá en delito de desobediencia del artículo 414 del Código Penal.

No obstante, de acuerdo a lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 217, si la negativa a comparecer se debe a temores por su seguridad personal o que su vida corre peligro por coacciones o amenazas, se le podrá tomar declaración en su domicilio, conforme al artículo 210 del CPP. En su caso, se podrá tomar su declaración como prueba anticipada, de acuerdo al artículo 317.

Sin embargo, la ley ha previsto en su artículo 208 una serie de excepciones en cuanto al deber de comparecer o declarar en forma personal. No obstante, estas personas siguen obligadas a rendir informe o testimonio escrito bajo protesta de decir la verdad. Cuando la importancia del testimonio lo justifique, podrán declarar en su despacho o residencia oficial.

En ese caso, las partes no podrán interrogar directamente sino que deberán hacerlo a través del juez (Art. 209). No están obligados a concurrir personalmente:

1º Los presidentes y vicepresidente de los Organismos del Estado, los ministros de Estado o quienes tengan categoría de tales, los diputados titulares, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Constitucionalidad y del Tribunal Supremo Electoral y los funcionarios judiciales de superior categoría a la del juez respectivo.

2º Los representantes diplomáticos acreditados en el país, salvo que deseen hacerlo. La solicitud deberá hacerse a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio de la Presidencia del Organismo Judicial. En caso de negativa, no podrá exigírseles que presten declaración.

Esta excepción se funda en la investidura pública del sujeto, en razón de su cargo y no por su persona. En cualquier caso, las personas citadas podrán renunciar a este tratamiento especial.

El deber de prestar protesta

La protesta solemne o juramento es un deber de carácter formal, obligatorio para todos los testigos. El artículo 219 establece la fórmula de la protesta. La protesta está directamente vinculada al delito de falso testimonio. Por ello no deben ser protestados los menores de edad, por ser inimputables. Asimismo tampoco serán protestados los que aparezcan como sospechosos o participes del delito. En estos casos, el testigo deberá ser simplemente amonestado (Art. 222).

Durante el procedimiento preparatorio el Ministerio Público no podrá requerir protesta solemne a un testigo. Tampoco podrá el juez, cuando realiza diligencias urgentes conforme al artículo 304 o 318. Se exceptúan los casos de prueba anticipada (Art. 224). El fundamento de esta prohibición es preservar la declaración oral para el debate y evitar que se introduzcan declaraciones escritas en casos en los que no son necesarias.

En el caso de que una persona se negare a prestar protesta deberá explicar sus motivos. Si no se encontrase amparado en alguna de las excepciones del artículo 222 del CPP y persistiere en su actitud se le iniciará la persecución penal correspondiente.