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Capítulo 8:

 Juicio de nulidad. Ley Orgánica (2/2)

RECURSOS. CALIFICACIÓN DE SU FRIVOLIDAD O IMPROCEDENCIA. NO QUEDA AL ARBITRIO DE LOS JUECES SINO QUE DEBE APARECER MANIFIESTA DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASO.

Los recursos son, en lo general, medios de impugnación de los actos procesales. La necesidad de justicia constituye su origen. En el caso de la apelación, la revisión se efectúa por el superior. El acto provocatorio del apelante no supone que la resolución impugnada sea realmente justa; basta con que se le considere como tal, para que el recurso proceda y surja la segunda instancia. El artículo 72 del Código de Procedimientos Civiles dispone, en su primer párrafo, que los tribunales no admitirán nunca recursos notoriamente frívolos e improcedentes, los desecharan de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a la otra parte, ni formar artículo. La calificación de frivolidad improcedencia de un recurso, pues, no queda el arbitrio de los Jueces; debe aparecer manifiesta de las circunstancias de cada caso. Si no existe causa notoria para el desechamiento, como cuando el recurso se interpone fuera de tiempo o la resolución impugnada por su naturaleza no es apelable, debe admitirse para que el superior resuelva después con conocimiento de causa.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO OCTAVO CIRCUITO.

Amparo en revisión 1043/86. Luis J. Creel Carrera. 5 de marzo de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Marco Antonio Rodríguez Barajas.

Genealogía:

Informe 1987, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 23, página 788.

Registro No. 188538

Localización:

Novena Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XIV, Octubre de 2001

Página: 359

Tesis: 1a. XCIII/2001

Tesis Aislada

Materia(s): Constitucional, Común

PROMOCIONES NOTORIAMENTE FRÍVOLAS E IMPROCEDENTES. EL ARTÍCULO 72 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE FACULTA A LOS TRIBUNALES PARA DESECHARLAS DE PLANO, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.

El citado dispositivo al facultar a los tribunales para desechar de plano las promociones o solicitudes, incluyendo recursos, notoriamente frívolos o improcedentes, sin necesidad de mandarlos hacer saber a la otra parte, ni formar artículo, no transgrede la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, porque si se toma en consideración que la finalidad perseguida por el legislador ordinario en el referido artículo 72, es la observancia del principio de inmediatez procesal consagrado en el numeral 17 de la propia Carta Magna, evitando que cualesquiera de las partes, con evidente finalidad dilatoria, formule peticiones notoriamente infundadas, a sabiendas de que no le asiste la razón legal, resulta inconcuso que no se está en el supuesto de que sea indispensable la previa audiencia del interesado ni de que se admita su promoción, por ser inútil su tramitación al carecer del derecho subjetivo correspondiente, por la improcedencia misma de la petición formulada dentro del procedimiento respectivo, ya que si falta el supuesto que condiciona la vigencia de la referida garantía, no se pueden producir las consecuencias que prevé el precepto constitucional que la establece. Además, en los demás dispositivos que conforman el indicado código adjetivo, se prevén reglas suficientes y eficaces para evitar que se deje en estado de indefensión a las partes y para que se les facilite el acceso a tribunales previamente establecidos, que diriman las controversias judiciales de su competencia, en forma pronta, expedita, completa y justa.

Amparo directo en revisión 448/2001. Industrias Alve, S.A. de C.V. 8 de agosto de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Arturo Aquino Espinosa.

- El INTERÉS JURÍDICO para la interposición del juicio de nulidad, ya no es un requisito de procedencia.

¿Cómo distinguimos el interés legítimo del jurídico?

INTERÉS LEGÍTIMO.- Se configura por la simple lesión a la esfera del particular y se acredita con cualquier documento legal que compruebe que se trata de la parte agraviada.

INTERÉS JURÍDICO.- Se deriva de un derecho subjetivo; es decir, reconocido por la misma norma jurídica y que es afectado por un acto administrativo, se acredita con la concesión, licencia, permiso, autorización o aviso expedido, precisado por la autoridad competente (Art. 34, párrafos 1 y 2)

Al respecto, nuestro más Alto Tribunal ha señalado las diferencias entre el interés jurídico y el interés legítimo: Se ha entendido que el interés jurídico corresponde al derecho subjetivo, entendiendo como tal la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho, y supone la conjunción de dos elementos correlativos:

a) una facultad de exigir; y,

b) una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia.

De tal manera que tendrá legitimación sólo quien tenga interés jurídico y no cuando se tenga una mera facultad o potestad, o se tenga un interés simple; esto es, cuando la norma jurídica objetiva no establezca a favor del individuo alguna facultad de exigir.

Ahora bien, la Jurisprudencia 141/2002, correspondiente a la Novena época, contiene los siguientes distintivos para su consulta:

Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVI, Diciembre de 2002, Tesis: 2a./J. 141/2002, Página: 241, cuyo rubro y texto señalan: “INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. De los diversos procesos de reformas y adiciones a la abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y del que dio lugar a la Ley en vigor, se desprende que el legislador ordinario en todo momento tuvo presente las diferencias existentes entre el interés jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún más en las discusiones correspondientes a los procesos legislativos de mil novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y cinco. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con este último, fue precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pudieran accesar al procedimiento en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico.”

De lo anterior se desprende que el interés legítimo no puede gozar de los efectos de protección legal que surgen del interés jurídico; esto es, que existen normas que imponen una conducta obligatoria de la administración, pero dicha obligación no corresponde con el derecho subjetivo de que sean titulares determinados particulares, por otra parte, si se tratara de un interés simple, cualquier persona podría exigir que se cumplan esas normas por conducto de la acción popular.

Tal sucede, por ejemplo con las leyes o reglamentos administrativos que prohíben o regulan una actividad genérica, o que consagran una determinada situación abstracta en beneficio de la colectividad. Si el estatuto legal o reglamentario es contravenido por algún sujeto, porque su situación particular disiente o no se ajusta a sus disposiciones, ninguno de los particulares que obtenga de aquél un beneficio o derive una protección pueda hacer valer tal discrepancia o dicho desajuste por modo coactivo, a no ser que el poder de exigencia a la situación legal o reglamentaria se le conceda por el ordenamiento de que se trate, generándose así un derecho subjetivo. Por tanto, si cualquiera autoridad del Estado determina el nacimiento de una situación concreta, que sea contraria a la primera, desempeñando un acto opuesto o no acorde con la ley o el reglamento respectivo, es a esa misma autoridad o a su superior jerárquico a los que incumbe poner fin a dicha contrariedad o discordancia, revocando o nulificando, en su caso, el acto que las haya originado, pues el particular sólo puede obtener su revocación o invalidación cuando la ley o el reglamento de que se trate le concedan el poder de exigencia correspondiente.

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