Nota: Continuamos con la prueba ilegal.

c) La prueba incorporada irregularmente al proceso

La incorporación de la prueba al proceso deberá hacerse respetando las formalidades exigidas por la ley. El código procesal penal detalla en su articulado una serie de requisitos formales necesarios para incorporar la prueba al proceso. Estas formalidades son indispensables para asegurar la veracidad de la prueba obtenida y el derecho de defensa. Por ejemplo, el artículo 246 establece un procedimiento en el reconocimiento de personas que deberá respetarse para que la prueba sea legal o los artículos 317 y 318 que exigen la presencia de la defensa en las pruebas anticipadas.

La inobservancia de las formalidades exigidas por la ley impedirá la valoración de las pruebas obtenidas (Art. 281). Por ello, el Ministerio Público tendrá que ser muy cuidadoso durante  la etapa de investigación en realizar las diligencias probatorias respetando las exigencias legales.  De lo contrario, se podrán perder medios probatorios de suma importancia, sin perjuicio de las responsabilidades en las que pueda incurrir el funcionario por su actuar doloso o negligente.

d) La impugnación de la prueba ilegal

Para impugnar actividades procesales defectuosas, muchos códigos recurren a incidentes de nulidad u otras formas semejantes. Sin embargo, aunque aparentemente se protejan mejor los fines del proceso de esa manera, en la práctica son usados como tácticas dilatorias. Por ello el código optó por regular con precisión la invalorabilidad de la información en su artículo 281. De este modo, la discusión sobre la validez de la prueba o los elementos de convicción, se produce en el momento de su incorporación al proceso y se resuelve en el momento de su valoración y no en un procedimiento aparte, lo que favorece la celeridad procesal.

Las partes deberán protestar, ante el juez, el defecto mientras se cumple el acto o justo después de realizado, salvo que no hubiese sido posible advertir oportunamente el defecto, en cuyo caso se reclamará inmediatamente después de conocerlo (Art. 282). Sin embargo, cuando el defecto vulnere  el derecho de defensa u otras garantías constitucionales, no será necesaria protesta previa e incluso el juez o tribunal podrá advertir el defecto de oficio. La impugnación podrá presentarse verbalmente si el conocimiento se tiene en audiencia o por escrito. En cualquier caso, el fiscal debe requerir al juez que motive la negativa a su petición.

Debemos advertir que el Código en su artículo 14 recoge como regla general la interpretación extensiva del ejercicio de las facultades de defensa por parte del imputado. En resumen, la defensa va a tener bastante libertad para impugnar pruebas ilegales. Todo ello, unido a la obligación que tiene el fiscal de velar por el estricto cumplimiento de las leyes (Art. 1 LOMP) hace que el Ministerio Público deba ser extremadamente cauteloso en respetar las exigencias legales y constitucionales al reunir las pruebas y deberá rechazar cualquier prueba ilegal.

No existe ningún impedimento para impugnar varias veces un mismo elemento de convicción. Por ejemplo, se puede impugnar al decidir sobre la libertad del imputado. En el procedimiento intermedio, se podrá volver a impugnar ante el juez al resolver el pedido del fiscal. Finalmente, en el juicio oral se podrá volver a impugnar en el momento en el que la prueba se practique en el debate.