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Capítulo 3:

 Juicio de nulidad. El contencioso administrativo en México

EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN MÉXICO

El Contencioso Administrativo regulado en el Código Fiscal de la Federación bajo el rubro del procedimiento contencioso, puede considerarse la base de éste y se encuentra inspirado desde sus orígenes en el Contencioso Administrativo francés, presentando señalados diferencias por la ausencia de la plena jurisdicción al estilo francés y desde luego con la intervención cada vez más acentuada del poder Judicial Federal, presentando como una de sus características, la existencia de un acto administrativo como centro de la contienda, el cual debe ser definitivo, tanto desde el punto de vista del procedimiento administrativo, como para efecto contenciosos, desde el punto de vista del primero, es aquel que culmina el conjunto de actos y formalidades que preceden y/o constituyen el acto administrativo, el cual al asumir el carácter de definitivo en esta vía, es susceptible de recurrirse mediante un recurso administrativo, salvo los casos en los cuales las leyes conceden al administrado la posibilidad de intentar a su elección ya sea el recurso administrativo o el Contencioso Administrativo; por otra parte, el acto definitivo, para efectos contenciosos presupone la definitividad del mismo, y requiere además de que en el caso de que exista un recurso administrativo obligatorio éste ya se haya agotado, a menos que exista la posibilidad legal de optar entre la vía administrativa o la contenciosa.

De conformidad con lo anterior, el Contencioso Administrativo presupone la existencia, como regla general de agotamiento previo de los recursos administrativos obligatorios y éstos a su vez en algunos casos presuponen la existencia de agotamiento como figura jurídica conocida como la instancia administrativa, la cual constituye para el administrado la posibilidad de desvirtuar los hechos imputados por las autoridades administrativas o fiscales durante la realización del procedimiento administrativo, y en la materia tributaria particularmente durante el desarrollo del ejercicio de facultades de fiscalización llevadas a cabo de una manera regular a través de la práctica de visitas domiciliarias.

A partir del año de 1978 el Tribunal Fiscal de la Federación, sufrió una transformación al crear Salas regionales del propio Tribunal, las cuales tuvieron como finalidad acercar la justicia al domicilio de los particulares, como es el caso del estado de Guerrero en Acapulco.

Hasta antes de la reforma de 1988 el Contencioso Administrativo se tramitaba en primera instancia ante las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación; y a partir de 1978 ante la Sala Superior del propio Tribunal. Lo trascendental de esta reforma, se produce al suprimirse de la competencia de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, el conocimiento del recurso de revisión y se crea un nuevo recurso también llamado de revisión, pero se asigna su competencia a los Tribunales Colegiados de Circuito, pertenecientes al Poder Judicial de la Federación.

El Contencioso Administrativo Mexicano, es aquel que la doctrina conoce como Contencioso Administrativo de anulación, el cual se limita a constatar la legalidad de la resolución o acto impugnado y llegado al caso a declarar su nulidad o reconocer su validez. Sin embargo desde sus orígenes el Contencioso Administrativo Mexicano no ha sido absolutamente de anulación sino que ha presentado algunos matices de la plena jurisdicción consistente fundamentalmente en la posibilidad de enviar el asunto a la autoridad administrativa para que ésta emita un nuevo acto, siguiendo los lineamientos señalados en la sentencia del Tribunal y gracias a dicha reforma se incrementaron los matices de la plena jurisdicción, con el establecimiento de la figura de la queja conforme a la cual los contribuyentes o administrados pueden acudir ante las Salas del Tribunal para demandar la anulación de una resolución indebidamente repetida o bien cuando al cumplimiento de una sentencia del mismo Tribunal se incurra en exceso o defecto, por lo que en caso de ser fundada la pretensión del accionante o administrado la Sala del Tribunal no sólo se limita a anular el acto de que se trata, sino puede ordenar la aplicación de medidas correctivas al servidor público responsable.

Por último podemos decir, que en el Contencioso Administrativo Mexicano no existe la diferencia entre impuestos directos o indirectos y las controversias relacionadas con los mismos son de la competencia absoluta del Tribunal Fiscal de la Federación y conoce en primera instancia a través de sus Salas Regionales, o de la Sala Superior cuando éste ejerce su facultad de atracción; y la segunda Instancia, tanto para las autoridades como para los contribuyentes, es de la competencia del poder Judicial Federal, ya sea a través del ejercicio del recurso de revisión o del juicio de amparo, respectivamente.

La característica más significativa que puede apreciarse en nuestro país, es que los Tribunales Administrativos Federales y algunos locales están dotados de absoluta independencia para el dictado de sus fallos, así como de autonomía orgánica e incluso del poder judicial, al que nunca han estado adscritos, como del poder Ejecutivo, del que han obtenido una independencia formal.

Al momento de crearse el Tribunal Fiscal de la Federación (actualmente Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa), surgió entre los tratadistas del derecho constitucional y administrativo una discusión respecto a la constitucionalidad de éste como el primer tribunal administrativo.

El 17 de marzo de 1987, se reformó el artículo 116 fracción V de nuestra Carta Magna, que facultó a las entidades federativas para expedir normas conducentes a la creación y funcionamiento de tribunales de lo contencioso administrativo; situación que significó un avance trascendental en el régimen jurídico mexicano, ya que otorgó una base constitucional sólida a los tribunales encargados de conocer y resolver controversias en materia administrativa, ahora también en el ámbito local, esta reforma otorgó la facultad al Congreso de la Unión para erigir tribunales de lo contencioso administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, reforma que se incluiría en el texto del artículo 73 fracción XXIX-H.

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