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Capýtulo 6:

 Tribunal contencioso administrativo en DF (3/3)

(ADICIONADA, G.O. 14 DE DICIEMBRE DE 1999)

XV.- Emitir el dictamen valuatorio de la actuación de los Magistrados que estén por concluir su periodo para el cual fueron designados. Este dictamen se acompañará al informe al que se refiere el último párrafo del artículo 10 de esta Ley, y contendrá los siguientes elementos:

a) El desempeño en el ejercicio de su función;

b) Los resultados de las visitas de inspección;

c) Los cursos de actualización, especialización y de posgrado que hayan acreditado, y

d) Si han sido sancionados administrativamente; y

XVI.- Las demás que establezcan las leyes.

En cuanto a las Salas Ordinarias, el artículo 23, establecía respecto de su competencia:

ARTÍCULO 23.- Las Salas del Tribunal son competentes para conocer:

I.- De los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública del Distrito Federal dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales;

II.- De los juicios en contra de los actos administrativos de la Administración Pública Paraestatal del Distrito Federal, cuando actúen con el carácter de autoridades;

III.- De los juicios en contra de las resoluciones definitivas dictadas por la Administración Pública del Distrito Federal en las que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije ésta en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación, nieguen la devolución de un ingreso indebidamente percibido o cualesquiera otras que causen agravio en materia fiscal;

IV.- De los juicios en contra de la falta de contestación de las mismas autoridades, dentro de un término de treinta días naturales, a las promociones presentadas ante ellas por los particulares, a menos que las leyes y reglamentos fijen otros plazos o la naturaleza del asunto lo requiera;

V.- De los juicios en contra de resoluciones negativas ficta en materia fiscal, que se configurarán transcurridos cuatro meses a partir de la recepción por parte de las autoridades demandadas competentes de la última promoción presentada por el o los demandantes, a menos que las leyes fiscales fijen otros plazos;

VI.- De los juicios en que se demande la resolución positiva ficta, cuando la establezcan expresamente las disposiciones legales aplicables y en los plazos en que éstas lo determinen;

VII.- De los juicios en que se impugne la negativa de la autoridad a certificar la configuración de la positiva ficta, cuando así lo establezcan las leyes;

VIII.- De las quejas por incumplimiento de las sentencias que dicten;

IX.- Del recurso de reclamación en contra de las resoluciones de trámite de la misma Sala;

X.- De los juicios que promuevan las autoridades para que sean nulificadas las resoluciones fiscales favorables a las personas físicas o morales y que causen una lesión a la Hacienda Pública del Distrito Federal;

XI.- De las resoluciones que dicten negando a las personas físicas o morales la indemnización a que se contrae el artículo 77 bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El particular podrá optar por esta vía o acudir ante la instancia judicial competente; y

XII.- De los demás que expresamente señalen ésta u otras leyes.

Nota.- La excepción a las competencias antes descritas, estará en la Sala que de conformidad al artículo 2°, tenga como competencia, exclusivamente la materia de uso de suelo.

Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (1995)

En 1995, se aprueba una nueva Ley que rigió al Tribunal hasta el día 10 de septiembre de 2009, nuevamente gran parte de la misma se contempla en la Ley que dio origen al Contencioso Administrativo del Distrito Federal, con adiciones importantes como:

a) La inclusión del interés jurídico, que consistía en que de acuerdo al artículo 34 párrafo segundo, “En los casos en que el actor pretenda obtener sentencia que le permita realizar actividades reguladas, deberá acreditar su interés jurídico mediante la correspondiente concesión, licencia, permiso, autorización o aviso”; es decir, era indispensable acreditar la titularidad del derecho del particular, para realizar una actividad específica; contrario a lo establecido para la acreditación del interés legítimo en el que basta con que el acto de autoridad impugnado afecte la esfera jurídica del actor, para que le asista un interés legítimo para demandar la nulidad de un acto administrativo.

b) La creación de dos Salas Auxiliares, que ayudarían a desahogar las cargas de trabajo de las Salas Ordinarias.

c) En el año 2000 se designa a una de las Salas Auxiliares para conocer de manera particular de los asuntos de uso de suelo, debe su existencia al intento de frenar el uso indebido del suelo en particular de la Delegación Benito Juárez, (que hoy en día no puede regularizar el uso de suelo y mucho menos dotar de los servicios a que todo ciudadano tiene derecho...) pero que nunca funcionó en la práctica.

d) La aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a partir de 2007 exige al Tribunal, que al dictar el acuerdo de admisión se solicite a las partes su consentimiento para publicar sus datos, ello en aras de las trasparencia del proceso.

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