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Capýtulo 2:

 Juicio de nulidad. El contencioso administrativo en España

En el siglo XIX, el derecho español recibió del francés su sistema contencioso-administrativo, fincado en el aseguramiento de los principios de legalidad de la administración y de la libertad de los ciudadanos, por parte de los órganos jurisdiccionales stricto sensu. La aplicación efectiva del sistema tiene lugar con el surgimiento de las leyes de 2 de abril y 6 de julio de 1845, confiando el contencioso a los consejos provinciales que proponía el gobierno.

La competencia de la jurisdicción contenciosa-administrativa se define en un sistema de lista de asuntos sometidos a su conocimiento, sin ninguna cláusula general, y se articula, además como una especie de segunda instancia respecto de una primera gubernatura o administrativa previa.

Es a partir de la entrada en vigor de la Ley Santamaría de Paredes, de 13 de septiembre de 1988, que se da fin a la alternativa entre el sistema judicial y el administrativo con un llamado sistema armónico, para lo que se constituyeron órganos jurisdiccionales con personal judicial y personal administrativo; con lo anterior se sustituyó al anterior sistema de lista de asuntos contenciosos por una cláusula general, que admitía una tutela Contenciosa-Administrativa en tratándose de cualquier resolución de esa índole.

Para 1956, jurisdiccionada totalmente y de manera definitiva superando los dogmatismos y ambigüedades anteriores, los Tribunales Contencioso-Administrativos, pasan a ser un orden especializado dentro del poder Judicial, acierta a introducir, un principio de especialización técnica en los magistrados que nutren esos Tribunales, especialización que jugará un papel decisivo para la recepción plena de los más depurados técnicas de control contencioso-administrativo.

Con la Constitución de 1978, España se constituye en un estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, incluye la jurisdicción Contencioso-Administrativo en el orden de poder Judicial con lo que queda resuelto todo tipo de proceso y unidad jurisdiccional, al disponer en sus artículos 106 y 117, que los Tribunales controlan la potestad reglamentaría, la legalidad de la administración, y el sometimiento de éstos a los fines que la justifican, por su parte el diverso 153, determina que únicamente corresponde a la jurisdicción Contencioso-Administrativo el control de la administración de las comunidades autonómicas y de sus normas reglamentarias; por lo que los conflictos administrativos se sujetan al conocimiento de órganos judiciales especializados, pero aunque forman parte del poder judicial, se encuentran separados de la jurisdicción civil.

LA LEY LARES.

Algunos tratadistas que se han referido a la justicia administrativa mexicana, señalan que en mayo de 1853 se expidió la ley para el arreglo de lo Contencioso Administrativo conocida como "ley Lares", que establecía, aunque al parecer no tuvo ninguna aplicación real, que no corresponde a la autoridad judicial el conocimiento de las cuestiones administrativas toda vez que, es imposible que la administración exista sin la facultad o sin el poder de juzgar lo Contencioso Administrativo, por que el conocer y decidir acerca de los actos de la administración, es ministrar, ya que ésta ley es el embrión de las distintas etapas que han marcado a la justicia administrativa en México, como el medio por excelencia para que el gobernado se defienda ante la administración pública y cuya autoría fue de Lucas Alamán.

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