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Legislación de Guatemala (5/14)

Autor: ALBERTINA LOPEZ
Curso:
9,67/10 (3 opiniones) |5924 alumnos|Fecha publicación: 12/01/2009
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Capítulo 7:

 Derecho Penal. El anticipo de prueba

El anticipo de prueba

a) Concepto y características

La etapa fundamental del proceso es el debate. En él se van a practicar e incorporar todos los medios de prueba, para que el tribunal de sentencia los pueda apreciar en su conjunto y valorarlos conforme a la sana crítica para llegar así a una decisión en la sentencia. Los elementos de prueba que se reúnen durante la etapa preparatoria no tienen valor probatorio para fundar la sentencia, hasta en tanto se incorporan validamente al debate. La única prueba valorable en la sentencia, es la practicada en el juicio oral.

Sin embargo en algunos casos excepcionales, no va a ser posible esperar hasta el debate para producir la prueba, bien porque la naturaleza misma del acto lo impida (reconocimiento de personas) o porque exista un obstáculo difícil de superar para que la prueba se reproduzca en el debate (el testigo se encuentra agonizando). Por ello, el Código Procesal Penal crea un mecanismo para que  estos actos definitivos e irreproducibles, puedan ser valorados en el debate a través de su incorporación por lectura. Para ello busca reproducir una situación semejante a la que se produciría en la audiencia, es decir, la práctica de la prueba en presencia de todas las partes, para de esta manera asegurar la inmediación y la contradicción.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 317 cuando sea necesario el anticipo de prueba el Ministerio Público o cualquiera de las partes requerirá al juez que controla la investigación para que lo realice. Si el juez lo considera admisible citará a las partes, quienes tendrán derecho a asistir con las facultades previstas respecto a su intervención en el debate. En aquellos casos en los que, habiendo sido debidamente citado, no compareciere el abogado defensor, este podrá ser sustituido por uno de oficio. De lo contrario, la defensa, podría obstaculizar el desarrollo de un proceso y en su caso hacer imposible la práctica del anticipo de prueba.

Obviamente en algunos casos, por la naturaleza misma del acto, la citación anticipada puede hacer temer la pérdida de elementos de prueba. Por ejemplo, un registro en el domicilio del imputado. En esos casos el juez deberá practicar la citación de tal manera que no se vuelva inútil la práctica de la prueba.

En aquellos casos en los que no se sepa quien es el imputado o en casos de extrema urgencia, el Ministerio Público podrá requerir verbalmente la intervención del juez y éste practicará el acto, citando a un defensor de oficio para que controle el acto. Incluso en casos de peligro inminente de pérdida de elemento probatorio, el juez podrá practicar la diligencia de oficio. (Art. 318 CPP). Una vez convalidada la prueba anticipada y convenientemente registrada, se incorporará directamente a juicio mediante la lectura del acta.

En cualquier caso, el uso de la prueba anticipada ha de ser excepcional y el Ministerio Público tan sólo recurrirá a este mecanismo cuando sea imposible la reproducción en juicio. De lo contrario estaríamos volviendo al sistema inquisitivo de prueba escrita y desvirtuaríamos la naturaleza del debate. Por esta razón, el Ministerio Público tendrá que oponerse a los pedidos no fundados de anticipo de prueba. Finalmente, si fuere posible, la prueba realizada en forma anticipada deberá practicarse en el debate. Por ejemplo, si se le toma declaración a un testigo en prueba anticipada por estar gravemente herido y posteriormente se restablece, deberá preferirse la declaración en persona a la introducción por lectura del acta de la prueba.

b) La autorización

En cualquier caso, no deberá confundirse el anticipo de prueba con la presencia de los jueces en las diligencias de investigación. La reforma contenida en el decreto 79-97, eliminó la judicación, figura que generaba confusión y rompía con el esquema de proceso diseñado en el Código Procesal Penal. El actual artículo 308 faculta a los jueces de primera instancia, y donde no los hubiere a los de paz, para autorizar al Ministerio Público la realización de aquellas diligencias y medidas de coerción limitativas de derechos fundamentales, tales como un allanamiento o una detención. En esta línea, los fiscales podrán solicitar que los jueces los acompañen en la práctica de las diligencias, con el objeto de poder dictar "in situ" las medidas oportunas. Así, por ejemplo, podrán requerir a un juez que los acompañe en un allanamiento, para que durante la realización de la diligencia, se dicten orden de detención contra las personas que allí se encontrasen. En resumen, la reforma, al eliminar la judicación, ha zanjado la polémica: La sola presencia del juez en una diligencia de investigación no le confiere mayor o menor valor probatorio al resultado de la misma, por lo que sólo será necesaria su presencia, además de los otros requisitos del 317, cuando se pretenda realizar una diligencia en anticipo de prueba.

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