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Capítulo 10:

 Juicio de nulidad. Ampliación de la demanda

AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CASOS EN LOS QUE PROCEDE. El artículo 51 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, contempla la posibilidad de ampliar la demanda cuando se impugne una negativa ficta, sin embargo, se debe tener presente lo dispuesto en el numeral 17 fracciones II, III, IV y V de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ordenamiento que es de aplicación supletoria a la Ley que rige a este Órgano Jurisdiccional, de acuerdo con lo que dispone el Artículo Segundo Transitorio de ese ordenamiento legal federal, mismo que complementa y no contraviene el contenido del artículo primeramente mencionado. Por tanto, si el invocado artículo 17 prevé que la demanda podrá ampliarse dentro de los veinte días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita su contestación y es una norma de procedimiento, además de que las hipótesis normativas inmersas en las fracciones citadas no están previstas en la Ley que rige a este Tribunal, ni se oponen a las disposiciones en ésta contenidas, entonces, deben aplicarse de manera supletoria por las Salas que integran a este Órgano Jurisdiccional en lo que resulten aplicables, con independencia de la materia respecto de la cual verse la controversia, dado que de no ser así, se transgreden las formalidades esenciales del procedimiento, que son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo y de no respetarse tales formalidades se deja en estado de indefensión al actor, al impedir controvertir aquellas cuestiones que le son desconocidas o que son introducidas por las demandadas en su contestación.

DE LAS PARTES EN EL JUICIO CONTENCIOSO

El artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal, nos señala que éstas son:

I.- El actor;

II.- El demandado. (Por lo general tendrán ese carácter los funcionarios públicos que detenten cargos tales como El Jefe del Distrito Federal, los Secretarios del Ramo, los Directores Generales, así como las autoridades administrativas del Distrito Federal; entre otros, es decir, personas que en razón de su encargo intervengan directamente en la emisión, dictado, ejecución de la resolución o acto impugnado.- Por otra parte, puede ostentar dicho carácter la persona física o moral a quien favorezca la resolución cuya nulidad pida la autoridad administrativa; esto es, en tratándose del juicio de lesividad)

III.- El tercero perjudicado representado por la persona cuyos intereses puedan verse afectados por las resoluciones del Tribunal o que tenga un interés legítimo contrapuesto a las pretensiones del demandante.

DE LA SUSPENSIÓN

Dicha figura se contempla, como la medida cautelar o garante, que puede detener temporalmente la ejecución del acto administrativo o permitir que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentren hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de nulidad, que se ventila ante el órgano jurisdiccional de que se trate.

La suspensión, se puede hacer valer a partir del escrito inicial de demanda o en escrito presentado con posterioridad, siempre y cuando, sea antes del cierre de la instrucción (Audiencia de Ley). La importancia de la suspensión administrativa, radica en su objeto de preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia, que en su día —lejano, en muchas ocasiones— declare el derecho del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente.

Es importante señalar que el objeto de la suspensión es evitar la ejecución de ciertos actos y, lógicamente, puede evitarse lo que aún no sucede, de ahí que sus efectos solo sean hacia el futuro y nunca sobre el pasado. Su concesión es pues, prevenir daños impidiendo la realización de actos que los causarían.

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